La Audiencia da un día hábil a Mena para entrar en prisión de forma voluntaria

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto el 20 de julio de 2015 en la que da al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, un día hábil para que ingrese de forma voluntaria en prisión y empiece a cumplir así la pena de 3 años y 6 meses de cárcel a la que fue condenado por el caso de la falsificación de un informe en el expediente urbanístico de Los Alisios.

La representación jurídica de Mena, que ya no la asumen los abogados que le llevaron el caso hasta ahora (ni José Gerardo ni José Antonio Choclán), solicitó la suspensión de la ejecutoria de la Audiencia alegando que hace semanas presentó ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto.

Además, Mena hará uso del derecho que le da la Audiencia a interponer un recurso de súplica hasta mañana viernes, en el que advertirá de que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que ha registrado un incidente de nulidad ante el Supremo, según publica Canarias7.

También la Audiencia librará oficio al Ayuntamiento para que ejecute la inhabilitación para el ejercicio de empleo público a la que ha sido condenado por 3 años y 6 meses.

 Ratificación de condena por el Supremo

Cabe recordarse que que en el pasado mes de junio el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación presentado por José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, contra la condena de tres años y medio de cárcel por falsificación de documento público e igual periodo de inhabilitación.

De esta forma, ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial dictada el 27 de octubre de 2014. Se trataba de la falsificación de un expediente que llevó a la condena en primera instancia del exedil Ildefonso Jiménez, por el denominado caso Alisios, aunque posteriormente fue absuelto.

El problema era un informe negativo ante la solicitud de cédula de habitabilidad, en el año 2002, de cuatro chalés entre los que se encontraba el del exsenador José Mendoza, del mismo partido político que Jiménez. Según las pruebas periciales, el folio que figuraba en el expediente fue realizado en 2005, pese a que

tenía fecha tres años antes.

El funcionario del Ayuntamiento consideró en su apelación que el documento “es inocuo. Los magistrados no lo ven así y dicen que éste no carece de la relevancia que pretende hacer creer, ya que dejaba claro que las deficiencias no habían sido subsanadas y aún así se otorgaron las licencias.

El auto de la Sala de lo Penal, en el que ha sido ponente Cándido Conde-Pumpido, tampoco admite la dilación indebida.  Tanto  el  fiscal, como el letrado de Ildefonso

Jiménez, José María Guerra, pedían la inadmisión del recurso.

Condena

La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas condenó a José Luis Mena a tres años y medio de cárcel por un delito de falsedad documental tras el juicio celebrado en octubre de 2014, también se le inhabilita por el mismo periodo de tiempo. Con esta nueva pena el exjefe de Urbanismo de Telde suma un total de más diez años de prisión tras ser condenado por el Caso Europa a seis años y diez meses.

 
La sentencia contempla también una multa de ocho meses, con una cuota diaria de diez euros (2.400 euros), con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, y previa declaración de insolvencia, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo público por un plazo de tres años y seis meses. Además deberá abonar las costas procesales incluidas las de la acusación particular. Ha tenido un atenuante en la pena por dilaciones indebidas.
 
Cabe recordar, que tal y como publicó TELDEACTUALIDAD, El exjefe de Urbanismo de Telde negó en la vista oral que falsificase en 2005 un informe jurídico para perjudicar a Ildefonso Jiménez, exconcejal de Urbanismo. La Fiscalía y la acusación particular pedían cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación.
 
La falsificación de un documento por parte de Mena llevó a que se abriera el denominado Caso Alisios, donde se le acusaba al exedil de haber concedido cédulas de habitabilidad a cuatro chalés en la urbanización Los Alisios, entre ellas la del exsenador nacionalista José Mendoza. 
 
Por esta causa, Jiménez fue condenado en primera instancia por prevaricación administrativa y luego absuelto por la Audiencia. La sentencia le llevó a dimitir de su cargo como portavoz y concejal de Nueva Canarias en Telde.
 
La firma, la clave 
El argumento de Mena, de asegurar que no manipuló el documento, fue puesto en duda por un perito judicial y otro de la Guardia Civil, que concluyeron de semejante forma durante le juicio. En el primero de los casos, afirmó haber encontrado similitudes en el “elemento impresor” del documento supuestamente expedido en noviembre de 2002 y el que se presentó en 2005 a pesar de la diferencia de años, algo que no se veía en el resto de documentos del expediente.  
 
Tras comparar una veintena de textos firmados por Mena a lo largo de los años, dijo haber notado una evolución en su firma, que resumió en una disminución de trazos. Por este motivo, concluyó que el garabato elaborado por Mena en 2005 estaba relacionado con el que lucía en el documento que al parecer había sido elaborado tres años antes. 
  
Una conclusión semejante a la esbozada por la perito de la Guardia Civil, que consideró las muestras analizadas como suficientes e idóneas y señaló la “completa concordancia” entre los dos documentos que definió como “coetáneos”, es decir, de la misma edad o contemporáneos. 
  
El abogado defensor puso énfasis en tratar de desacreditar el trabajo de los peritos y, tras una tediosa batalla sobre las técnicas de la grafología en la que también intervino un perito de la Defensa, el experto judicial terminó diciendo que la prueba practicada no garantiza la culpabilidad del acusado. Algo que tampoco consigue al 100% una prueba de ADN, apostilló. 
  
El perito de la Defensa, que se definió como un experto en la materia, consideró que la evolución temporal no puede ser esclarecedora en este caso, ya que la firma de Mena es más pictórica que gráfica y relacionó la del texto puesto en cuestión, redactado supuestamente en 2002, con otra de la misma fecha. 
  
Sin embargo, reconoció haberse basado únicamente en nueve textos, ninguno de ellos fechado en 2005 y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena al profesional, aunque más adelante reconoció no poder precisar si se trataba de fotocopias. Un aspecto, por lo tanto, que no quedó aclarado durante la vista y que, a juicio de la acusación, podría ser constitutivo de un nuevo delito por parte del acusado. 
 
Expediente “chapucero” 
La posibilidad de que se pudieran sustituir los informes del expediente municipal antes de que el mismo se foliara fue otro de los asuntos clave. Ésta quedó abierta tras la declaración de la que fuera directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a principios de la pasada década, quien afirmó que en la actualidad el protocolo “es más riguroso”.
  
La Fiscalía hizo constar esta característica en sus conclusiones y la posibilidad de que la licencia de obra se pudiera haber extraviado. En ese sentido, la acusación particular se refirió a la “chapuza” que se hizo con el expediente municipal de las viviendas de La Garita, cuyo primer documento data de 2002 y el último de 2001. “Ni siquiera estaba ordenado por fechas”, puntualizó.
  
La defensa, por su parte, restó importancia al mencionado informe de 2002 elaborado por Mena, ya que el mismo no fue utilizado en la denuncia esbozada contra Jiménez en el caso Los Alisios. “Estamos ante un documento que carece de relevancia” aseveró. En este punto, recordó el informe desfavorable elaborado por un técnico de la administración en 2001 que no ha sido impugnado.  
 
El abogado pidió la absolución de su defendido y tanto la Fiscalía como la Acusación particular ratificaron su petición de cuatro años de prisión para Mena. 
  
Una causa abierta a raíz del caso Los Alisios 
Como ya informara TELDEACTUALIDAD, Mena se enfrentaba a una petición la pena de 4 años de prisión, la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación especial para ejercer empleo público durante cuatro año, por la comisión presunta de un delito de falsedad de documento público.
  
Este proceso se abrió a raíz de una denuncia del exedil de Urbanismo, Ildefonso Jiménez, que acusó a Mena de fechar en 2002 un informe que en realidad hizo en 2005. Cabe recordarse que la Audiencia ya absolvió a Jiménez en el Caso Los Alisios, desde donde se desprende esta causa.
  
La fiscal María Eugenia Rodríguez, en el escrito de acusación que elevó al Juzgado de Instrucción número 4 de Telde en el procedimiento en el que el funcionario municipal está imputado por un delito de falsedad de documento público, considera que José Luis Mena, en su condición entonces de jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, “con la finalidad de alterar la verdad y la seguridad de las relaciones jurídico-administrativas”, suscribió mediante su rúbrica un informe jurídico fechado el 15 de noviembre de 2002, “que fue incorporado al expediente municipal 929/1999 en un momento que se desconoce”. 
 
Según la fiscal, en el mencionado informe que, “en realidad fue suscrito en un momento posterior a la fecha que figura en el mismo, y más en concreto, a partir del año 2005”, Mena rechazaba la procedencia de la concesión de la cédula de habitabilidad de la vivienda de Luis Betancor Oliva, en la urbanización Los Alisios, hasta que no se subsanasen las deficiencias comunicadas en el referido expediente, relativo a la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en el indicado complejo residencial de La Garita.
  
Esta causa se inició por deducción de testimonios de particulares remitido por el entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Telde (actual Juzgado de Instrucción número 1), en el marcado del procedimiento abreviado de 2008 que dio lugar el pasado 9 de noviembre de 2012 a una sentencia condenatoria por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas por un delito de prevaricación contra el entonces concejal Ildefonso Jiménez. Fallo que fue anulado posteriormente por la Audiencia, que absolvió al exconcejal de Nueva Canarias.
  
Para el acto del juicio oral, la representante del Ministerio Público propuso el interrogatorio del acusado, las pruebas periciales de los informes realizados por los guardias civiles y la lectura de varios folios de las actuaciones. 
 
Con este fallo, Mena sumó en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre de 2014 fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial en el denominado caso Grupo Europa.
 
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró entonces probado que el exjefe de Urbanismo de Telde percibió 30.000 euros del empresario José María Antón como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. El TSJC le retiró recientemente el pasaporte por el "fundado riesgo" de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.
 
Además, Mena permanece imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde a la espera de la apertura del juicio oral.

Fuente: Gaumet Florido (C7) y TELDEACTUALIDAD.