El Gobierno de Telde ve "inaceptable" e "indecente" que Sánchez (PP) quiera quedarse fijo "entrando por la puerta de atrás"

TELDEACTUALIDAD

Telde.- “Inaceptable” e “indecente” fueron algunos de los calificativos usados por miembros del Gobierno de Telde a la hora de enjuiciar la demanda planteada por José Luis Sánchez, asesor del PP durante el mandato anterior.

El Gobierno solo ve detrás de su reclamación denunciando “despido improcedente” un intento del excargo de confianza de «entrar por la puerta de atrás», algo que la alcaldesa,  Carmen Hernández (NC), tilda de «inaceptable», y el edil de Recursos Humanos, Gregorio Viera (PSOE), de «indecente”. Y más habiendo sido un alto cargo del Partido Popular.

Sin embargo, un fuente del entorno de Sánchez ha asegurado a Canarias7 que “no pretende quedarse a trabajar en el Ayuntamiento, solo busca cobrar lo que le deben”. Sostienen que su abogado le advirtió que una simple reclamación de cantidades vía judicial podría eternizarse tres o cuatro años, mientras que la vía de una demanda por despido puede salir en 3 o 4 meses.

Y es que parte del gobierno anterior y un grupo de cargos de confianza de la exalcaldesa Mari Carmen Castellano le reclaman al Ayuntamiento el pago de las pagas extra que les corresponde de 2015 y de las vacaciones de este año no disfrutadas. Castellano y Recursos Humanos conversan para que cobren lo ajustado a sus derechos.

Los afectados se preguntan por qué la legislación laboral, que en España tiene cobertura nacional, “se aplica de forma distinta en Telde. Ediles del anterior gobierno y parte de los asesores se quejan de que cuando se extinguió su contrato, a mediados de junio, no se les dio la liquidación que les correspondería, con el pago de la parte de las pagas extra de junio y diciembre que les tocaría cobrar, el abono de los días de vacaciones no disfrutados y, según algunos de los afectados, el finiquito indemnizatorio por año trabajado, que no tienen muy claro si es de 8 o 9 días por año en estos casos en los que no ha habido despido.

La exalcaldesa se ha erigido de alguna manera en portavoz de esta reclamación y está inmersa en conversaciones con el edil de Recursos Humanos, Gregorio Viera, para encauzar el conflicto. Y es en el marco de esta reivindicación de una deuda en el que se produce la demanda por despido improcedente presentada por uno de los asesores de Castellano, en concreto, por el economista José Luis Sánchez, adscrito precisamente a la Alcaldía. Eso es, al menos, lo que aseguran desde el entorno de este cargo de confianza del gobierno anterior y exalto cargo del PP local. Dicen que su abogado le aconsejó recurrir a esta fórmula.

Respecto a la deuda en sí, Viera atribuye los problemas producidos respecto al cobro del dinero a los desajustes típicos de un cambio de mandato y a que, además, hubo un

error en relación al día en que constaba el cese de los asesores. Asegura que lo habitual en estos casos, que es lo que se va a hacer, es abonar lo que está pendiente cuando se ordene el pago de las nóminas de julio. Será entonces cuando se les pague, a los que tienen derecho a ello, los días de vacaciones no trabajados, aunque el edil admite que no ayuda a resolver el entuerto la falta de control que existía hasta ahora con las fechas en que asesores y trabajadores se cogían las vacaciones y los días de permiso, y que es justo lo que este concejal quiere cambiar.

La solicitud del pago de los días de vacaciones no trabajados se cursó ya por escrito. Ahora está pendiente que se tramite otra petición del abono relacionado con las pagas extra, que firmará Castellano y se entregará vía secretaría política del grupo del PP, aunque la reclamación beneficiará a todos los concejales y asesores del mandato anterior.

El caso es que la disposición no es la misma en todo el gobierno actual de NC, Más por Telde, PSOE y CCD. Hay un sector que no tiene dudas y que cree que lo que piden se ajusta a sus derechos, y hay otro, en cambio, que entiende que no les corresponde cobrar vacaciones no trabajadas y que asegura que con la parte que se les abonó de la extra de junio se arregla el asunto.

Las cantidades adeudadas dependen de cada caso y del sueldo de cada afectado, pero los hay que calculan la deuda entre 3.000 y 4.000 euros. Los que defienden esta tesis aseguran que se les debe abonar la paga extra íntegra de junio y la parte de la de diciembre que les toca por haber trabajado de enero a junio de este año.

Fuente: Texto de Gaumet Florido (C7)