La Justicia ve indicios de delitos de Castellano en la contratación de Perdomo como director general de Personal

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Telde.- La Justicia ve un posible delito de prevaricación de la exalcaldesa Mari Carmen Castellano, al nombrar a Joan Perdomo como director general de Recursos Humanos en abril de 2014. También apunta al secretario municipal y a los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron el acuerdo. La razón es que el nombramiento de Perdomo se llevó a cabo prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento  público que garantizase la libre concurrencia y sin requerir la acreditación de méritos o cualificación.

Las tornas se han cambiado. La exregidora denunció en septiembre de 2014 al joven por un presunto delito de falsificación, al comprobar que supuestamente había mentido en su titulación académica, tanto en la licenciatura de Derecho, como en dos máster. Lo destituyó de su cargo de forma fulminante.

Sin embargo, según publica Canarias7, la jueza Carla Vallejo, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Telde, ha pedido ahora al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas, que informen sobre la posibilidad de ampliar la imputación a un supuesto delito de prevaricación administrativa a quien le denunció en la Policía Nacional, Mari Carmen Castellano. También al secretario Ángel Sutil y a los representantes de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor en la reunión del 3 de junio de 2013 y el 8 de abril de 2014.

Informe

En su último auto judicial, de fecha 11 de junio de 2015, la magistrada desestima un recurso de reforma presentado por Perdomo contra la providencia de 5 de diciembre de 2014 en el que se le denegaban diligencias. Éste pedía que el secretario municipal emitiera un informe jurídico, cuando lo procedente, dice la magistrada, sería que se solicite “su declaración en instrucción para que aclare o explique ciertas cuestiones”.

Le desestima el recurso, que no niega, sino todo lo contrario, reconoce expresamente el derecho del imputado a pedir la declaración de Ángel Sutil. Por último, solicita a las partes que se pronuncien en calidad de qué deben comparecer los implicados.

Vallejo considera que existen “ciertos indicios de la posible comisión de un delito”. Asegura que de la declaración del denunciado y de los documentos, se ha puesto de manifiesto que el nombramiento de Perdomo se llevó a cabo prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento público que garantizase libre concurrenci y sin requerir la acreditación de méritos o cualificación.

Administración Pública requirió que se anulara el nombramiento

Del auto del juzgado de Instrucción 3 de Telde se desprende que a Joan Perdomo se le requiere para que presente la titulación tiempo después de ser nombrado, el 25 de septiembre de 2014, Ya en ese entonces, explica la jueza Carla Vallejo, desde la Viceconsejería de Administración Pública le había pedido al Ayuntamiento que anulara el nombramiento por falta absoluta de “observancia al proceso establecido”.

El dictamen judicial continúa diciendo que, “indiciariamente”, existía una voluntad de Castellano de nombrar a esa persona para el cargo en concreto sin importar el proceso a seguir, ni si el mismo reunía los méritos y requisitos para ello. Este hecho podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, insiste. En él también había participado el secretario municipal aportando informes, “a sabiendas”, en los que “obviaba la necesidad de respetar un proceso de  libre concurrencia”, al igual que por los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor de los acuerdos.

En el proceso se explica que hay un informe del secretario que expone que es obligatorio que el personal directivo profesional sea nombrado mediante procedimiento que garantice publicidad y concurrencia. Un hecho vigente desde 2007, explica la jueza, y el que el funcionario “no podía desconocer”. Esta situación podría poner en tela de juicio los nombramientos de otros directores, como la de Servicios Sociales.

Reintegro de 24.000 euros

El exdirector general de Recursos Humanos. Joan Perdomo, ha devuelto al Ayuntamiento de Telde un total de 24.000 euros de las cantidades supuestamente percibidas de más por constar una titulación que no poseía.

Al asumir ese cargo, al igual que anteriormente como asesor, percibió durante varios meses un salario muy superior al que le correspondía por su categoría, que no pasa de Bachillerato. El joven presentó el 29 de octubre del año pasado un escrito en el que solicitaba que el departamento de Personal calculara el Importe del salario que percibió “indebidamente”, según cita textualmente. Esta solicitud no solo implica que reconoce el error cometido, sino que buscase un atenuante si fuese condenado. 

Fuente: Texto de Cristina González y Gaumet Florido (Canarias7)