TELDEACTUALIDAD
Telde.- Guillermo Reyes, portavoz de Ciuca y concejal de la oposición, volvió a denunciar este miércoles en el Pleno ordinario de marzo la “ilegalidad” que supone que la grúa de una empresa privada (Balage) esté procediendo a retirar vehículos de la vía pública que han sido multados por la Policía Local y que le reclame a sus titulares una cantidad de hasta 80 euros para poder retirar el vehículo del depósito al que son trasladados en el sector de La Medianía.
Reyes, que mostró su indignación ante el hecho de que el jefe accidental de la Policía Local le negará el acceso al expediente sobre el número de vehículos retirados por esta compañía en los últimos meses amparándose en la confidencialidad de los datos, reclamó a la alcaldesa Mari Carmen Castellano que la negativa de Antonio Mederos se plasmara por escrito porque “la comunicación verbal no existe en la Administración”.
El concejal de la oposición fue más allá en su crítica por este proceder y anunció que no descartaba la denuncia por la vía contencioso-administrativa por vulneración de sus derechos fundamentales como representante público, al tiempo que instaba a la primera regidora a abrir un expediente informativo sobre el número de vehículos retirados por una empresa con la que no existe acuerdo administrativo para la prestación de servicio y el cobro a los dueños de los coches sancionados por la Policía Local y llevados a unas instalaciones sobre la que, según apuntó, pesa desde 2004 un expediente abierto por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias por alzarse en suelo rústico.
Sobre la situación del depósito de Grúas Balage, ubicado en el margen derecho de la calle de Leopoldo Massieu, vía de acceso al sector de La Medianía y Lomo Salas desde Lomo Cementerio, Reyes hizo una llamada de atención tanto al concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez –que no estaba en ese momento en el Pleno- como al titular de Medio Ambiente, Héctor Suárez, sentado frente al portavoz de Ciuca pero que no le respondió.
Ante la denuncia del componente de la oposición, que llegó a exclamar que quería saber quién se está beneficiando con la retirada de los vehículos de la vía pública, la alcaldesa salió al paso argumentando que ya le había remitido un informe de la Jefatura de la Policía Local “dando respuesta a su petición” y que el “resto” del expediente se encontraba en el negociado de Parque Móvil y Transporte para su consulta.


























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