La Justicia condena a una empresaria a una multa y a indemnizar a Reyes por calumnias

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El Juzgado de lo Penal Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a la propietaria de la empresa Artesanos del Metacrilato por un delito de calumnias con publicidad hacia el edil de Ciuca, Guillermo Reyes. La pena es de una multa de 180 euros mensuales durante 14 meses, un total de 2.520 euros, y una indemnización al político de 600 euros, además de hacer frente a las costas del procedimiento. La sentencia puede ser aún recurrida.

El fallo, con fecha 4 de marzo, absuelve a la mujer del delito de injurias graves con publicidad. También se absuelve a la entidad Virtual Press S.L propietaria del periódico digital donde se publicaron las declaraciones que la Justicia considera ahora calumniosas.

El procedimiento deriva de una publicación en el año 2007, cuando la empresaria acudió al diario digital Canariasahora para acusar a Reyes de haber modificado el Plan General de Ordenación de Telde para dejar la vivienda fuera de ordenación así como acusarlo de haber cerrado su  empresa arbitrariamente, y que hubieran sido el causante de pintadas con spray en su propiedad.

Según la sentencia la orden de cierre de la entidad fue ratificada por el Juzgado de lo Contencioso Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, quien avaló la legalidad del precinto.  Por otro lado se evidenció que Reyes no modificó ningún PGO.

La acusada negó en la vista oral, celebrada a principios del mes de marzo de este año, haber dicho tales comentarios, pero en el procedimiento intervino como testigos la periodista que aseguró que fue la acusada fue quien se puso en contacto con el diario para que se publicase dicha noticia. 

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta por Reyes en julio de 2008 en un Juzgado de Telde. El líder de Ciuca entendía que la mujer había dicho una serie de expresiones de carácter calumnioso e injurioso, por unas pintadas en objetos de su propiedad, con un spray presuntamente causadas por el denunciante. El fiscal no vio ningún delito en ese momento.

La acusación particular sostuvo que la mujer acusó al concejal de haber cometido varios delitos contra su persona y bienes. Por ello pedía que fuera juzgada por un delito continuado de calumnias con publicidad a la pena 24 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, y de delito continuado de injurias graves con publicidad a la pena de 14 meses de multa a razón de cuota diaria de 12 euros, accesorias y costas, incluyendo las de la acusación particular, así como a indemnizar, conjunta y solidariamente con la entidad Virtual Press S.L, la cantidad de 6.000 euros, más intereses, y como reparación del daño causado. En el momento del juicio se retiró la acusación contra el periódico digital.

Publicación 'calumniosa'

La jueza Mónica Oliva sostiene que quedó acreditado que el 5 de septiembre de 2007 se publicó una noticia titulada “Una Vecina de Telde denuncia amenazas de Mena, Reyes y Valido” en la cual María Pérez Martel, entre otras manifestaciones, sostenía que Guillermo Reyes, cuando desempeñaba sus funciones en el Ayuntamiento de Telde como concejal de Urbanismo, aprovechó dicha circunstancia, beneficiándose a sí mismo y a otros, prevaricando y  realizando tratos de favor, procediendo al cierre de su empresa Artesanos del Metacrilato SL en el año 2004 y modificó ese mismo año el Plan de Ordenación Urbanística aprobado en 2001 dejando fuera de ordenación su vivienda por los intereses que tenía en sus propiedades.

A la mujer se le acusaba de haber dicho que entre los autores del grafitti o pintada que aparecieron en su casa y negocio se encuentra Reyes, que fue él, junto a dos personas más, los autores de dicho acto vandálico. También de haber mantenido que ellos han estado amenazándola, extorsionándola, coaccionándola, queriendo hacer constar que la finalidad de la entrevista es que fuera “vox populi, de una vez por todas, la metástasis del cáncer de la corrupción”. Por otro lado, de haber acusado al representante de Ciuca de haber cerrado su empresa  y de haber dejado su vivienda fuera de ordenación en 2004.

Se da por probado que la mujer hizo las declaraciones al medio de comunicación y se considera que hay un delito de calumnias. 

La sentencia no es firme y cabe, por tanto, la interposición de un recurso de apelación, trámite que ha cursado ya la parte condenada, según indicaron a TELDEACTUALIDAD fuentes próximas a ella.