Castellano niega haber negociado el convenio de La Mareta y acentúa sus diferencias con López

Telde.- Las diferencias en un sector del Gobierno y del Partido Popular comienzan a ser casi insalvables. La alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, ha salido al paso de las declaraciones que el edil Francisco López efectuaba ayer en el Juzgado en una comparencia judicial en la que el ex responsable municipal del área de Urbanismo aseguró que el convenio sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta para pagar al empresario Ambrosio Jiménez le llegó desde Alcaldía. “Niego con absoluta rotundidad haber negociado ese convenio con nadie” apuntó la mandataria a TELDEACTUALIDAD.

 

La primera regidora dijo este martes que "jamás" se ha reunido con empresario o persona alguna para hablar sobre documentos urbanísticos, ni cuando era edil López, ni ahora con Pablo Rodríguez. Castellano sostiene que las competencias en esta materia están delegadas al completo y que, por lo tanto, esa función le corresponde al concejal de Urbanismo.

 

Así las cosas, Mari Carmen Castellano reconoció este mediodía, casi dos años después, que destituyó a Francisco López como concejal de Urbanismo por pérdida de confianza. Hasta ahora siempre había negado tal extremo, limitándose a justificar la citada restructuración del organigrama municipal bajo el argumento de otorgar más "frescura" y "dinamismo" al Gobierno local mediante un cambio "positivo".

 

Además, destacó que las declaraciones efectuadas ayer por el también portavoz del grupo popular, Francisco López, ante la jueza que investiga el pago de 13 millones al empresario con el crédito ICO, vienen a respaldar la decisión que tomó en su día al retirarle las competencias de Urbanismo cediéndoselas al actual concejal del área y socio de Gobierno, Pablo Rodríguez, 

 

A preguntas de los periodistas, Castellano no descartaba cesar al edil. “Haré lo que tenga que hacer por el bien de la ciudad y del partido” dijo. Precisamente, tras manifestarse en estos términos ante los medios de comunicación, la primera edil tenía previsto recibir a Francisco López para despachar con él tras su reciente vuelta de vacaciones, después de disfrutar de unos días libres por su paternidad.

 

Al término de dicha reunión, fuentes cercanas a la Alcaldía confirmaban a TELDEACTUALIDAD que finalmente no se ha producido el mencionado cese y que Francisco López ha solicitado unos días de asuntos propios.

 

La primera regidora ahondó aún más en su malestar y aseguró que si hubo una tercera persona que había negociado el convenio con Ambrosio Jiménez, “eso tiene un nombre”, dejando caer la posible comisión de un delito.

 

Cabe recordarse que tal y como publicó este martes este periódico digital, sobre una información publicada por Canarias 7, López contradijo ayer en el juzgado a la alcaldesa cuando dijo que había sido Urbanismo el que negoció el convenio. El popular afirmó en dependencias judiciales que el acuerdo llegó redactado y firmado desde Alcaldía. Es más, dijo que primero se le hizo llegar una copia por email remitida por el entonces jefe de gabinete de Alcaldía, el abogado Antonio Vega. 

 

López declaró ayer tras saber lo que la alcaldesa dijo en enero ante la jueza, porque en su primera comparecencia en esta causa optó por no declarar y aportó el auto judicial que daba por ejecutada la sentencia que en su día obligó a retrotraer a sus inicios el expediente de La Mareta y a devolverle el derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 a su adjudicatario, Julián Gómez del Castillo. Parte de unas de esas parcelas se vendió en 2005 y el convenio que se está investigando sirvió para recuperarla. Gómez del Castillo y el edil de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, denunciaron irregularidades en el convenio y en cómo se pagó, que es por lo que están imputados la alcaldesa y López. El edil dijo ayer que no negoció con Jiménez y que solo lo vio cuando firmó la escritura ante notario y que el convenio se cambió, pero que no fue él. 

 

Antes de López declaró como testigo Artiles, que llevó al juzgado la decisión del gobierno de pagarle a Jiménez el solar con 13,2 millones con cargo a un crédito avalado por el ICO, pese a que ese pago, entendía Artiles, no estaba permitido con aquella línea de crédito. Lo cierto es que tanto Artiles como López coincidieron en advertir ayer que el interventor emitió un informe en febrero de 2014 donde instaba a que se le pidiera a Jiménez la devolución de lo pagado, pero que la alcaldesa lo sacó del expediente de los presupuestos aprobado en el Pleno. 

 

De los tres que estaban citados ayer a comparecer ante la jueza, el único que optó por no declarar fue el exinterventor municipal, Enrique Orts, ya jubilado. Alegó que aún no estaban en poder de su representante todo el sumario.