La Audiencia fija para el 19 de enero el inicio del macrojuicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo

Telde.- La Audiencia juzgará a partir del 19 de enero al promotor Jaime Cortezo, a su esposa y a la apoderada de una de sus sociedades por la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo en Telde.El fiscal no ve delito, pero tres grupos de compradores, sí. Piden hasta 8 años de cárcel.

  

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha reservado nueve jornadas entre el 19 de enero y el 4 de febrero para celebrar el juicio por la presunta estafa en los dúplex de Hoya Pozuelo, que sienta en el banquillo al promotor, el empresario Jaime Cortezo Massieu, a su esposa y a la apoderada de una de sus sociedades, según publica Canarias7 en una información de Antonio F. Gándara.

  

Tres grupos de compradores de la promoción hoy bajo orden de derribo acusan a Cortezo de haberles vendido esas viviendas ocultándoles que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) de Canarias les había abierto un expediente por infracción urbanística, porque invadía la franja de servidumbre establecida por la Ley de Costas.

 

Los presuntos perjudicados demandan penas de prisión que, en el caso del empresario y de su esposa, llegan a los 17 años y medio de cárcel para cada uno. La gran baza con la que cuentan los acusados es la postura del Ministerio Fiscal, que entiende que no cabe hablar de delito alguno y pide su libre absolución, al menos en sus conclusiones provisionales. Afirma que los propietarios adquirieron las viviendas a sabiendas de que estaban sometidas a un expediente sancionador.

 

La vista se iba a iniciar en abril de 2013, pero el día del inicio de la vista la Sala admitió la petición de las acusaciones particulares para que la causa se devolviera al juzgado instructor con el fin de que se valorase la posible imputación de la Apmun, de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Telde. El 29 de octubre de 2013, el Juzgado emitió un auto rechazado la petición y exonerando de toda responsabilidad en el caso a las tres administraciones citadas, con lo que el proceso, un año y ocho meses después, vuelve a juicio oral sin variación en sus dimensiones.