La Justicia archiva la denuncia contra la anterior empresa de Recaudación de Telde que motivó la detención e imputación de trabajadores y directivos

Telde.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha decretado el archivo de la denuncia que motivó en noviembre de 2009 la detención de seis trabajadores de Colaboración Tributaria SL, la empresa privada que entonces gestionaba la recaudación municipal. En el auto de fecha 16 de diciembre, al que ha tenido acceso TELDEACTUALIDAD, el magistrado Alejandro Navarro concluye que no consta que la entidad cometiera un delito contra la propiedad intelectual.

 

Por este motivo el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional al no resultar debidamente justificada la perpetración de un delito, aunque contra esta decisión se puede interponer un recurso de reforma o de apelación.

 

Según el auto judicial, no consta que los programas informáticos sin licencia o copias de obras audiovisuales y musicales no originales fuesen objeto de comercialización en el establecimiento ni estuviesen ofrecidos al público. Por la cantidad, tampoco puede desprenderse, dice el juez, que tuvieran ánimo de lucro, sino a título particular de forma privada.

 

Por otro lado, respecto al delito de discriminación laboral imputado, “no constan acciones y omisiones concretas por parte de las personas imputadas que determinen suficientemente una conducta de relevancia criminal contra Sebastián López Castro, como trabajador de la empresa CT Colaboración Tributaria, ya sea como delito de discriminación laboral, contra la integridad moral, contra la libertad, u otros”.

 

Hay que recordar que el denunciante de estos hechos es el propio López Castro, extrabajador de la empresa de recaudación, además de en ese entonces director de una revista local. También figuraba en la causa como acusador particular la AFV- Agrupación Federal del Valle de Jinámar, que preside Guillermo Reyes.

 

Cabe recordarse, que tal y como publicó TELDEACTUALIDAD el 11 de noviembre de 2009, agentes de la Guardia Civil detuvieron a seis trabajadores de la empresa, tras proceder durante la mañana a un exhaustivo registro de las oficinas de este servicio, situadas en la zona de Arnao. Los agentes investigaban por orden judicial la supuesta comisión de varios delitos contra la Ley de Protección de Datos y Usurpación de Funciones Públicas.

 

Las oficinas estaban en un piso del edificio situado en el Paseo Maestra María Rosario Hernández Santana que albergaba en su bajo una sucursal de la Caja de Canarias.

 

Además de los seis trabajadores, los agentes pertenecientes al Grupo Fiscal y a la Brigada de la Policía Judicial se llevaron numerosa documentación y material informático tras un registro duró unas tres horas.

 

Pese a que en ese momento se detuvo a seis personas, que fueron puestas en libertad ese mismo día, actualmente en la causa sólo quedaban imputadas tres, dos trabajadores y uno de los responsables de Colaboración Tributaria, que han quedado ahora exonerados. 

 

Esta investigación no estaba relacionada con la operación Calero que había sobresaltado casualmente el día anterior al municipio de Telde con la imputación del ex alcalde, Francisco Valido, y otras cuatro personas, empresarios y técnicos municipales de Urbanismo. Sin embargo, ante el desconcierto inicial se llegó a especular que tuvieran conexión. 

 

Los grupos políticos de la oposición municipal en esa época, PP y Ciuca, habían denunciado en varias ocasiones en el pleno municipal la irregularidad que suponía que una empresa privada manejara datos particulares y haciendo uso de oficinas y material informático que contenía información privada de los ciudadanos de Telde, lo cual podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.

 

La empresa Colaboración Tributaria SL calificó en ese entonces de desproporcionada la actuación y aclaró que la denuncia que motivó la intervención de la Guardia Civil partió de un ex empleado al que se había despedido el día anterior. Aseguraba que tenía licencia de los programas informáticos que utilizaba y que “no existe usurpación de funciones de ningún tipo”.  

 

Colaboración Tributaria explicaba que el centro de trabajo donde se desarrolló la actuación, perteneciente al grupo CGI, agrupa a dos equipos: uno de desarrollo y soporte de aplicaciones informáticas formado por cinco titulados en Informática y uno dedicado a mantenimiento catastral constituido por once personas.

 

La orden de entrada y registro se basaba en que, según se decía, "se viene utilizando gran cantidad de duplicados de fonogramas ilegales (pirateados), videogramas y otros soportes de ordenador y que están ilegítimamente reproducidos sin autorización, cuyos derechos de propiedad intelectual corresponden a las Compañías que forman parte de Adivan y de Adese".