Reyes y Mena, en el banquillo por acosar a un funcionario de Telde

Telde.- El exedil de Urbanismo y hoy concejal de la oposición, Guillermo Reyes (Ciuca), y el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, se sentarán este jueves en el banquillo de los acusados para responder ante el Juzgado de lo Penal 2 de la capital grancanaria de un supuesto delito contra la integridad moral de un empleado del Ayuntamiento de Telde, el sindicalista Raúl Santana, hasta hace unos semanas vinculado a Comisiones Obreras.

 

Junto a ellos se sentará también como acusada María Jesús Santana, arquitecta y por aquel entonces jefa de Planeamiento municipal.

 

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados 18 meses de prisión y la inhabilitación especial para el desempeño de empleo y cargo público por tres años.

 

El juzgado intenta por tercera vez celebrar la vista oral de esa causa, suspendida en la última ocasión, en octubre pasado, por la falta de un testigo que la fiscal entiende vital.

 

La primera vista oral apenas pasó de la hora. Ni siquiera hubo tiempo de escuchar la versión de los acusados, pues la magistrada suspendió el juicio en las cuestiones previas.

  

Hasta el denunciante, Raúl Santana, se quedó entonces con las ganas de entrar a la sala, que se quedó pequeña para acoger al grupo de gente que acudió hasta los juzgados de Granadera Canaria, en la capital grancanaria, en apoyo de Santana Sólo pudieron acceder 8. El resto de las sillas de público estaban reservadas para la veintena de testigos que estaban llamados a declarar.

  

El funcionario obtuvo en abril de 2007 una sentencia favorable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia al estimar que el Ayuntamiento de Telde vulneró sus derechos fundamentales, por lo que condenó a la Institución municipal a indemnizarlo con la cantidad de 12.000 euros por los “daños morales y físicos” que se le causaron durante el mandato del PP-AFV/Ciuca (2003-2007).

  

A raíz de esta sentencia, Santana formalizó una querella criminal en octubre de 2007 en el Juzgado de Guardia de Telde contra las personas que intervinieron directamente en la producción de los daños morales y físicos condenados por el TSJC, es decir, Guillermo Reyes Rodríguez, Carmelo Oliva Bethencourt y dos funcionarios municipales, José Luis Mena y María Jesús Santana.

  

La Fiscalía solicita para Guillermo Reyes (Ciuca), Mena y Santana la imposición de una pena de un año y 6 meses de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de tres años. Como pena accesoria pide para ellos la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de duración de la condena para cada uno de los acusados.

 

Reyes, Mena y Santana son, a criterio de la fiscal Teseida García, responsables de haber cometido un delito contra la integridad moral penado por el Código Penal en la persona del funcionario y sindicalista Raúl Santana Ojeda, según consta en el escrito de acusación que elevó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número en el procedimiento abreviado que se sigue contra los acusados desde 2010, a raíz de una denuncia formulada por el empleado público.

  

La representante de la Fiscalía interesa para el acto del juicio oral que se interrogue a los acusados y a seis testigos, la mayoría de ellos funcionarios municipales y un inspector de Trabajo, y una prueba pericial aportada por el jefe de Psiquiatría del Hospital Juan Negrín.

  

Según consta en el escrito de acusación, Raúl Santana ejercía desde agosto de 1995 como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Telde. En junio de 2003 estaba adscrito al área de Parques y Jardines.

 

El día de la celebración de las elecciones locales de 2003, el 25 de mayo, tuvo un incidente con Guillermo Reyes en el colegio electoral del Distrito 6, del que Santana formalizó denuncia en el Juzgado de Guardia.

 

A raíz de la toma de posesión de Reyes como primer teniente de alcalde en la nueva Corporación surgida de las urnas, Santana es trasladado en varias ocasiones de un departamento a otro, “bajo la anuencia, conocimiento y consentimiento de Reyes”, por orden del concejal de Personal Carmelo Oliva. Estos traslados supieron para el denunciante una reducción de las retribuciones que tenía reconocidas en Parques y Jardines.

  

En su destino en la oficina que la Concejalía de Ordenación del Territorio y Urbanismo posee en la Gerencia de Jinámar, Santana se encontró con una mesa y tres sillas, sin que se le proporcionara material de escritura, “más que unos folios y un bolígrafo”, todo ello, según apunta el Ministerio Fsical, “con el propósito de atentar contra la integridad moral, así como denigrando totalmente sus funciones como administrativo”.

  

La Inspección de Trabajo, en un informe de 28 de junio de 2004, constató que estas dependencias “no tenían las condiciones o elementos esenciales para el desarrollo de cualquier actividad laboral y necesarios para la ocupación efectiva de cualquier trabajador”.

  

De igual forma, destaca la fiscal, “se sometió a Raúl Santana a un control de asistencia individualizado, obviándose el control generalizado de los demás funcionarios que ejercían sus funciones” en este edificio de Jinámar.

  

Santana puso esta situación en conocimiento de María Jesús Santana, entonces jefa de servicio de Urbanismo, y de José Luis Mena, que sustituyó a la anterior en este puesto, ambos nombrados por decisión de Guillermo Reyes, “sin que tomarán ninguna medida al respecto”. También avisó al citado concejal, pero obtuvo la callada por respuesta.

 

Ante la falta de respuesta, Santana optó por la vía administrativa para denunciar su situación y finalmente presentó en 2004 una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que inicialmente fue desestimada por sentencia del Juzgado número 3 de Las Palmas, pero que, una vez recurrida ante el TSJC, fue estimada en abril de 2007 al reconocer que la situación laboral que había vivido, apoyado por numerosos informes médicos, había afectado a sus derechos fundamentales, por lo que condenó al Ayuntamiento de Telde a pagarle una indemnización de 12.000 euros.

  

A juicio del Ministerio Fiscal, todos estos hechos con constitutivos de un delito contra la integridad moral de Santana, del que responden como autores los acusados Guillermo Reyes, José Luis Mena y María Jesús Santana, para los que pide la pena de un año y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por el plazo de tres años y como pena accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena para cada uno de los acusados. Solicita igualmente que los acusados abonen las costas judiciales.

  

La fiscal Teseida García interesó al Juzgado que sobresea la causa respecto al imputado Carmelo Oliva, entonces concejal de Personal y hoy retirado de la actividad política.