Castellano aclara que no se encuentra imputada por el proceso judicial derivado del expediente de Decathlon

Telde.- La alcaldesa Mari Carmen Castellano ha aclarado este jueves que no se encuentra imputada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en relación al expediente urbanístico de Decathlon. Castellano explicó que la fiscal únicamente ha ordenado al Juzgado investigar si hubiera podido cometer un delito de desobediencia durante el proceso judicial que ha seguido a este polémico convenio que años atrás autorizó la construcción de la citada superficie comercial en el municipio.

 

La primera regidora corregía así la información que publicaba Canarias Ahora y de la que este jueves se hacía eco este periódico digital.

 

De este modo, apuntaba que el Ministerio Fiscal, representado en este caso por Blanca Iris Hernández, tan solo ha solicitado a la Justicia que recabe la información necesaria para dirimir si, en su condición de máxima responsable del Ayuntamiento de Telde, ha podido desobedecer el mandato de la autoridad judicial.

 

Un pronunciamiento que se toma al no declarar el Consistorio local el carácter lesivo del desarrollo urbanístico de la parcela en donde se levanta el establecimiento de Decathlon, en el barrio de La Pardilla, como así lleva reclamando durante tres años el juzgado. Sin embargo, la diligencia no ha surtido efecto aún ya que es desaconsejada por los informes previos que los técnicos municipales han elaborado con anterioridad.

 

Pese a ello, y como ya informara TELDEACTUALIDAD, el Gobierno local optaba la pasada semana por incoar la apertura del expediente de lesividad, y ahora serán los informes técnicos y jurídicos que la corporación ya ha encargado los que determinen si procede o no adoptar esta medida.

 

A tenor de los datos aportados por la mandataria, la Institución municipal se encuentra ahora en un callejón sin salida. U opta por declarar la lesividad del expediente contra unos informes que se aventuran desfavorables, decisión que en tal caso podría dar origen a un posible delito por prevaricación, o desobedece la orden judicial que le ordena a ello.

 

“No he desobedecido, siempre he hecho todo lo que tenía que hacer, dando traslado a las Concejalías, a los jefes de servicio y a quien correspondiera", manifestaba este mediodía Castellano durante una improvisada rueda de prensa. Un encuentro en el que también precisaba a los periodista que se trata de un asunto que se está gestionando directamente desde el área de Urbanismo, ya que las competencias en este departamento se encuentran delegadas en el concejal Pablo Rodríguez.

 

En este sentido, añadía además que desde que asumió la Alcaldía del municipio fue este uno de los primeros temas a los que tuvo que hacer frente, barajándose incluso el precinto de la superficie comercial.

 

El caso tiene su origen en el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada firmado el 15 de octubre de 2004 entre el Ayuntamiento de Telde, entonces gobernado por el pacto PP-Ciuca, y las empresas Promociones Horneras, propiedad de Ambrosio Jiménez, y Cicar. Este acuerdo consideró a la mercantil de Jiménez como única promotora e ignoró a los pequeños propietarios de los terrenos afectados, lo que condujo a estos a presentar una demanda.

 

El TSJC estimó en octubre de 2009 el recurso interpuesto por los propietarios de una parte del suelo contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que había dado la razón a los demandados y anuló el convenio.

 

A partir de ese momento y durante cinco años se han sucedido los autos y las providencias que instaban al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia en los términos dictados.

 

La primera de ellas exhortaba a la Administración a retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a la firma del convenio urbanístico y a restituir la titularidad de los terrenos a los recurrentes, además de conminarle a indicar quién era el funcionario responsable de la ejecución de la sentencia. El Ayuntamiento, en un escrito fechado en marzo de 2011, identificó al entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Perera (PSOE), y a la jefa de servicio Eloisa Gil como responsables.

 

En junio de 2011, ya con el nuevo grupo de gobierno surgido del pacto entre PP, Ciuca y CC, una providencia de María Olimpia del Rosario, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, daba un plazo de 10 días al Ayuntamiento para cumplir el auto de febrero que reclamaba la apertura de un expediente para declarar la lesividad del desarrollo urbanístico de la parcela.

 

Esta diligencia era necesaria porque la Administración no podía anular sin más las licencias de obras y apertura ni el proyecto de urbanización, como había intentado hacer el anterior pacto -formada por NC, PSOE y CCN- en el año 2010. Tres meses más tarde, el requerimiento fue notificado de forma personal a María del Carmen Castellano, a quien se le impondría una multa de 1.000 euros (aproximadamente un tercio de su sueldo) en enero de 2013 por el reiterado incumplimiento.