La Justicia embarga las cuentas de los tres implicados en el Caso Calero

Telde.- El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Telde ha dictado un decreto por el que ordena retener los saldos de las cuentas de los tres imputados del caso Calero, el empresario, y los funcionarios municipales de Urbanismo, José Luis Mena, exjefe del servicio, y Juan Fermín Peñate.

 

El escrito lo firma la secretaria judicial Gisela Cifrián, data del pasado 19 de noviembre de 2014 y viene a dar cumplimiento a otro auto, del 8 de mayo de este mismo año, que requiere a los imputados, en cuanto a las responsabilidades pecuniarias de las que podrían ser objeto si finalmente son condenados, para que presten de forma solidaria una fianza de 120.000 euros, según revela Canarias7 en una información de Gaumet Florido.

 

Es el dinero que se les reclama a los implicados en un caso que hunde sus raíces en 2009 y que investiga si hubo connivencia entre un promotor inmobiliario y dos funcionarios de Urbanismo, su entonces jefe, Mena, y el topógrafo municipal, Peñate, para dejar fuera a otro de los propietarios del suelo en el desarrollo urbanístico de una parcela de El Calero Alto donde la empresa Telpan SA iba a construir 78 viviendas. Ese vecino afectado, Miguel Ángel Rodríguez, fue quien denunció el caso.

 

Ese auto del 8 de mayo pasado, emitido por este mismo juzgado número 1 de Telde, fue el que declaró la apertura del juicio oral y remitió todas las actuaciones a la Audiencia Provincial, que es el órgano competente para juzgar a los tres imputados.

 

Aquel auto, firmado por la magistrada María del Carmen López Tomasety, les daba 24 horas a los encartados para aportar los 120.000 euros de la fianza, pero o no se aportaron o a la Audiencia no le consta que se hiciera, pues es este alto organismo judicial el que en una diligencia emitida por la Sección Sexta el 6 de noviembre devuelve al juzgado las piezas separadas de la responsabilidad civil para que se apliquen y se aseguren los bienes reclamados en concepto de responsabilidad pecuniaria.

 

El decreto de Cifrián da cumplimiento por tanto a esa diligencia y ordena retener los saldos de las cuentas del empresario y de los funcionarios José Luis Mena y Juan Fermín Peñate hasta que fuere suficiente para cubrir la suma de los 120.000 euros reclamados solidariamente. Es decir, no se les embarga todo, sino hasta cubrir esa cantidad, que se retendrá allí donde se encuentre dinero en las cuentas de los tres. También ordena retenerles la devolución del IRPF que pudiera corresponderles de la Agencia Tributaria. Con todo, los afectados tuvieron cinco días para recurrir.

 

Este caso dio lugar a la detención en 2009 de 13 personas, se archivó y luego fue reabierto por la Audiencia en 2013 pero solo para estos tres imputados.

  

A los dos funcionarios el fiscal les atribuye un delito de falsificación de documento público, por lo que les pide 5 años de prisión, multa de 15 meses a 10 euros el día e inhabilitación para empleo o cargo público para Mena, y 4 años de cárcel, multa de 12 meses

a 10 euros el día e inhabilitación por 5 años para Peñate.

 

A Mena también le atribuye prevaricación, y al empresario, inducción a la prevaricación. Para Mena reclama 9 años más de  inhabilitación, y para el otro, 5.