Telde declara la lesividad del expediente del desarrollo urbanístico de la parcela de Decatlon, anulado por la Justicia

La Junta de Gobierno aprobó este martes incoar un expediente de declaración de lesividad por el desarrollo urbanístico de la parcela donde se levanta la multinacional Decathlon.

 

La propia alcaldesa Mari Carmen Castellano informó minutos después de la reunión que el acuerdo viene derivado en cumplimiento de varios autos emitidos por la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas, en los que ha insistido en la necesidad de que se declare lesivo el expediente que fue anulado en su totalidad en 2009 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

  

Según informa Canarias7, la Junta aprobó incoarlo, pero ahora serán los técnicos y abogados municipales los que habrán de decidir si es lesivo o no, y todo apunta a que no pues, sostienen, ya se subsanaron las deficiencias que causaron su anulación.

 

Este conflicto se origina porque la empresa Promociones Horneras SL desarrolló este suelo como promotor único mediante un convenio urbanístico y obvió que una parte de los terrenos era propiedad de un tercero, que acabó denunciando. El TSJC a principios de 2010 les dio la razón y anuló todo, convenio, proyectos y licencias, tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD en su día.

 

El conflicto se deSata a raíz del acuerdo del 15 de octubre de 2004, mediante el que se aprobó inicialmente el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada entre el Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Popular (PP) y Agrupación Federal del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), y las mercantiles Promociones Horneras S.L. y Cicar S.L. en la parcela. Según recuerdan diversas fuentes a Canarias Ahora, el problema surgió cuando la empresa de Jiménez se presentó como promotor único, obviando que una pequeña parte de los terrenos afectados por el convenio pertenecían a particulares, que no dudaron en demandar.

 

Aunque en un principio el Juzgado de lo Contencioso número tres de Las Palmas dio la razón a los demandados en 2007, no ocurrió así dos años más tarde con el TSJC de cuya sentencia se desprende que “el Ayuntamiento, pese a tener conocimiento de un conflicto entre la parte apelante y Promociones Horneras S.L. sobre parte de los terrenos […] firmó y aprobó inicialmente un Convenio de Gestión Concertada en el que se ignoró completamente a la misma”. Así, la Sala estimó parcialmente el recurso y anuló el susodicho convenio.

 

En los últimos cuatro años Decathlon ha seguido operando con normalidad, mientras el Ayuntamiento recibía notificaciones del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas en las que instaba a la Corporación a ejecutar la sentencia. En 2010, la junta de Gobierno Local conformada por Nueva Canarias (NC), el Partido Socialista (PSC) y el Centro Canario Nacionalista (CCN) acordó anular el convenio urbanístico, el proyecto de urbanización, la licencia urbanística y la licencia municipal de apertura del comercio deportivo.

 

Sin embargo, un auto emitido por la magistrada María Olimpia del Rosario un año más tarde advertía que la Administración no podía anular sin más las licencias de obras y apertura, así como el proyecto de urbanización, sino incoar un expediente de declaración de lesividad. Desde la Corporación municipal, que vuelve a estar liderada por el PP y Ciuca, junto a Coalición Canaria (CC), aseguran que el convenio que dio pie a la licencia de obra y posterior apertura del Decathlon se encuentra anulado y en proceso de ejecución de la sentencia, que señalan que es “larga en el tiempo”.

 

Al respecto, indican que en el Pleno celebrado en el mes de octubre de 2013, el Consistorio asumió la iniciativa presentada por Promociones Horneras S.L. que estaba entonces en fase de información pública y del que derivarán las bases y estatutos para la regulación del convenio urbanístico. Aunque se trata de un sistema de compensación, por otro lado  existe un informe técnico negativo, debido a que la propuesta no se ajusta al Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, por lo que tendrá que ser reformulada.

 

Según ha podido saber este medio, el conflicto no tiene visos de cerrarse pronto, porque falta conocer si los demandantes consideran correcto tanto el número de metros cuadrados, como el precio de los mismos, propuestos por la empresa como compensación, ya que su valor ha variado considerablemente desde 2004 a la actualidad. Este apartado podría desembocar en un nuevo procedimiento judicial.