¿Corrupción, impunidad, inmunidad?

“En política local la ideología es muy poquita… la nueva forma de hacer las cosas son los gestores eficaces”. Fernando Clavijo. Candidato de CC.“No hice 32 viajes a Tenerife. Hice 16 de ida y 16 de vuelta”. J. A. Monago. Presidente de Extremadura.

 

Hacer públicos pensamientos y opiniones sobre la corrupción en España se ha convertido en un problema. Con dos nuevos casos diarios, cuando uno termina de escribir su opinión los casos que eran nuevos al principio ya han quedado enterrados por otros. Lo cual nos lleva a una primera conclusión. El señor Rajoy miente cuando dice que la corrupción no está generalizada. Lo está. Al igual que la impunidad. Así lo dicen los hechos.

 

Es la lucha contra esa impunidad la que debe movernos a los ciudadanos y vecinos que queremos que la Política recupere su sentido etimológico que viene de la Grecia antigua: “el gobierno de la Polis”, el gobierno de la ciudad.

 

Sin embargo, en España, los partidos de gobierno, desde 1982, han ido convirtiendo los ayuntamientos y desde allí las Comunidades Autónomas, en “cajas negras” de financiación de los partidos políticos, en sus inicios, y de negocios personales de concejales, consejeros, familiares, empresarios amigos y demás clientes políticos añadidos, en la actualidad.

 

Situación que cuando se analiza serenamente tiene varias causas. La primera y fundamental, el relativismo de la ética política, que se refleja en las dos citas que abren estas líneas, que he escogido por ser recientes, pero que podía haber seleccionado otras en boca de dirigentes de otros partidos políticos.

 

Precisamente el relativismo en la ética política, el “todo vale” “lo importante es la eficacia”, nos ha llevado donde estamos. Esa escasez ética toma cuerpo en la ausencia de los valores comunitarios en la formación, en la educación y hasta en el propio lenguaje. Así, en estos años de democracia hemos pasado del “servicio público” a la “función pública”.

 

Hablar de “servicio público” refleja el “para quien” se hace la política, el servicio siempre se le presta a alguien. El elemento central es el ser humano, la persona en cuanto ciudadano y miembro de una comunidad. Hablar de la “función pública” convierte el “qué se hace” en la nueva finalidad del trabajo político y administrativo. Ya no importa para quien se hace sino lo que se hace. Este cambio tiene consecuencia políticas prácticas muy importantes. En palabras del tetra imputado Clavijo, candidato a la presidencia de Canarias, “tapar los baches no necesita ideología”.

 

El problema es que tapar los baches no es Política. Eso es “técnica”. Política es atender a una necesidad de unos vecinos que no pueden solucionar ellos solos. Y para eso existe el ayuntamiento, para atender esa necesidad de la Comunidad de que las vías de comunicación estén en condiciones. Permitir que la vida en Comunidad se practique y se desarrolle.

 

Relativismo en los principios de ética política, que nos ha llevado a una situación de impunidad total de los delitos contra los Derechos civiles y políticos de los vecinos y ciudadanos. Impunidad amparada por una Administración de Justicia ineficiente y unas Fuerzas de Seguridad del Estado infra-dotadas. Las encuestas del CIS lo reflejan claramente. Las instituciones más valoradas por los ciudadanos policía, ejército y jueces de instrucción. Partidos Políticos y otras, se perciben como instituciones traspasadas por distintos grados de corrupción.

  

Esa es la razón, y no otra, por la que los sucesivos gobiernos de la democracia han mantenido infra-dotados a los funcionarios encargados de perseguir a los corruptos.

 

Por último, la corrupción y la impunidad en que vivimos ha sido, es y será posible, porque los partidos de gobierno han construido un entramado legal, un cuadro institucional, en el que se han auto regalado la Inmunidad más absoluta sin que el servicio a los ciudadanos lo justifique. Sueldos, gastos, viajes, coches oficiales, despachos, aforamientos ante los jueces, inmunidad de las “acciones políticas”, son “derechos” para poder “servir a los ciudadanos con plenas garantías”. Con el cinismo y ligereza más absolutos.

 

¿Qué partido político ha hecho público o colgado en internet la acción o gestión de los recursos públicos que llevan a cabo sus altos cargos? ¿Lo qué perciben por razón de su cargo? ¿Lo qué y en qué lo gastan? Ninguno.

 

Pero, una vez más, cuando aparezca el próximo caso de corrupción, todos correrán a dar explicaciones, a sentirse ofendidos, a clamar por la presunción de inocencia o a pedir dimisiones según de qué lado caiga el caso descubierto. Pero ninguno tomará la iniciativa de dar explicaciones a los ciudadanos antes de que se les pida. Sólo lo hacen arrastrados por la opinión pública y la cercanía de las elecciones. A esa actitud se le llama “patrimonializar” la Política. La apropiación indebida de lo que es de todos nosotros, vecinos y ciudadanos.

 

Han olvidado el servicio público y se dedican a la función pública, aséptica y sin connotaciones éticas “innecesarias”. Ya sabemos, no han sido 32 viajes sino 16 de ida y 16 de vuelta ¡¡Ah menos mal!!

 

Esa mala memoria es el motivo de que la actual Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe, en su art. 5, que un partido político reciba dinero de un empresario que tenga relaciones con las Administraciones Públicas. Pero al “legislador” se le han olvidado dos artículos en la Ley; el que diga a quien hay que castigar y el que diga cuál es la pena por cometer esa ilegalidad.

 

La Ley Contenciosa que persigue las ilegalidades administrativas y de las administraciones, tiene 139 artículos y 22 disposiciones. Solo un artículo dice la pena por desobedecer una sentencia judicial: 1.500 euros. La tutela judicial efectiva es un Derecho fundamental constitucional. Ya sé que suena a broma. No lo es.

 

Los partidos políticos presumen y se muestran orgullosos de que “suspenden temporalmente de militancia”, incluso en una acción de fuerza “expulsan del partido”, a los corruptos. ¿A usted lector le molestaría mucho esa sanción si fuera político y se hubiera embolsado dos millones de euros por actividades corruptas? Sonaría a chiste si la situación actual en España no fuera tan grave.

 

Si se cree en lo que se predica es imprescindible: 1. Dejar “trabajar a los Jueces y Fiscales” dotándoles de medios para ello, solo ellos tienen la potestad que les otorga el Estado de Derecho para Regenerar la actividad política, acabar con la corrupción y la impunidad. 2. Los Partidos Políticos no deben permitir la presencia de imputados por corrupción en las listas electorales, sería un buen gesto de cara a recuperar la credibilidad de los partidos políticos. 3. De forma urgente hay que “sacar de la política, de la gestión pública” a todas aquellas personas que estén procesadas, pendientes de pasar por el banquillo, por corrupción, por quedarse con lo de todos, funcionarios o políticos.

 

El resto, simplemente son “guiños mediáticos” para justificar lo injustificable con la única pretensión de mantener el Poder y las prebendas.