TELDEACTUALIDAD
Telde.- Sorpresa e incertidumbre es lo que ha provocado el anuncio de Génova de no incluir a los imputados en las listas de las próximas elecciones. Esta propuesta pone en la diana a Francisco González y Mari Carmen Castellano, alcaldes de Mogán y Telde, respectivamente.
Oficialmente la dirección del PP de Canarias acatará sin fisuras la hoja de ruta de la dirección nacional en la elaboración de las listas, según publica Canarias7 en una información de Daida I. Rodríguez, en la línea de lo
divulgado días atrás por TELDEACTUALIDAD.
Sin embargo, hay muchas voces en el PP regional, como la de la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, o
el diputado Manuel Fernández, a la que se suman otros muchos sin dar la cara, que no dudan en expresar su preocupación por la medida anunciada por Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización del PP, que califican de «precipitada y demagógica» y que parece que solo tiene como propósito dar titulares y tranquilizar a una ciudadanía hastiada por tanto caso de corrupción.
Pérez indica que la medida es un «disparate» y que da armas a los enemigos políticos para hundir «a políticos honrados». «Solo tienen que presentar una querella criminal y ya está», sentencia.
«¿Qué imputaciones son las que condicionarán las listas?» se preguntan fuentes del PP canario. Porque inciden en que en el caso de prevaricación habría que hilar muy fino. «Pueden imputarte ese delito por documentos que has firmado con el apoyo de los técnicos, o ser casos de tipo administrativo», reflexionan.
Esta decisión del PP nacional afectaría directamente, en Gran Canaria, a los alcaldes de Telde y Mogán, Mari Carmen Castellano y Francisco González, dos municipios estratégicos en el feudo conservador.
Fuentes consultadas, aseguran que la sustitución de González, que ha cosechado varias mayorías absolutas a pesar de su implicación en el caso Góndola, sería muy complicada, no así la de Castellano puesto que en Telde habría «banquillo» suficiente para mantener la marca del PP en el municipio. Sin embargo, admiten que un
relevo en estas circunstancias enrarecería aún más el ambiente en la esta ciudad, cuyo tirón es fundamental para las elecciones al Cabildo y el Parlamento.
Por otro lado, desde el PPcanario se destaca que la presunción de inocencia es el principal argumento esgrimido por los conservadores en las Islas. Pérez recuerda que la imputación es una garantía jurídica. «Se confunde la imputación con la condena», resalta, «y eso no es justo, esto es un Estado de derecho», asevera. Otras voces se suman a esta idea y añaden que el retraso de los procesos judiciales son inadmisibles. El caso Faycán, en el que está implicada Castellano, lleva más de 9 años a la espera de juicio. «Así es imposible, los juicios a políticos deberían ser una prioridad», indican.
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