Personal busca fuera del Ayuntamiento un instructor para el expediente a los dos funcionarios condenados por la Justicia

Telde.- A la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Telde se le está poniendo muy cuesta arriba la designación de un funcionario que instruya el expediente informativo que el Pleno decidió la pasada semana incoar a los dos funcionarios que han sido condenados por la Justicia a penas de cárcel, según han podido saber TELDEACTUALIDAD.

 

Todos los jefes de servicio y funcionarios del grado A1 han rechazado la propuesta de llevar el peso de este trámite y ante esta situación la delegación que lleva la edila Herminia Demetrio, del Partido Popular se ha visto en la tesitura de tener que emprender gestiones con el Consistorio capitalino y con el Cabildo para lograr un juez instructor y no descarta hacerlo con el Gobierno de Canarias si le falla los trámites emprendidos con las dos primeras instituciones. Así lo avanzó a este periódico la propia concejala.

  

Sobre este asunto, el periódico Canarias7 abunda en su edición de este sábado en que la concejala ha apuntado de forma coloquial que “no hay valientes”, a lo que ha añadido que tiene “claro” que el instructor ha de ser un funcionario ajeno al Ayuntamiento de Telde “por aquello de evitar posibles contaminaciones”. Sin embargo, aclara que “por más que tocó a gente de otras administraciones, no consigo más que negativas”.

 

La alcaldesa Mari Carmen Castellano, en un decreto del 30 de octubre pasado, ordenó a Recursos Humanos, el departamento que coordina Demetrio, la apertura de un expediente de información reservada a Mena y a Santana tras las condenas de las que han sido objeto, aunque aún ninguna en firme, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. A Mena le cayeron por el Caso Europa 6 años y 10 meses de cárcel por dos delitos, uno de cohecho y otro de falsedad en documento público, y por otro proceso vinculado al caso Los Alisios le condenaron a 3 años y 6 meses de prisión también por falsificación. Y Santana, también por el Europa, tendrá que hacer frente a una pena de 1 año y 6 meses de cárcel.

 

Ambos han recurrido al Supremo, pero el Ayuntamiento estudia aplicarles una sanción porque las sentencias prueban que, aparte de un delito, cometieron infracciones administrativas en su labor como funcionarios municipales. Asegura Demetrio que nada más recibir el encargo de la alcaldesa, ratificado en el caso de Mena por un acuerdo adoptado en el último Pleno mediante una moción presentada por NC, se puso a la tarea, pero hasta ahora ha dado con su gozo en un pozo. Primero echó el anzuelo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se excusan por el exceso de trabajo. Luego volvió a la carga con el Cabildo y la suerte no cambia. “Los hay que alegan que meterse en estos temas y en Telde es muy tóxico”. Su último cartucho: un escrito a Presidencia del Gobierno canario, a ver si recibe respuesta.

 

Fuentes municipales consultadas por C7 tienen claro que esos expedientes informativos derivarán en otros disciplinarios. Lo que no está tan claro es si Telde podrá o no sancionarles al final, pues la infracción, no el delito, habría prescrito.

 Los juristas consultados solo se ponen de acuerdo en una cosa: el expediente de información reservada es una "maniobra dilatoria" del Gobierno local.. Ahora bien, puestos a discutir si cabe hablar o no de prescripción, hay dos teorías. Unos sostienen que las infracciones

administrativas cometidas por Mena y Santana, aunque muy graves, están prescritas. Lo hacen a los 3 años. El gobierno tuvo que haberles abierto expediente en su día y suspenderlos hasta que hubiera sentencia, pero no lo hizo. Y otros defienden que solo las sentencias son causa suficiente para aplicarles una suspensión cautelar de empleo y sueldo por 6 meses hasta que el Supremo se pronuncie.

 

Como se recordará , el Pleno aprobó el pasado viernes 31 de octubre, en asuntos de urgencia, abrir expediente informativo a dos funcionarios municipales condenados recientemente por la Justicia a penas de cárcel. El consenso en la propuesta de resolución se logró tras un receso para decidir si se debatía o no una moción de Nueva Canarias que pedía que se incoara a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, expediente sancionador y se le apartara de sus funciones tras dos sentencias por un delito de falsificación de documentos. La propuesta se aprobó con los votos favorables de todos los grupos políticos, salvo Ciuca, que optó por la abstención.

  

Los miembros del Pleno llegaron a tomarse un tiempo, cerca de quince minutos, para acordar si se trataba o no la moción presentada por los nacionalistas. Una propuesta en la que se pedía la reprobación de Mena y la apertura de un expediente sancionador, además de que se revisaran las actuaciones de éste en el Plan General de Ordenación Urbana, aún en trámite.

  

Finalmente el acuerdo no fue total y se debatió la decisión de hacer algunas modificaciones, entre ellas la de retirar directamente el último punto y decidir la apertura de un expediente de carácter informativo, no sancionador, para que sea estudiado por el área de Personal. Cuestión que ya había llevado a cabo la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, mediante decreto al solicitar al departamento que dirige la concejala Herminia Demetrio información reservada sobre Mena y el también condenado en primera instancia Pedro Pablo Santana.

  

El punto logró entrar en asuntos de urgencia con el visto bueno de todos los partidos políticos, a excepción de Ciuca que votó en contra de que se incluyera al considerar que el Pleno era no el foro adecuado para tratar este expediente, planteamiento que Guillemo Reyes sostuvo también la discusión de la propuesta de acuerdo pactada durante el receso.

  

La presidenta y portavoz de NC en Telde, Carmen Hernández, defendió en cambio que la sesión plenaria era el lugar idóneo para debatir políticamente esta propuesta y entiende que es el momento más adecuado para realizar un ejercicio "ético" de este calado tras la "alarma social" desatada al conocerse la última sentencia que condena a Mena por falsificación documental.

  

La nacionalista consideraba que se ha demostrado que el funcionario manipuló expedientes y documentos públicos que terminaron conllevando a que Ildefonso Jiménez tuviera que salir del Pleno de forma injusta, mediante un "golpe de estado" orquestado por una trama que tenía como objetivo "ganar en los juzgados lo que no han conseguido en las urnas" y que conllevó a una condena judicial de la que fue absuelto el exconcejal.

  

Tal y como avanzóó TELDEACTUALIDAD aquel mismo día, la petición por vía de urgencia se fundamentaba en que ante los “gravísimos delitos” por los que se ha condenado al empleado municipal, la formación política se hace eco de la “incontestable y palpable alarma social creada, no solo en las actuaciones delictivas demostradas, sino en la condición de trabajador a sueldo de los impuestos de los ciudadanos”. Los nacionalistas entienden que “sí se puede y se debe obligatoriamente por la alcaldesa iniciar expediente sancionador por comisión de infracciones administrativas muy graves y graves”.

  

La moción pedía, por un lado, expresar la repulsa de todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento de Telde ante los hechos y a las personas que los han producido, “rechazando los mismos al ser actuaciones indeseables en una administración y sociedad democrática”, punto que se ha mantenido.

  

Por otro solicitaba que a la mayor brevedad y en un plazo no superior a diez días naturales, se dicte resolución en la que se inicie el expediente disciplinario para depurar las responsabilidades administrativas en las que se pudiera haber incurrido en el ejercicio de la función pública por parte del empleado José Luis Mena Santana, garantizando el interés general de los ciudadanos de Telde; e igualmente, acordándose, si procedieran, las medidas cautelares previstas en la vigente legislación de función pública, inclusive la suspensión si fuera procedente. Este punto se ha modificado.

  

Por último también pedía articular los mecanismos necesarios para proceder al estudio y elevar al Pleno las propuestas que correspondan, de los actos administrativos realizados bajo la responsabilidad de Mena, en lo concerniente a informes relativos al Proyecto de Plan General de Ordenación, actualmente en fase de aprobación inicial. Esta cuestión fue directamente eliminada al asegurar Pablo Rodríguez, concejal de Urbanismo, que Mena lleva más de dos años apartado de las jefaturas de servicio en este área y que, por lo tanto, no ha participado en el proceso de elaboración del avance del documento.

 

 Un debate que rozó lo rocambolesco

La discusión generada a razón de esta moción rozó lo rocambolesco, llegando incluso la alcaldesa Mari Carmen Castellano a llamar al orden y a pedir que se mantuvieran las formas dentro del Salón de Plenos.

  

Un debate que se vio en gran medida condicionado por el reloj, ya que el reglamento no permite que las sesiones superen las cuatro horas de duración, y por las dudas surgidas sobre las cuestiones formales y legales del texto presentado por Nueva Canarias.

 

Carmen Hernández insistió en que no se trataba de un debate jurídico o administrativo, sino un debate político y un ejercicio de responsabilidad ética frente al comportamiento de un empleado público que ha utilizado el “aparato” para quebrantar el orden institucional e “ir en contra del Pleno”, sacando del mismo a un concejal electo.

  

“No cabe mirar para otro lado. Hay que mandar un mensaje claro y contundente y depurar responsabilidades ante unas actuaciones indeseables”. “Ayer fue Ildefonso, pero mañana puede ser cualquiera”, destacó la portavoz nacionalista.

  

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos para el Cambio, Guillermo Reyes, mostró desde un principio su rechazo tajante argumentando que, pese a que está a favor de reprobar a los funcionarios que han falsificado documentos públicos, considera que el Pleno no era el lugar idóneo para abordar la propuesta, máxime cuando la condena a los dos funcionarios no es firme.

  

No obstante, el líder de Ciuca planteó incluir también dentro del acuerdo a otros funcionarios municipales que han sido condenados por incurrir en prácticas ilegales. Reyes, que acusó a Nueva Canarias de actuar a escondidas presentando una moción de este calado por la vía de urgencia, señaló que se estaban mezclando dos casos judiciales distintos y advirtió que los ediles que votaran a favor de la urgencia podrían incurrir en una violación de la intimidad de José Luis Mena.

  

Asimismo, apuntó que los informes aportados en el Caso Alisios han sido “demoledores” y que, a su juicio, han demostrado que Ildefonso Jiménez -al que calificó de "inútil total", "negligente" y de "no ser un modelo a seguir"-, concedió de manera irregular las cédulas de habitabilidad de la promoción de viviendas que motivó el proceso judicial del que finalmente fue absuelto por el TSJC.

 

En este sentido, también afirmó que el abogado José María Guerra, letrado de Jiménez durante el Caso Alisios, ha emprendido una “persecución” para inhabilitar a Mena. “El odio tiene malas consecuencias". "Quien ayer era santo hoy es diablo”, manifestó al respecto Reyes.

  

Gran parte de las intervenciones de los portavoces estribaron en la idoneidad o no, desde el punto de vista legal, de incoar directamente un expediente sancionador -como solicitaba NC- sin pasar por previamente por un proceso de información reservada.

 

En este sentido, el portavoz popular Francisco López precisó que alguno de los actos cometidos por Mena pudieran haber prescrito. Por lo que instó al Pleno a no anticiparse a lo establecido en la normativa legal, limitándose a seguir “a pies juntillas” el procedimiento para así evitar irregularidades que pudieran ocasionar posteriores reclamaciones. Como ha sucedido en el caso del interventor municipal, Enrique Orts, a quien la Justicia dio la razón tras haber sido apartado de su empleo y al que el Ayuntamiento de Telde deberá abonar más de 200.000 euros por este motivo.

  

Finalmente, el acuerdo adoptado contempla la apertura del expediente informativo y, si procediera, uno posterior con carácter disciplinario para aplicar las medidas cautelares previstas. No obstante, al término de la sesión corportiva, el secretario de la institución, Ángel Sutil, admitiá que es posible incoar directamente el expediente sancionar sin necesidad de abrir un proceso de información reservada.