ALFONSO GONZÁLEZ
Imagínense ustedes que en un proceso judicial queda demostrado que un caballero que cuenta con un acta de diputado los siguientes comportamientos:
a) Recibe en su despacho de abogado –que mantiene virtuosamente abierto pese a estar acogido al régimen de dedicación exclusiva en la Cámara y está especializado, vaya, en Derecho Urbanístico– a otro caballero que necesita trabar relaciones con cargos públicos en diversos ayuntamientos de Gran Canaria controlados por el Partido Popular, opción política por la que el abogado, precisamente, es diputado.
b) El caballero que consulta al abogado es un constructor interesado en promociones inmobiliarias de viviendas de protección oficial. El abogado lo pone en contacto con la concejal de Obras, Viviendas y Contratación del Ayuntamiento de Telde y luego –porque las cosas no marchan– con su sucesora en el cargo. Más aún, como todavía no se produce una respuesta plenamente satisfactoria, el abogado y diputado con dedicación exclusiva gestiona una entrevista, seguramente entre pleno y pleno parlamentario, entre el alcalde de Telde y el desagallado promotor.
c) Como es obvio, el abogado diputado o el diputado abogado no actúa neutralmente en dichas reuniones, sino que aboga por un entendimiento entre las dos partes supuestamente satisfactorio para los intereses del caballero que requirió delicadamente sus buenos oficios.
d) El caballero promotor incluso remite un correo electrónico al caballero abogado denunciando amargamente que dos funcionarios ponían dificultades al desarrollo satisfactorio de sus actividades.
e) Está documentalmente demostrado que el caballero abogado prestaba servicios profesionales a las empresas del caballero promotor en concepto de varios informes cuyo alcance y justificación se antojan poco razonables a la Agencia Tributaria.
Imagínense, finalmente, que el caballero promotor termina siendo condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por pago de sobornos a políticos y funcionarios por valor de 240.000 euros. El caballero abogado queda absuelto porque la autoridad judicial considera que no existen indicios suficientemente sólidos del delito de tráfico de influencias.
No, según la sentencia judicial no existe delito probado. Pero el comportamiento público de Jorge Rodríguez, ese caballeroso diputado, solo puede ser calificado de honesto y ejemplar por alguien como secretario general del PP canario, Asier Antona. En cualquier país civilizado hace muchos meses que Rodríguez debería haber dimitido. Aquí su propio partido, sin sombra de vergüenza democrática, lo agasaja casi como un héroe y un ejemplo para las generaciones venideras.
Alfonso González Jerez es periodista.
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