La vergüenza de la justicia

Emilio Moya hizo el jueves un loable acto de contrición al reconocer la lentitud de la Justicia en el Caso Icfem. El magistrado se preguntaba, como muchos ciudadanos lo hemos hecho, qué está pasando en la Justicia para que un asunto tarde 16 años en sustanciarse. Con mucho acierto calificó la situación de “vergonzosa”.

 

El magistrado mejor que nadie lo debe saber. No en vano fue responsable de Justicia en Gobierno de Canarias junto a María Australia Navarro (PP) y debió entender que existen impedimentos materiales, pero también irresponsabilidades en la propia judicatura.

 

Las causas políticas, como el caso Icfem, son en la Administración de Justicia un caramelo para determinados jueces y fiscales que buscan la notoriedad pública a costa de los desgarros. No olvidaré nunca la foto de la portada de “El País” en la que aparecía el fiscal Anticorrupción de Canarias, Luis del Río, y dos magistrados más como héroes contra la corrupción, precisamente de asuntos que corren la misma suerte que el caso por el que se avergüenza Emilio Moya.

 

En el caso Icfem hubo algún fiscal que buscó notoriedad y enredó deliberadamente el asunto en contra de los inculpados. Hubo desidia en la planificación del trabajo y hubo abandono consciente del asunto durante años, cuando ya no tenía repercusiones en los medios de comunicación. La alarma social sobre la corrupción tiene muchos adeptos en los despachos de la magistratura lo que obliga a medir muy bien la trayectoria de estos asuntos en los que se encausan a políticos. Si la alarma social justifica las detenciones, como ocurrió en algunos sonados casos, también debe justificar que la Administración de Justicia tome medidas para prestar auxilio a los jueces y fiscales que se ocupan de los mismos.

 

Los imputados tienen derecho a que se aceleren sus procesos y se acabe con su sufrimiento y los ciudadanos tenemos derecho a despejar las dudas sobre nuestros políticos, pero no 16 años después, ni nueve, ni siete, como es el caso de algunos escándalos que siguen vivos en los juzgados después de la ola contra la corrupción organizada por Juan Fernando López Aguilar desde el Ministerio de Justicia.

 

El mismo retraso injustificado que ha seguido el caso Icfem en los tribunales afecta a otros asuntos de corrupción política, como el caso Góndola, el Faycán o el Eólico. Todos ellos cortados por la misma tijera. Un gran escándalo en la prensa salpicados de historias truculentas, filtraciones y detenciones que encuentran su máxima audiencia en momentos álgidos y después transitan por los juzgados sin pena ni gloria.

 

El caso eólico va para los nueve años de instrucción y aunque enredado por los propios imputados que han recurrido hasta el tipo de grapas del asunto, no ha habido autoridad suficiente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para imponer a los instructores la celeridad suficiente que permita a los acusados defender su inocencia y a la sociedad saber qué ocurrió exactamente y quiénes fueron los responsables reales de la trama de favores inconclusos que desató la ambición por el negocio del viento. Da la impresión de que los imputados, empeñados con todo el derecho, a bloquear el proceso, tienen más poder que los propios jueces y fiscales que lo instruyen.

 

En el caso Faycán pasa otro tanto de lo mismo. De recurso en recurso el proceso se ha dilatado más de lo necesario con el agravante de que muchos de los imputados siguen activos en la vida pública, bien como políticos, el caso de la propia alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, o como funcionarios. El proceso no llega a juicio a pesar del tiempo transcurrido y mucho me temo que tardará meses en sentar en el banquillo a los acusados. Al frente del Tribunal habrá otro juez que lamente los retrasos y un fiscal que rebaje las penas por dilación indebida. Todo un despropósito.

 

caso Góndola, que tiene como principal encartado al alcalde de Mogán, Francisco González, lleva camino de convertirse en otra vergüenza judicial. La propia Fiscalía ya advirtió que por el juzgado que instruye la causa han pasado once jueces y que a pesar de reforzar al fiscal titular el asunto sigue estancado. ¿Habrá un juez como Emilio Moya que pida perdón en nombre de la Justicia al alcalde de Mogán y a varios empresarios de la zona por tenerlos ocho años con una espada de Damocles en sus cabezas?

 

El procedimiento, con todas sus ramificaciones, al margen de decaer judicialmente por la endeblez de las acusaciones, sigue entrampado en un juzgado de San Bartolomé, y si la dinámica es la que hasta ahora ha llevado no llegará a juicio en los próximos dos o tres años. Un despropósito.