TELDEACTUALIDAD
Telde.- El consejero de Transportes, Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional se siente “igual de engañados que los vecinos de Ojos de Garza” por las promesas de Aena en firmar el convenio de realojo que se está retrasando.
En declaraciones al programa Buenos días Canarias, de Canarias Radio, explicó que desde la administración se han hecho numerosas gestiones para solucionar el problema del barrio teldense sin conseguirlo. El documento que reflejaba el realojo para ampliar el Aeropuerto de Gran Canaria fue enviado a Aena hace años, sostuvo.
La decisión de no firmar el convenio hasta que se empiece a construir la pista en 2025 lo considera un “un abuso más del ente”. Un problema en el que el Ministerio de Fomento “ha mirado para otro lado”, afirmó.
Berriel aseguró que no confía en las promesas de la Delegación del Gobierno en Canarias de que Ana Pastor hará de intermediaria, ya que es ella la que tiene la autoridad sobre el ente y no la ha ejercido. Calificó de inaceptable que la ministra tome una decisión y los directivos de Aena la contraria y sea ésta última la que se hace.
El consejero no duda en afirmar que Aena toma las decisiones de espaldas a las comunidades autónomas y decide qué inversiones se hacen y cuáles se retrasan, como la tercera pista de Gando. “Y nadie dice nada. Son decisiones unilaterales que no se les puede permitir a un ente público”, dijo.
El realojo es una carga para la privatización
Berriel es de la opinión que la privatización de Aena ha influido en la firma del convenio de realojo. Estima que no quieren tener ningún compromiso, que el ente esté saneado y “sin ninguna carga detrás para poder vender bien”.
Por otro lado, en relación a la privatización parcial de la empresa, aseguró que no descarta que termine en los tribunales, en concreto en la Audiencia Nacional. Insiste, además, en que los aeropuertos canarios son rentables y que no se escucha la opinión de los canarios. “No vamos a permitir que se pongan en manos privadas”, advierte. Por ello el Gobierno regional reclama su gestión.
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