Una funcionaria apunta ante la jueza que el autor del cambio del convenio de La Mareta fue Mena

Telde.- Una funcionaria del departamento de la Secretaría General del Ayuntamiento, C.M.D, apuntó al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, como último responsable de la redacción del convenio de La Mareta con el empresario Ambrosio Jiménez. Lo hizo en sede judicial, a donde fue citada a declarar en calidad de testigo el 23 de junio.

 

La empleada fue llamada ante la jueza Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, porque estampó su firma en el convenio que la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, rubricó junto al empresario Ambrosio Jiménez en enero de 2012 y por el que el Ayuntamiento sellaba el acuerdo que le iba a permitir comprarle a Jiménez una parcela de La Mareta que, a su vez, el empresario se la había adquirido al Consistorio en 2005, según publica Canarias7.

 

C.M. reconoció su rúbrica y que la estampó en calidad de secretaria sustituta o accidental, pero subrayó que el convenio no lo elaboró ella ni es misión suya comprobar si el que se aprobó en el Pleno se ajusta luego al que realmente se firma, sino dar fe de la identidad de las partes de la firma. Dijo que la firma del jefe de Urbanismo le daba carta de “veracidad” para ella y que “no tiene por qué desconfiar de ningún compañero”. En ese sentido, añadió que si se hubiera dado cuenta de que los dos textos no coincidían no lo hubiera firmado. “Todo el mundo sabe que para que se pueda hacer cualquier variación en un acuerdo

plenario debe someterse nuevamente al Pleno”, indicó.

 

Hasta confesó sus sospechas de que esperaron a que el secretario titular se ausentara para remitirle a ella el convenio “porque ella no intervino en el Pleno y se le pudieron escapar cosas”.

 

Precisamente la jueza está investigando la alteración de una de las cláusulas del convenio, la sexta, que es la que, además, daba sentido a la operación de compra. El Ayuntamiento tuvo que recuperar esa parcela porque así le obligaba una sentencia judicial firme para luego devolvérsela a otro empresario, a Julián Gómez del Castillo, al que el gobierno de PP y Ciuca le denegó en 2003 los derechos que ganó en un concurso para construir sobre ese solar.

 

Esa cláusula, en el convenio que se aprobó en el Pleno, estipulaba que el solar pasaba a manos del Ayuntamiento en el momento de la firma, pese a que no estuviera aún abonada la deuda, pero en el que se firmó lo retrasaba al momento del último plazo del pago del solar, varios años después. De esa manera se estaba retrasando también la posibilidad de cumplir la sentencia que obligó a efectuar esta adquisición.

 

La propia trabajadora confesó a preguntas de la fiscal que tras este episodio “no se fiará de nadie”. Su declaración puede jugar un papel clave en las diligencias en curso, por las que están imputados la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, el exedil de Urbanismo y portavoz del PP, Francisco López, el exjefe de Urbanismo, Mena, el secretario municipal, Ángel Sutil, y el empresario Ambrosio Jiménez.