Urbanismo decreta el cierre y demolición de la gasolinera de Repsol en Las Remudas

Telde.- El titular de la Concejalía de Urbanismo, Pablo Rodríguez, ahora también en labores de alcalde en funciones, firmó este viernes el decreto por el que se ordena a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA el cese inmediato de la actividad de la gasolinera de Las Remudas, tanto de la estación de servicios en sí como de la tienda-restaurante, la zona de lavado y el compresor para inflado de las ruedas de los vehículos.

 

También le ordena la demolición de las instalaciones, para lo que Repsol deberá presentar un proyecto de derribo y ejecutarlo.Esta decisión se toma tras desestimar el Ayuntamiento de Telde las alegaciones presentadas por el titular del negocio y al existir una sentencia firme declaró nulas las licencias otorgadas en 2003 y 2005 porque se dieron en suelo rústico.

 

Al propietario sólo le cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición.

 

La “pasividad manifiesta” del Ayuntamiento de Telde para ejecutar la sentencia que en septiembre de 2010 anuló los acuerdos municipales de 2005 por el que se dieron licencia de apertura a la gasolinera construida a la entrada a Las Remudas desde la Avenida del Cabildo ha llevado a la Justicia a poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía para que exija las “responsabilidades penales que pudieran corresponder” a la Alcaldía por no cumplir el fallo judicial firme, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD.

  

La magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en un auto de fecha 10 de abril de 2014, cuestiona el proceder del Ayuntamiento de Telde al no proceder a la cumplimentación de la sentencia ni responder a sus requerimientos para que le informara sobre el estado de la ejecución.

  

Por ello, “visto el estado de las actuaciones y ante la pasividad manifiesta” del Ayuntamiento, Ramírez pide al Ministerio Fiscal que “deduzca” testimonios de particulares a fin de exigir las responsabilidades penales que pudieran derivarse del incumplimiento de esta sentencia (pulse aquí para ver su contenido íntegro).

  

Mediante la sentencia dictada en septiembre de 2010, largamente esperada por los denunciantes, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso fuera de la ley a la gasolinera levantada a La entrada a Las Remudas desde la Avenida del Cabildo, al declarar nulas tanto la licencia de obra otorgada a la mercantil Estaser Canarias SL como la licencia de apertura del surtidor construido delante de la vivienda de la familia denunciante.

  

Según consta en el fallo judicial, el TSJC dicta que los permisos de obra (de 2003) y de apertura (de 2005) otorgados por el Ayuntamiento de Telde no se ajustan a derecho, admitiendo un recurso de apelación interpuesto por el propietario de la vivienda afectada por los ruidos de la gasolinera, José Manuel González, quien ha mantenido durante años una lucha constante en los Juzgados contra las decisiones del consistorio teldense en favor de Estaser Canarias SL y Repsol, compañía que explota el surtidor de combustible.

  

El recurso de apelación reconoció al demandante la totalidad de sus pretensiones de cierre y declaración de ilegalidad de la gasolinera, estimadas solo en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de 18 de septiembre de 2009.

  

La decisión del Tribunal Superior, por la que se anula la licencia de obra -por tanto deviene la gasolinera en una construcción ilegal- y la de apertura -debería proceder al cese de su actividad y el cierre de la instalación que consta, además, de cafetería, tienda y servicios de lavado y secado de vehículos, generador del principal problema de ruidos- deniega a su vez el recurso presentado por el Ayuntamiento de Telde, que solicitó dar por válidas las licencias otorgadas. La Sala condenó al Consistorio a las costas judiciales.

  

El argumento mantenido por José Manuel González y su representación jurídica, de que la licencia de obra concedida en abril de 2003 va en contra de la normativa urbanística contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de Telde, fue clave para darle la razón, ya que la gasolinera se construyó sobre unos terrenos calificados como rústicos que fueron adquiridos por la mercantil de la familia de Carlos Sánchez Ojeda, curiosamente, desde julio de 2003, consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria bajo la presidencia de José Manuel Soria.

  

La lucha de la familia de José Manuel González dio sus frutos por la vía de lo contencioso. Sin embargo, en 2005 se abrió la vía penal, a través de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sustanciada sin éxito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que en enero de 2006 emprendió una investigación, cerrada finalmente, contra el entonces concejal de Urbanismo de Telde, Guillermo Reyes, por un presunto delito de prevaricación en la ubicación, construcción y apertura de la gasolinera.

  

La denuncia ante el Juzgado, presentada el 1 de enero y ratificada el 30 de enero de 2006, llegó después de que los vecinos afectados por los ruidos de la gasolinera acudieran a la Fiscalía Anticorrupción, ante las "actuaciones presuntamente delictivas" realizadas por Ayuntamiento, Cabildo, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y Repsol.

  

El fiscal Anticorrupcion decidió derivar el asunto al fiscal de Medio Ambiente, Guillermo de Ávila y finalmente se presentó la primera denuncia, no sólo contra Guillermo Reyes, sino contra los técnicos que dieron el visto bueno al expediente.

  

Las actuaciones de los vecinos de Las Remudas contra la gasolinera llevó en 2004 al Ayuntamiento de Telde, al aparecer el caso en la prensa canaria, a decretar el cierre de la instalación. Aún así, recogía la denuncia ante el fiscal, "a despecho de las apariencias, el cierre no se ejecuta".

  

El escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el 27 de junio de 2005, ya revelaba que el suelo donde se ubica la estación de servicios de la compañia Repsol en Las Remudas es propiedad de la empresa Estaser Canarias, SL.

 

El solar donde en 1999 el Ayuntamiento de Telde permitió instalar la gasolinera, construida entre agosto y septiembre de 2003 está destinado en el Plan General de Ordenación Territorial de Telde a la construcción de viviendas subvencionadas.

  

Sin embargo, en el momento de la autorización estaba calificado de protección agrícola y, según recogía la denuncia ante la Fiscalía, actualmente continúa con la misma calificación: suelo rústico de protección paisajística, como ha ratificado este octubre de 2010 el TSJC en la vía contenciosa.

  

El escrito presentado a Anticorrupción denunció también que "ha sido imposible seguir la pista de las distintas calificaciones que haya podido sufrir dado el hermetismo de la corporación y las dispares opiniones e informes verbales del personal consultado en Urbanismo".

 

La situación, calificada como irregular por el TSJC, de la gasolinera alcanza también a su licencia de apertura. Si bien la estación de servicios entró en funcionamiento en enero de 2004, según pudo saber este diario el Ayuntamiento de Telde no aprobó la licencia de apertura hasta abril de 2005, aunque, tras la reiteradas denuncias de los vecinos por la contaminación acústica que produce la estación, el entonces concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, aseguró a los afectados que no firmaría la licencia hasta que "no se construya un muro perimetral y se proceda a la insonorización de la zona afectada".

  

Además, la denuncia contenía -con grabaciones de video- situaciones extrañas como llamadas a la policía local ante el excesivo ruido en la estación de servicios, cuyos encargados son avisados antes de que se personen dotaciones de la policía local, que cuando llegan al lugar no perciben contaminación acústica alguna.

  

Los vecinos detectaron la realización de obras en la gasolinera, con la utilización de martillos neumáticos, junto a los surtidores de combustible y sin dejar de suministrar carburante al público. Tanto el Ayuntamiento de Telde como la Consejería de Industria del Gobierno canario y la Inspección de Trabajo fueron informados de manera oficial por los vecinos de estas obras, y sólo la Inspección de Trabajo respondió a los afectados, con la ratificación de la veracidad de los hechos.

  

La denuncia vecinal fue presentada contra las instituciones debido a que "las autoridades -a las que se han dirigido desde hace años los afectados- no han hecho nada para paliar el problema, sino por el contrario se han estado burlando, mareándonos y mandándonos de un lado a otro y prometiéndonos actuaciones que nunca llegan a cumplirse".