La alcaldesa de Telde abre una investigación interna para saber qué técnico cambió el convenio de La Mareta

Telde.- Lo dijo semanas atrás cuando le llegó la notificación de la imputación y ahora lo ha vuelto a ratificar. La alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, ha ordenado la apertura de una investigación interna para esclarecer algunas dudas que le despierta la tramitación de un expediente de La Mareta por el que, no en vano, ella figura entre los cinco imputados en las diligencias abiertas recientemente por el Juzgado número 2 de Telde.

  

La jueza, Virginia Peña, investiga la denuncia presentada por un empresario, Julián Gómez del Castillo, que advierte de la comisión de posibles delitos en la compra por parte del Ayuntamiento de una parcela de La Mareta al también empresario Ambrosio Jiménez. El denunciante no pone en duda la decisión, que deviene de la necesidad de hacer cumplir una sentencia que obligaba al Consistorio a recuperar esa parcela, sino la forma en que se adquirió.

 

Según publica Canarias7, Castellano ha ordenado la incoación de dos expedientes de información reservada y lo ha hecho en sendos decretos firmados el 6 de junio de 2014. Uno busca averiguar quién y por qué modificó una de las cláusulas del convenio que se firmó con Jiménez para la adquisición de la parcela. En el que se aprobó en un Pleno de diciembre de 2011 se decía que en cuanto se firmara, el solar pasaba a manos del Ayuntamiento, pero en el que realmente se firmó pocos días después, en enero de 2012, esa cláusula había sido modificada y retrasaba la recuperación del solar al momento en el que el Consistorio terminara de pagarla.Esta alteración, de hecho, es una de las claves de la investigación judicial abierta.

 

Y la otra investigación busca esclarecer quién y por qué facilitó copia del expediente de La Mareta en Urbanismo al denunciante. Al Gobierno le ha llamado la atención que Gómez del Castillo compareciera el 10 de septiembre de 2013 para solicitar acceso a los papeles y que tan sólo dos días después se le facilitara copia compulsada de lo que pedía cuando, sostienen desde el ejecutivo, no tenía derecho a que se le entregara esa documentación.