El empresario Ambrosio Jiménez declara en el Juzgado de Telde que la parcela de La Mareta estaba "bichá"

Telde.- El empresario Ambrosio Jiménez, que ayer declaró como imputado en el juzgado número 2 de Telde por supuestas irregularidades en el proceso por el que el Ayuntamiento le compró en 2012 una parcela en La Mareta, al que defiende el diputado del PP Miguel Cabrera Pérez- Camacho, dijo a la salida del Palacio de Justicia que él poco tiene que decir porque se limitó “a cobrar” un dinero que le pertenecía por el solar.

 

Según publica Canarias7, en sede judicial dijo que la finca estaba “bichá”. Esa parcela se la compró Jiménez al Ayuntamiento en subasta pública en 2005, pero en 2010 una sentencia del Juzgado de lo contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas obligó al Consistorio a recuperarla para devolvérsela al empresario que en 2003 ganó un concurso municipal y que se hizo con los derechos de superficie sobre esa parcela la y otras dos en La Mareta donde iba a construir un centro comercial, un hotel y un geriátrico.

 

Ese empresario, Julián Gómez del Castillo, entiende que la tramitación del expediente para devolverle el solar fue irregular e interpuso la denuncia que se investiga en el juzgado del que es titular la jueza Virginia Peña. El letrado Manuel Cáceres le representa en el proceso.

 

Entre los imputados que ayer fueron llamados al juzgado, como Jiménez, figura el entonces edil de Urbanismo, hoy de Presidencia y Sanidad y portavoz del PP, Francisco López, que, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar. No contestó ni siquiera a las preguntas de la jueza.

 

Quien sí habló, y lo hizo de forma extensa, fue el secretario municipal, Ángel Sutil, al que la acusación denunció por asegurar en un informe jurídico que la decisión judicial de anular el pleno de diciembre de 2011 en el que el Ayuntamiento aprobó el convenio con Jiménez afectaba sólo a la convocatoria de la sesión y no a los acuerdos adoptados.

 

Entre los delitos que se investigan figura prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y desobediencia a la autoridad judicial.