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La finca de San Rafael está destrozada (Foto TA) La finca de San Rafael está destrozada (Foto TA)

El TSJC insta a Telde a ejecutar la sentencia que anuló la permuta de la finca de San Rafael

El Alto tribunal canario obliga al Ayuntamiento y Santana Cazorla a resarcirse las culpas

cojeda Domingo, 22 de Junio de 2014 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Tribunal Superior de Justicia de Canaria insta tanto al Ayuntamiento de Telde como a la empresa Santana Cazorla a ejecutar el fallo judicial que anuló la permuta suscrita por ambas partes en 2004 por el que la Institución municipal intercambio parcelas ubicadas en la llamada milla de oro por la finca de San Rafael.
 
La sentencia, que se conoce data del 21 de abril pasado y no se puede recurrir, pone de relieve que el fallo que anuló aquella permuta promovida por el pacto PP/AFV Ciuca, siendo alcalde Francisco Valido y concejal de Urbanismo Guillermo Reyes, no es inejecutable, como pedían al alimón el Consistorio y Santana Cazorla, según publica Canarias7.
 
El Ayuntamiento y la empresa, pese a ser supuestos adversarios en este proceso, coincidieron en recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el auto del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas, del 14 de noviembre de 2012, que ya les había rechazado su pretensión de que declarase la “imposibilidad material y legal” de ejecutar la sentencia que anuló la permuta, firmada en 2004, en tiempos de PP y Ciuca.
 
En aquella polémica operación urbanística, Telde se hacía con una finca, la de San Rafael, de 144.000 metros cuadrados, en La Higuera Canaria a cambio de entregar a su propietario, Iniscan, del grupo Santana Cazorla, varias parcelas en Marpequeña. Dictada la sentencia, el Consistorio tendría que devolver la finca a Iniscan, y la empresa hacer lo propio con las parcelas, pero el Gobierno actual alegó que no podía porque la finca estaba destrozada, ya no estaba igual que como la recibió, e Iniscan sostuvo que los solares los había vendido a terceros.
 
Ahora el TSJC dice que nada de eso es óbice para que cada bien vuelva a su propietario original. Además, el ponente de esta sentencia, el magistrado García Otero, no entiende que el Ayuntamiento se agarre al mal estado de la finca cuando si está así es por su “desidia”. E insta a ambas partes a resarcirse culpas.
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