El Ayuntamiento recurre una sentencia que le obliga a readmitir a una asesora de CC

Telde.- El Ayuntamiento de Telde recurrirá una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas que le obliga a readmitir a una asesora adscrita al grupo Coalición Canaria al considerar que su despido en septiembre del pasado año fue nulo. El fallo judicial no es firme y la Institución municipal ha anunciado ya que interpondrá recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD.

 

En el fallo judicial de cinco páginas, dictado el pasado  23 de mayo por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado Miguel Ángel Limón Luque estima la demanda presentada por Carmen Desirée Melián, cargo eventual nombrado por la Alcaldía de Telde y adscrita a Coalición Canaria, grupo del que era militante,  y considera nulo su despido del 30 de septiembre de 2013, por lo que obliga al Ayuntamiento a readmitirla de forma inmediata y pagarle los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 80,87 euros diarios.

 

Limón basa su resolución en que Melián estaba embarazadas en el momento de ser cesada como cargo de confianza y en que desarrolló "multitud de funciones" relacionadas con eventos municiaples, "ninguna de las cuales tenían el carácter de confianza o de componente sensible desde el punto de vista político que justificase la creación de una relación funcionarial eventual". Sostiene además que estaba integrada en el poder organizativo del Ayuntamiento, "tal y como se desprende de los correos electrónicos aportados como  prueba".

 

Como la sentencia no es firme, el Ayuntamiento interpondrá un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La representación legal del Consistorio sostuvo en el juicio que Melián fue contratada como personal eventual el 12 de junio de 2011 y que, por lo tanto, no tenía relación laboral alguna con la Administración municipal. Planteó que el Juzgado de lo Social no era competente para dirimir este pleito, petición que fue desestimada por el magistrado.