Avance: Urbanismo abre un expediente de derribo de la gasolinera de Las Remudas para cumplir con la Justicia

Telde.- La alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, convocó este viernes una reunión urgente con los responsables de Urbanismo y Planeamiento, entre ellos Pablo Rodríguez, para abordar el asunto de la sentencia de la gasolinera de Las Remudas, que decretaba su cierre y que aún no ha sido ejecutada. Tras el encuentro se ha decidido abrir un expediente de derribo para cumplir así el mandato judicial.

 

Tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD este jueves, la “pasividad manifiesta” del Ayuntamiento de Telde para ejecutar la sentencia que en septiembre de 2010 anuló los acuerdos municipales de 2005 por el que se dieron licencia de apertura a la gasolinera construida a la entrada del barrio desde la Avenida del Cabildo ha llevado a la Justicia a poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía para que exija las “responsabilidades penales que pudieran corresponder” a la Alcaldía por no cumplir el fallo judicial firme. 

 

La magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en un auto de fecha 10 de abril de 2014, cuestiona el proceder del Ayuntamiento de Telde al no proceder a la cumplimentación de la sentencia ni responder a sus requerimientos para que le informara sobre el estado de la ejecución.

 

Por ello, “visto el estado de las actuaciones y ante la pasividad manifiesta” del Ayuntamiento, Ramírez pide al Ministerio Fiscal que “deduzca” testimonios de particulares a fin de exigir las responsabilidades penales que pudieran derivarse del incumplimiento de esta sentencia. Con la apertura del expediente y su posterior derribo se estaría cumpliendo el dictamen judicial.

 

Mediante el fallo dictado en septiembre de 2010, largamente esperada por los denunciantes, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso fuera de la ley a la gasolinera, al declarar nulas tanto la licencia de obra otorgada a la mercantil Estaser Canarias SL como la licencia de apertura del surtidor construido delante de la vivienda de la familia denunciante.

  

Según consta en el fallo judicial, el TSJC dicta que los permisos de obra (de 2003) y de apertura (de 2005) otorgados por el Ayuntamiento de Telde no se ajustan a derecho, admitiendo un recurso de apelación interpuesto por el propietario de la vivienda afectada por los ruidos de la gasolinera, José Manuel González, quien ha mantenido durante años una lucha constante en los Juzgados contra las decisiones del consistorio teldense en favor de Estaser Canarias SL y Repsol, compañía que explota el surtidor de combustible.

 

El recurso de apelación reconoció al demandante la totalidad de sus pretensiones de cierre y declaración de ilegalidad de la gasolinera, estimadas solo en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en sentencia de 18 de septiembre de 2009.

 

La decisión del Tribunal Superior, por la que se anula la licencia de obra -por tanto deviene la gasolinera en una construcción ilegal- y la de apertura -debería proceder al cese de su actividad y el cierre de la instalación que consta, además, de cafetería, tienda y servicios de lavado y secado de vehículos, generador del principal problema de ruidos- deniega a su vez el recurso presentado por el Ayuntamiento de Telde, que solicitó dar por válidas las licencias otorgadas. La Sala condenó al Consistorio a las costas judiciales.