Última Hora: La Justicia abre una investigación sobre el pago de un solar de La Mareta con dinero del ICO

Telde.- La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, ha abierto diligencias previas para aclarar la compra por el Ayuntamiento al empresario Ambrosio Jiménez de un solar en La Mareta. La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia de otro empresario, Julián Gómez del Castillo.

 

Por lo que ha trascendido, una comisión judicial, conformada por la secretaria de ese Juzgado y dos agentes de la Policía Judicial, se personó el miércoles de esta semana, día 26 de marzo, en la Alcaldía  de Telde para recabar la documentación que solicitaba la magistrada  y el Gobierno local se la facilitó en esa misma mañana, según avanza el periódico Canarias7.

 

Según fuentes municipales consultadas por dicho rotativo, la secretaria y agentes se llevaron papeles vinculados con los trámites que tuvo que poner en marcha el Ayuntamiento en 2012 para recuperar una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta que se le había vendido en 2005 por 10 millones de euros a la mercantil Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, propiedad de Ambrosio Jiménez. Una sentencia, que ya era firme, obligaba al Consistorio a recuperar aquel solar, que pertenecía a las llamadas parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, y a poner ambas otra vez a disposición del empresario al que en 2003 el gobierno de PP y Ciuca le quitó la concesión para levantar y explotar un centro comercial, un hotel, un geriátrico y aparcamientos. Era Julián Gómez del Castillo, que fue justo el que interpuso esa denuncia que ahora investiga la jueza Peña.

 

La comisión judicial pidió desde el convenio que se pactó con Jiménez para el pago aplazado del solar hasta el expediente de facturaas del préstamo avalado por el ICO que hizo posible que el Ayuntamiento le abonara la parcela en 2012 por 13,2 millones de euros. También solicitó varias actas de pleno.

 

Gómez del Castillo presentó su denuncia en junio de 2013 y pide a la jueza que aclare si la alcaldesa  Mari Carmen Castellano y el edil Francisco López, ambos del PP, incurrieron en prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.