NC siempre sostuvo que el Caso Los Alisios fue un "montaje" para sacar a Jiménez de la vida política

Telde.- Ildefonso Jiménez se agarró anoche a la “prudencia” para no emitir un juicio sobre la sentencia de la Audiencia Provincial que lo absuelve de la condena a 18 meses de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público municipal que le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de licencias en la urbanización Los Alisios (La Garita).

 

Jiménez, al que TELDEACTUALIDAD le hizo llegar el fallo judicial conocido a primera hora de la noche de este lunes por indicación expresa de Guillermo Reyes, acusador popular en esta causa judicial, no pudo ocultar la emoción al tener la certeza por un redactor de este medio de la veracidad de lo avanzado al filo de las 21.12 horas sobre su absolución al triunfar ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial el recurso de apelación que había presentado.

 

El nacionalista, que tomó la decisión de dejar la política activa y se refugió en su actividad como docente en el Centro de Educación de Adultos del Valle de Jinámar tras el fallo judicial condenatorio de noviembre de 2012, mostró su “alegría”, pero quiso ser “prudente” antes de pronunciarse sobre una sentencia de 17 folios en el que la Audiencia Provincial viene a reconocer que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no quedar acreditado que cometiera el delito que la magistrada Mónica Oliva le imputó en primera instancia.

 

Jiménez anunció que este martes comparecerá ante los medios para dar a conocer su opinión sobre el pronunciamiento firme de la Audiencia Provincial ante el que no cabe recurso alguno.

Francisco Santiago, exalcalde y entonces presidente de NC cuando se conoció la sentencia condenatoria, defendió la iocencia de Jiménez. "No tengo duda alguna sobre la honestidad y honradez”, al tiempo que avanzaba que su compañero de partido recurriría el fallo de Mónica Oliva porque  “hay que llegar hasta el final porque todo ha sido un montaje”.

  

“No tenemos la menor duda de que Ildefonso no ha prevaricado. Todo ha sido una trama de PP y Ciuca con los funcionarios  gratificados para falsificar documentos con el fin de que pudiera prosperar una acción de este tipo”, subrayaba Santiago, quien puso a su compañero de partido como “ejemplo de honestidad”.

  

“Las dudas que no tenemos de Ildefonso si las tenemos de que aquellos han sido detenidos y esposados por corrupción en Telde”, añadía Santiago.

El hoy exedil nacionalista Ildefonso Jiménez siempre defendió su inocencia y sostuvo antes, durante y después del juicio que “se llevaron documentos del expediente para poder denunciarme”.

 

Así de tajante se mostró también en la apertura del juicio oral del Caso Los AlisiosAlisios, en el que se le juzgó por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística en la concesión del reconocimiento final de obra y las cédulas de habitabilidad a 4 viviendas en La Garita, entre ellas la del exsenador José Mendoza, con un supuesto informe desfavorable.

  

En su declaración ante Mónica Oliva, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Jiménez sostuvo que firmó las licencias de reconocimiento final de obra y las cédulas de habitabilidad a 4 viviendas en La Garita, entre ellas la del exsenador José Mendoza, tras leer una propuesta de resolución del entonces jefe de Urbanismo, José Luis Mena, en la que “hacía referencia a informes favorables” que, sin embargo, no obran en el expediente ni en la copia cotejada que los denunciantes, el grupo de Gobierno de Ciuca y PP, entregaron en los juzgados en 2006.

  

Cabe recordarse que al inicio de la vista, la defensa de Jiménez solicitó la suspensión del juicio al considerar “determinante” en la causa la resolución de otro procedimiento por el que está imputado José Luis Mena y que se refiere a la presunta falsificación de un informe desfavorable relacionado con el caso Los Alisios. Dos pruebas periciales, una de ellas de la Guardia Civil, refrendaron en la fase de instrucción los argumentos esgrimidos por la defensa, que mantiene que el informe no fue firmado en 2002, como dice Mena, sino que fue incorporado al expediente en 2005.

  

La petición de la defensa fue rechazada para “no dilatar el proceso” y la jueza dio por iniciada la vista oral, que en su primera sesión se prolongó durante cinco horas con las testificales de los acusados, Ildefonso Jiménez y su asesor Juan Manuel Cabrera, y de cuatro testigos: Guillermo Reyes, José Luis Mena y los funcionarios Emilio Hernández e Isabel Roldán.

  

Jiménez explicó que el volumen de expedientes que se tramitaban en Urbanismo en la fecha a la que hacen referencia los hechos –entre 2001 y 2002- era muy abultado y que la firma de las licencias dependía de que los informes que mencionaba la propuesta de resolución fueran positivos y de que ‘’no hubiera algún aviso de que se estuviera cometiendo alguna irregularidad”. ‘’Es imposible revisar el expediente completo”, añadió, a la vez que aseguraba creer “a pies juntillas” en el trabajo de los técnicos de la administración.

  

Además, señaló entonces a pregunta de su abogado que fue Mena quien dio la orden de foliar los expedientes “meses antes de presentar la denuncia”.

  

El jefe de Urbanismo, por su parte, negó que firmara una propuesta de resolución favorable a la concesión de la licencia. ‘’Es imposible porque había un informe desfavorable”, aseveró Mena, que ha intentado implicar a Juan Manuel Cabrera, quien, afirmó, “ejercía una labor fiscalizadora de todos los expedientes antes de que llegaran al concejal”. Respecto a este punto, tanto Jiménez como Cabrera habían declarado con anterioridad que el segundo solo intervenía en aquellos expedientes que eran competencia de pleno.

  

Tanto Mena como Guillermo Reyes testificaron que tuvieron conocimiento del expediente después de que uno de los interesados se acercara al Ayuntamiento a solicitar una copia de la cédula de habitabilidad. ‘’Fue un auxiliar quien se dio cuenta de que el expediente había sido archivado con deficiencias. Había un informe desfavorable y era ilegalizable. Había que demoler”, sentenció el jefe de Urbanismo.

  

Emilio Hernández fue el técnico que elaboró en el año 2001 un informe desfavorable a la concesión de las licencias por exceso de edificabilidad e incumplimiento de la normativa municipal. Hernández relató en el juicio que su labor en este caso finalizó con dicho informe, hasta la solicitud de reconocimiento final de obra, y dijo desconocer si hubo posteriormente un informe posterior favorable de otro técnico, aunque advirtió que “no cabía” en este proceso porque “la vivienda era ilegalizable y tenía que demolerse”.

  

El abogado de la defensa intervino durante el interrogatorio al técnico para hacer constar que en el expediente había un vacío documental entre septiembre de 2001 y noviembre de 2004, sin que existiera el preceptivo acuse de recibo del interesado para que pudiera alegar o el traslado del informe desfavorable a los interesados, lo que fue corroborado por Hernández.

  

El momento más tenso de la primera jornada de aquella sesión del juicio oral del caso Los Alisios llegó con la declaración de la funcionaria Isabel Roldán. Visiblemente nerviosa, la que fuera auxiliar administrativa del departamento de Planeamiento en aquella época acusó a Mena de anticiparle que los informes técnicos eran favorables “cuando no lo eran” para que fuera elaborando los jurídicos. ‘’Cuando había un informe desfavorable, no se comprometía”, apostilló Roldán, que asegura que recibió la orden del jefe de Urbanismo de no transcribir en las propuestas de resolución los informes técnicos.