Francisco Gordillo declara ahora que la Policía le obligó a imputar a políticos y manipuló pruebas en el Caso Europa

Telde.- Francisco Gordillo, el ex asesor de la fallecida concejal de Telde María Antonia Torres, ha dicho este jueves en el curso de su declaración como testigo en el juicio del Caso Europa que todas sus supuestas confesiones sobre el pago de comisiones a políticos "son falsas". Aseguró que todo lo hizo presionado por la Policía.

 

Afirmó que dos agentes, Murillo y Ayuso, le amenazaron con "meter en la cárcel" a su mujer y a sus hijos "si no decía lo que ellos querían" y afirmó que habían manipulado pruebas. Dijo que la jefa superior de Policía de Canarias en 2006 estaba implicada en la presión según publica Canarias7.

 

El testigo, imputado en la trama de Faycan, expuso que era ahora cuando decía la verdad porque estaba bajo juramento, y aseveró que la policía le había obligado a acusar, entre otros, al diputado regional Jorge Rodríguez, uno de los principales imputados en el caso Europa. Afirmó que todo lo referido en cuanto a comisiones a políticos y funcionarios se lo había "inventado".

 

El fiscal Luis del Río le preguntó por qué no había denunciado estas presiones, y el testigo replicó: "Lo voy a hacer ahora". Del Río pidió la deducción de testimonio contra Gordillo por mentir bajo juramento. Los letrados de la defensa interesaron una investigación penal inmediata sobre sus aseveraciones.

 

El presidente de la Sala de lo Civil y Penal que juzga el caso, José Ramón Navarro, ha dicho que resolverá en la sentencia lo reclamado por las partes, según publica CanariasAhora.es.

 

Gordillo ha explicado que las presiones comenzaron el día 3 de marzo de 2006, cuando tras ser detenido y permanecer 70 horas incomunicado en la comisaría de La Isleta, el inspector al cargo del caso le manifestó que, si no declaraba lo que le decían, detendrían a toda su familia.

 

Asimismo, ha afirmado que también fue presionado por otro inspector y por la exjefa Superior de la Policía en Canarias Concepción de Vega, quien ha dicho que le engañó porque le dijo que solo iba a estar cinco días en la cárcel, y estuvo 54, y que si colaboraba a él no le pasaría nada y no sería imputado.

 

Según Gordillo, las presiones que sufría le obligaron a trasladarse a vivir con su familia a Madrid, aunque allí continuaron, si bien a partir del 2008 cesaron, y entonces como le dejaron de "molestar" su abogado le recomendó que esperara.

 

"Ahora ha llegado el momento, porque he jurado (decir la verdad) y soy creyente", ha manifestado el exasesor de Torres, quien ha anunciado que iba a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia al abandonar la Sala, si bien al concluir la vista ha dicho a los periodistas que lo hará cuando acabe el juicio.

 

Durante la jornada de este jueves, han declarado también cuatro policías que participaron en diversos registros de domicilios y viviendas, así como uno que además fue el que actuó como secretario en la denuncia de Benítez Cambreleng, a los que las defensas han preguntado sobre las supuestas irregularidades policiales que afirman que se cometieron en este proceso.

 

 

El caso Europa, desgajado de la trama Faycán, se centra en las supuestas comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), entre los años 2003 y 2006, para construir viviendas de protección oficial en el municipio.

  

El caso se juzga en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforado de uno de los siete implicados -el diputado Rodríguez-, en diez sesiones que fueron fijadas desde el 17 de enero hasta el 25 de marzo.

  

La Fiscalía Anticorrupción solicita en este procedimiento penal un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el parlamentario del PP, al que imputa dos delitos de tráfico de influencias.

  

En su calificación provisional de los hechos, el fiscal Anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber actuado de mediador de esa empresa y de haber recibido a cambio en esos años 64.000 euros, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias.

 

De hecho, la Fiscalía sostiene que Jorge Rodríguez era "una pieza fundamental en los ilícitos proyectos" del socio mayoritario del Grupo Europa, el también procesado José Manuel Antón Marín.

 

El caso Europa es la pieza separada número 38 del caso Faycán, la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al TSJC.

  

El caso estaba listo para ser juzgado hace meses, pero la fecha de la vista oral se retrasó después de que el anterior presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano -hoy jubilado- cometiera un error al designar a los magistrados que iban a componer la Sala.

  

Aunque Castro Feliciano reconoció su equivocación y lo enmendó poco después, Rodríguez se querelló contra él por prevaricación, lo que provocó que el asunto llegara hasta el Tribunal Supremo, que acabó desestimando las acusaciones del diputado contra el magistrado.  

 

El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edil de Urbanismo fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento.  

 

El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.  

 

Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.  

 

El séptimo acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.  

 

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2003 y 2004, Antón Marín se propuso desarrollar su actividad inmobiliaria en Gran Canaria, comenzando en los ayuntamientos, con el objetivo de conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial, y para lograr sus objetivos recurrió al pago de comisiones. 

 

Según el fiscal, Antón Marín conoció en esas fechas al diputado Rodríguez, que además era un destacado miembro del PP en Canarias, y acordó con él, a cambio del pago de ciertas cantidades de dinero, que influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por su partido para que contratasen con su sociedad Gestión de Cooperativas Europa, dedicada a la gestión y promoción inmobiliaria.  

 

El gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, se enfrenta a una pena de seis años de prisión y una multa de 90.000 euros, por los delitos de prevaricación, cohecho, contra el mercado y a los consumidores y falsedad, mientras que su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad.  

 

Al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, el fiscal le imputa los delitos de falsedad y cohecho, por los que pide una pena de ocho años de prisión y una multa de 90.000 euros; y al responsable del departamento de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, los delitos de cohecho, por lo que pide tres años de prisión y multa de 180.000 euros.  

 

El fiscal considera a Benítez Cambreleng autor de delitos de cohecho y falsedad, si bien le aplica la atenuante muy cualificada de confesión, por lo que reclama para él una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de una multa de 23.000 euros y otra de 15 euros diarios durante tres meses.  

 

Anticorrupción interesa la inhabilitación para empleo o cargo público de los acusados Juan Carlos Saavedra, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, por espacio de nueve años.