Envite a la zona cero de Telde

En diciembre de 2008 publicaba una reflexión en TELDEACTUALIDAD la que traía a colación el interés de un medio de comunicación por un tema que hasta entonces parecía haber sido impermeable a un profundo análisis social. Casi 6 años después el Canarias7 recupera en portada el asunto y lo denuncia en primera plana. Era la crónica de un fracaso anunciado. El duro titular bajo el que se sumerge toda la realidad que lo rodea así lo demuestra; “La Zona Cero de Telde”, reza.

 

El cerco que rodea el faraónico proyecto del Palacio de las Artes y la Cultura de Telde muestra ahora un espectáculo lamentable. Más de 14 millones de euros destinados a erigir el menudo esqueleto de la infraestructura a medio terminar que se encuentra hoy inacabada y recubierta de graffitis. Otros 11 millones esparcidos en las obras aledañas destinadas a poner la zona en el mapa cultural de Canarias, decían, son hoy un símbolo del gasto excesivo que se practicó durante los años de bonanza económica.

 

Un modelo de gasto público que dejó exponentes en muchas partes de España. No hace tanto, un día 25 de marzo de 2011, Francisco Camps y Carlos Fabra inauguraban el Aeropuerto de Castellón con 1.500 personas venidas de todas partes de la Comunidad Valenciana, pero ni un solo avión, ni un solo turista, ni un solo trabajador aeroportuario. A día de hoy, los 150 millones de euros empleados en aquel aeropuerto siguen sin generar más tráfico aéreo que el de los aviones que sobrevuelan la provincia desde Madrid rumbo a las Islas Baleares. Un despropósito para la ciudadanía que ve empleados sus impuestos en grandes cementerios de ladrillo.

 

Millones de euros enterrados hoy en hormigón producto del despilfarro económico destinado a acelerar la carrera que se marcaron algunos gestores públicos. Aquellos que malgastaron el dinero sin conciencia de las consecuencias y aquellos a los que les pudo fardar de disponer de la infraestructura más cara y moderna, sin ocuparse de la utilidad, la demanda, la amortización, el mantenimiento, la explotación y, sobre todo, la rentabilidad. Se perdieron entre recursos propios y subvenciones europeas venidas a menos, se ahogaron en el oscuro y profundo mar del falso éxito.

 

Años en los que hablar de rentabilidad en la gestión pública era casi un disparate. Se entendía que la administración era un saco cuyo fondo era incalculable y del que podrían sacar tanto dinero como ideas gradilocuentes brotasen de sus privilegiadas posiciones de presidentes, consejeros, concejales, directores generales y alcaldes.

 

La rentabilidad no trata únicamente de generar un beneficio adicional en términos económicos o financieros. Los criterios de gasto de la administración pública deben contemplar los beneficios extraordinarios de una infraestructura o de un servicio público en términos de rentabilidad social, y tal aspecto debe ser calculado previamente a la inversión, en la medida en la que el gasto público ejercido genera recursos que proveen de beneficios a la sociedad en su conjunto.

 

No concibo un proyecto de iniciativa pública que no implique la prestación de servicios de calidad contrastable, la generación de empleo, el aumento de la oferta y la diversificación del mercado local. Los modelos de gestión pública deben tender a esto. El interés general debe imperar por encima de los proyectos personales que se emprenden a costa del contribuyente. Es indispensable que cada euro de inversión pública esté debidamente justificado a través de rigurosos estudios de viabilidad que garanticen el equilibrio financiero de las infraestructuras públicas y que generen confianza en la ciudadanía y en los inversores privados.

 

Es una apuesta por la gestión inteligente de los fondo públicos y por un modelo centrado en satisfacer las necesidades de la ciudadanía atendiendo al interés general. Es el envite al que nos debemos someter los políticos en esta nueva etapa de la gestión pública.