La Policía sotiene que posee "ingentes" pruebas del pago de sobornos a políticos y funcionarios de Telde

Telde.- La Brigada de Información de la Policía Nacional se apoyó en una “cantidad ingente” de documentación para acreditar presuntas comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde a cambio de la adjudicación de concursos para la construcción de viviendas .

 

“Nadie ha manipulado pruebas”, aseguró ayer el que fuera instructor policial del llamado Caso Europa, la pieza separada número 38 de la trama Faycán, que estalló en marzo de 2006 y se centra en la supuesta corrupción del gobierno municipal del PP hace dos mandatos, según detalla en una crónica de Haridian Mederos que publica el periódico La Opinión de Tenerife.

 

En una nueva sesión del juicio que arrancó el 17 de enero en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, el agente, en calidad

de testigo, negó la manipulación de pruebas por su parte y por miembros del equipo a sus órdenes. Se sometió a un exhaustivo interrogatorio de más de cuatro horas por parte de Juan David García, el abogado del propietario del Grupo Europa José Manuel Antón Marín, para quien la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, y la imposición de una multa de 600.000 euros. El letrado cuestionó la imparcialidad de la investigación policial, la cadena de custodia del material incautado en las entradas y registros de sedes del Grupo Europa y domicilios de los implicados, así como el uso de una misma prueba para justificar unas detenciones en el Caso Faycán y otras en el de Europa.

 

En esta última causa están también imputados el diputado regional del PP Jorge Rodríguez, el exjefe de Urbanismo de Telde José Luis Mena, el exjefe de Patrimonio Pedro Pablo Santana, el exgerente de la empresa municipal de vivienda Urvitel Juan Carlos Saavedra y su esposa Verónica García.

 

A preguntas de García, el agente admitió que se reunió durante un mes y medio con José Francisco Benítez Cambreleng, exgerente del Grupo Europa antes de que declarara oficialmente en la Policía el 23 de abril de 2007 y cerrara su denuncia de 96 páginas. En ella aludía a pagos ilegales a diversos políticos y técnicos del Consistorio teldense por un total de 240.000 euros.

 

Fue un superior quien puso en contacto al testigo con Benítez porque tenía “mucha información”. A partir de ahí se produjeron “mu-

chas sesiones” en el domicilio del denunciante, que posteriormente pasó a ser imputado, al reconocer su participación en el pago de las comisiones ilícitas.

 

A varias entrevistas en la vivienda de Benítez asistió la que era segunda jefa regional del Cuerpo Nacional de Policía y otro agente. El letrado cuestionó esta forma de proceder de citarse en una casa,pero el instructor replicó que “puede darse con absoluta normalidad y con mucha frecuencia”. Puso como ejemplo el traslado de los agentes para tomar declaración a personas enfermas, aunque éste no era el estado de Benítez.

 

El inspector de Policía insistió en que “el único” origen de la apertura de la pieza sobre el Grupo Europa partió de la declaración de Benítez. Después, fue completada con otras diligencias y se relacionó con un pequeño bloc de notas con el logotipo de un hotel de Venecia que pertenecía a Antonia Torres, principal encausada en el Caso Faycán ya fallecida. En una hoja de dicho bloc, el documento 457 de la pieza separada, aparecían anotaciones manuscritas vinculadas a viviendas promovidas por Urvitel.

 

El agente rechazó relación alguna con otra libreta con un dibujo de Mickey Mouse de Torres, en la que ella supuestamente anotaba el reparto de dinero entre sus compañeros de gobierno local. Y es que la defensa de Antón le preguntó si habían utilizado la misma prueba para imputar a personas diferentes en dos investigaciones policiales.

 

Detectó equívocos en el foliado de documentación requisada y las fechas de diligencias y sus números de registros. El policía explicó que no era su responsabilidad, sino del secretario judicial. Con todo, aclaró que “no hay ningún error, sino que el sistema lo permite, ya que la investigación policial no es una ciencia exacta”. “¿No es cierto que manipulaban las diligencias y hacían lo que querían”, inquirió el abogado, a quien el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, interrumpió en ocasiones por considerar algunas preguntas impertinentes o reiterativas. El representante legal de Antón dijo que existe una querella contra este agente por falsedad y revelación de secretos en la operación Góndola en Mogán.