Telde se puede acoger otro año más a las ayudas para reparar las viviendas de primera necesidad

Telde.- El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, entidad insular conformada por la institución insular y los ayuntamientos, acaba de adjudicar una partida de 180.000 euros en concepto de ayudas para la reparación de viviendas de primera necesidad, una cuantía correspondiente al año 2013, ampliando en 335.000 euros este capítulo en la partida presupuestaria de 2014.

 

La consejera de Transportes y Viviendas, María del Carmen Rosario Godoy, insiste en "la enorme necesidad que tienen muchas familias de la Isla a la hora de realizar obras de emergencia en sus viviendas. En unos casos porque sus hogares no reúnen un mínimo de condiciones de habitabilidad y los recursos no les llegan para afrontar la obra y, en otros atendemos, con estas ayudas a personas que sufren problemas de movilidad y cuyas viviendas requieren un plan urgente de adaptación".

 

Por ello, la consejera Rosario puntualiza que "conscientes de que cada vez hay más familias necesitadas en este sentido desde la consejería de Vivienda del Cabildo hemos decidido ampliar esta partida en un 86 por ciento para el ejercicio 2014. Lo que se traduce en que pasamos de una partida de 180.000 euros para reparaciones de viviendas de primera necesidad en 2013 a una partida incrementada en 335.000 para este capítulo en el presupuesto de 2014".

Los peticionarios de estas ayudas son personas con cierto estado de necesidad, ello certificado por los Servicios de Asistencia Social de los mismos Ayuntamientos, quienes han baremado la situación económico-social de los solicitantes. También se ha puntuado, por los técnicos del Consorcio, la entidad de las reparaciones a ejecutar. Las puntuaciones determinantes en estas ayudas han sido el grado de urgencia de la reparación, condiciones de salubridad y habitabilidad, impermeabilizaciones y reparación de instalaciones.

 

Ya en el orden económico-social, han primado las condiciones de discapacidad necesitando adaptaciones de movilidad, dotaciones de baño o cocina y el status económico familiar según el rango de ingresos, número de miembros y ascendientes.

 

Se ha alcanzado así el tope máximo presupuestado de dichos 180.000 euros destinados a reparaciones estructurales de techos, obras varias de impermeabilización, supresión de barreras de movilidad, acondicionamiento de escaleras y las frecuentes reposiciones de enlucidos y techumbres de caja de escaleras.

 

Las ayudas no se materializan en dinero efectivo al beneficiario, sino que serán abonadas por el Consorcio -previa verificación facultativa por los técnicos del mismo- al contratista o proveedor de materiales, a cuyo efecto existe disponibilidad presupuestaria aprobada.

 

Las ayudas -conforme a los elementos a reparar- tienen un montante variable, rigurosamente paralelo al presupuesto de las obras a realizar: Desde 800 euros la de menor importe hasta 11.000 euros la máxima. Se presentaron un total de 183 solicitudes, de las que pudieron ser atendidas 53, por el orden baremado antedicho.

 

Con esta asignación de ayudas se cubre la etapa presupuestada para 2.013, estando ahora en curso, para el actual año de 2.014, nuevas convocatorias que serán debidamente hechas público tanto a través de los ayuntamientos como de los medios oficiales (B.O.P.) de aplicación.

 

Esta nueva etapa de Ayudas para 2014 se ha fijado en el Presupuesto del Consorcio de Vivienda -aprobado por su Consejo de Dirección y publicado en el B.O.P. de 6 de Enero corriente- con la cifra destinada a Reparaciones de 335.000 euros. Esto es, que se produce un aumento del 86% respecto a la cifra del ejercicio anterior, que según se dijo, fue de 180.000 euros. Conforme a las directrices emanadas de su Consejo de Dirección, que preside asimismo el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio Insular de Vivienda de Gran Canaria se adscribe así, con este esfuerzo inversor, a las políticas de Rehabilitación de Vivienda generadoras también de actividad laboral dirigida al principio constitucional del derecho a una vivienda digna.