Avance: La Sala hace suya la petición de Anticorrupción de rechazar las alegaciones de los acusados del Caso Europa

Telde.- El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, ha rechazado todas las alegaciones que presentaron este viernes las defensas de seis de los siete acusados del Caso Europa, una pieza separada del Faycan, que intenta esclarecer el supuesto pago de comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde entre 2003 y 2006. El juicio se inició esta mañana en el nuevo Palacio de Justicia de la capital grancanaria, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha hecho suya la petición del fiscal y ha desestimado  la petición de suspensión del juicio y nulidad de las actuaciones contra los siete procesados en la trama de presunta corrupción municipal conocida como caso Europa, por lo que continuará el próximo lunes con la declaración de los acusados.

 

El aplazamiento ha sido solicitado por el letrado de José Luis Mena, y secundado por la mayoría de las defensas de los procesados, entre los que figura el diputado regional del PP Jorge Rodríguez, por entender que primero se debía celebrar el juicio de caso Faycán, por ser la causa principal de donde partió esta pieza, la número 38.

 

El presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC José Ramón Navarro ha señalado que la suspensión no procede al no existir cuestión prejudicial, en esta primera sesión del juicio sobre las supuestas comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) entre los años 2003 y 2006 para construir viviendas de protección oficial.

 

Navarro, al término de esta primera sesión, que se ha centrado en las cuestiones previas propuestas por las partes, también ha indicado que se resolverán en la sentencia las distintas causas de nulidad planteadas por las defensas, salvo la ejercida por el propio acusado Francisco José Benítez Cambreleng, que fue el denunciante del caso en 2007 y que se ha opuesto a las mismas.

 

Así mismo, Navarro ha señalado que se ha admitido toda la prueba documental solicitada por las defensas, salvo dos, un auto sobre el caso Campeón y la grabación de una entrevista a Cambreleng que tuvo lugar este jueves en la cadena Ser. El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal, que está presidido por el también presidente del TSJC, ha rechazado las pruebas testificales solicitada por las defensas, que incluían la comparencia del actual ministro de Industria, Comercio y Turismo, el teldense José Manuel Soria.

 

Cambreleng, que declinó pronunciarse en cuanto a las cuestiones previas del juicio, se ha opuesto a estos testimonios, al igual que el fiscal Anticorrupción Luis del Río, quien expresó su petición al tribunal para que se rechazaran todas las cuestiones planteadas por el resto de las defensas, que solicitan la libre absolución de los acusados.

 

Entre las críticas que recibió de los letrados la instrucción de esta investigación, se encontraba la de dilación indebida. Cuestión que el representante del Ministerio Público justificó debido a los pocos recursos con los que cuenta la Justicia. Se atrevió incluso a asegurar que no le parecía ético que realizaran este planteamiento, teniendo en cuenta que el proceso se había retrasado por la cantidad de recursos que presentaban los imputados.

 

Los abogados de los acusados, entre los que se encuentra el diputado regional del PP, Jorge Rodríguez, además de funcionarios del Ayuntamiento de Telde, lamentaron también que se hubieran dejado pruebas y testigos fuera del proceso.

 

Además, también aseguraron que no se había respetado el principio de tutela judicial efectiva dada la "inacción" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al no haber realizado ninguna prueba más cuando asumió el caso, sino que incorporó la investigación completa que había realizado el juzgado de instrucción de Telde, e incluso argumentaron falta de motivación en las actuaciones, un secreto de sumario no justificado y que la instrucción del Caso Europa fue fruto de "intereres políticos". Por su parte, el Ministerio Fiscal sostuvo que en este caso no se había vulnerado este derecho.

 

A la petición del letrado de José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, de posponer el juicio para que se celebrara antes la vista del Caso Faycan, dado que la mayoría de las pruebas de esta pieza separada dimanan de este último y podrían quedar invalidades durante la celebración de su vista, Luis del Río sostuvo que no compartía que fuera necesario que se juzgara antes la causa principal.

 

El juicio, pasadas las 14.00 horas, continuaba aún con la exposición de cuestiones previas y no había comenzado a declarar ninguno de los acusados.  La vista oral comenzó poco antes de las 10.00 de mañana y la está realizando la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC al encontrarse entre los acusados un aforado, el diputado autonómico Jorge Rodríguez (PP).

 

Cabe destacar que la defensa del dirigente popular aseguró esta mañana, en las cuestiones previas a la vista, que su cliente siempre ha actuado en beneficio del interés público y nunca influir en el propio. Negó que hubiera recibido dádiva alguna y que fue consultado por representantes de Telde por su condición de abogado y, además, de especialista en materia urbanística, y que este hecho no puede separarse de su condición de diputado. Por ello pide su libre absolución.

 

También la defensa de José Luis Mena, al que le piden ocho años de prisión, solicita que sea absuelto. Sostiene que no ha ejecutado ninguna acción de repercusión penal ni ha recibido dinero a cambio. Simplemente, explica, ejecutó un expediente conforme a derecho. 

 

Por su parte, el responsable del departamento de Patrimonio de Telde, Pedro Pablo Santana, acusado por cohecho y al que solicitan tres años de prisión y multa de 180.000 euros, alega en su defensa que nunca cobró dinero y que este caso es por animadversión del denunciante. Sostiene que sólo se limitó a participar en reuniones en la se habló de la posibilidad de ceder suelo a Urvitel.

 

Por otro lado, el extrabajador del Grupo Europa, Francisco José Benítez Cambreleng, admite la el delito de falsedad y asegura que tuvo conocimiento meses después de que iniciarán los delitos. Solicita que se le rebaje la petición de pena a dos meses de cárcel en lugar de los tres que pide el fiscal.

 

Al inicio del juicio la Fiscalía solicitó presentar dos nuevas pruebas. Entre ellas una pericial con la firma de Mena sobre una propuesta de modificación puntual del suelo; además de las declaraciones de Cambreleng en el Juzgado número 3 de Telde.

 

La defensa del propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, que se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros, pide la comparecencia de nuevos testigos. Entre ellos, la del presentador de El espejo canario, Francisco Chavanel, porque cuando trabajaba en Canarias Ahora radió en directo las detenciones que se producían, además de que públicamente ha expresado y reconocido cuestiones y aspectos que interesan para la defensa del procesado.

 

El empresario, acusado de efectuar pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edila de Obras Públicas fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento, solicita también la declaración de varios policías presentes en el inicio de las actuaciones. Uno de ellos, alega la defensa, con causa abierta por reconocer que esta investigación se inició por intereses políticos.

 

El Caso Europa, desgajado de la trama Faycán, se centra en las supuestas comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde, entre los años 2003 y 2006, para construir viviendas de protección oficial en el municipio. El caso se juzgará en diez sesiones programadas desde el 17 de enero hasta el 14 de marzo.

 

La Fiscalía Anticorrupción, que lleva Luis del Río, solicita en este procedimiento penal un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el parlamentario del PP, al que imputa dos delitos de tráfico de influencia.

  

 En su calificación provisional de los hechos, el fiscal Anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber actuado de mediador de esa empresa y de haber recibido a cambio en esos años 64.000 euros, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias.

 

De hecho, la Fiscalía sostiene que Jorge Rodríguez era "una pieza fundamental en los ilícitos proyectos" del socio mayoritario del Grupo Europa, el también procesado José Manuel Antón Marín.

 

El Caso Europa es la pieza separada número 38 del caso Faycan, la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al TSJC.

 

El caso estaba listo para ser juzgado hace meses, pero la fecha de la vista oral se retrasó después de que el anterior presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano -hoy jubilado- cometiera un error al designar a los magistrados que iban a componer la Sala.

 

Aunque Castro Feliciano reconoció su equivocación y lo enmendó poco después, Rodríguez se querelló contra él por prevaricación, lo que provocó que el asunto llegara hasta el Tribunal Supremo, que acabó desestimándolas acusaciones del diputado contra el magistrado.

 

El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edila de Obras Públicas fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento.

  

El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.

 

Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.

 

El séptimo acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.

 

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2003 y 2004, Antón Marín se propuso desarrollar su actividad inmobiliaria en Gran Canaria, comenzando en los ayuntamientos, con el objetivo de conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial, y para lograr sus objetivos recurrió al pago de comisiones.

 

Según el fiscal, Antón Marín conoció en esas fechas al diputado Rodríguez, que además era un destacado miembro del PP en Canarias, y acordó con él, a cambio del pago de ciertas cantidades de dinero, que influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por su partido para que contratasen con su sociedad Gestión de Cooperativas Europa, dedicada a la gestión y promoción inmobiliaria.

 

El gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, se enfrenta a una pena de seis años de prisión y una multa de 90.000 euros, por los delitos de prevaricación, cohecho, contra el mercado y a los consumidores y falsedad, mientras que su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad.

 

Al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, el fiscal le imputa los delitos de falsedad y cohecho, por los que pide una pena de ocho años de prisión y una multa de 90.000 euros; y al responsable del departamento de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, los delitos de cohecho, por lo que pide tres años de prisión y multa de 180.000 euros.

 

El fiscal considera a Benítez Cambreleng autor de delitos de cohecho y falsedad, si bien le aplica la atenuante muy cualificada de confesión, por lo que reclama para él una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de una multa de 23.000 euros y otra de 15 euros diarios durante tres meses.

 

Anticorrupción interesa la inhabilitación para empleo o cargo público de los acusados Juan Carlos Saavedra, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, por espacio de nueve años.