Los acusados del Caso Europa, pieza separada del Faycán, se sientan en el banquillo

Telde.- El nuevo Palacio de Justicia de la capital grancanaria acoge desde las 9.50 horas el macrojuicio por el Caso Europa, una pieza separada del Faycan que ha sentado en el banquillo a siete acusados. La Sala de lo Civil y lo Penal será la encargada de juzgar al diputado autonómico Jorge Rodríguez (PP) y al exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, entre otros. El imputado Francisco Benítez Cambreleng no se encuentra en el banquillo, ya que al ejercer el mismo su defensa se siente junto al resto de letrados. TA ofrece imágenes y el desarrollo del juicio del Caso Europa.

 

La defensa del dirigente popular asegura que su cliente siempre ha actuado en beneficio del interés público y nunca para influir en el propio. Sostiene que fue consultado por representantes de Telde dada su calidad de abogado y, además, por estar especializado en la materia urbanística, y que este hecho no puede separarse de su condición de diputado. Por ello pide su libre absolución.

 

También la defensa de José Luis Mena, al que le piden ocho años de prisión, solicita que sea absuelto. Sostiene que no ha ejecutado ninguna acción de repercusión penal ni ha recibido dinero a cambio. Simplemente, explica, ejecutó un expediente conforme a derecho. En el turno de alegaciones de los letrados, pidió que se suspendiera el juicio ya que este asunto y las pruebas derivan de la causa principal de investigación, el Caso Faycan, que todavía no ha sido juzgado. Por eso pide que éste se resuelva primero. Entiende también que se han vulnerado derechos fundamentales porque los pinchazos telefónicos se realizaron con autorización para el Faycan, y no para esta investigación.

 

Por su parte, el responsable del departamento de Patrimonio de Telde, Pedro Pablo Santana, acusado por cohecho y al que solicitan tres años de prisión y multa de 180.000 euros, alega en su defensa que nunca cobró dinero y que este caso es por animadversión del denunciante. Sostiene que sólo se limitó a participar en reuniones en la se habló de la posibilidad de ceder suelo a Urvitel.

 

Por otro lado, el extrabajador del Grupo Europa, Francisco José Benítez Cambreleng, admite la el delito de falsedad y asegura que tuvo conocimiento meses después de que iniciarán los delitos. Solicita que se le rebaje la petición de pena a dos meses de cárcel en lugar de los tres que pide el fiscal.

 

Al inicio del juicio la Fiscalía solicitó presentar dos nuevas pruebas. Entre ellas una pericial con la firma de Mena sobre una propuesta de modificación puntual del suelo; además de las declaraciones de Cambreleng en el Juzgado Número 3 de Telde.

 

La defensa del propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, que se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros, pide la comparecencia de nuevos testigos. Entre ellos, la del presentador de El espejo canario, Francisco Chavanel, porque cuando trabajaba en Canarias Ahora radió en directo las detenciones que se producían, además de que públicamente ha expresado y reconocido cuestiones y aspectos que interesan para la defensa del procesado.

 

El empresario, acusado de efectuar pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edila de Obras Públicas fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento, solicita también la declaración de varios policías presentes en el inicio de las actuaciones. Uno de ellos, alega la defensa, con causa abierta por reconocer que esta investigación se inició por intereses políticos.

  

El Caso Europa, desgajado de la trama Faycán, se centra en las supuestas comisiones ilegales que abonó el Grupo Europa al Ayuntamiento de Telde, entre los años 2003 y 2006, para construir viviendas de protección oficial en el municipio.

 

El caso los juzga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la condición de aforado de uno de los siete implicados -el diputado Rodríguez-, en diez sesiones programadas desde el 17 de enero hasta el 14 de marzo.

 

La Fiscalía Anticorrupción, que lleva Luis del Río, solicita en este procedimiento penal un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros para el parlamentario del PP, al que imputa dos delitos de tráfico de influencia.

  

En su calificación provisional de los hechos, el fiscal Anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber actuado de mediador de esa empresa y de haber recibido a cambio en esos años 64.000 euros, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias.

 

De hecho, la Fiscalía sostiene que Jorge Rodríguez era "una pieza fundamental en los ilícitos proyectos" del socio mayoritario del Grupo Europa, el también procesado José Manuel Antón Marín.

 

El Caso Europa es la pieza separada número 38 del caso Faycan, la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al TSJC.

 

El caso estaba listo para ser juzgado hace meses, pero la fecha de la vista oral se retrasó después de que el anterior presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano -hoy jubilado- cometiera un error al designar a los magistrados que iban a componer la Sala.

 

Aunque Castro Feliciano reconoció su equivocación y lo enmendó poco después, Rodríguez se querelló contra él por prevaricación, lo que provocó que el asunto llegara hasta el Tribunal Supremo, que acabó desestimándolas acusaciones del diputado contra el magistrado.

 

El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edila de Obras Públicas fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento.

 

El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.

 

Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.

 

El séptimo acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.

 

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2003 y 2004, Antón Marín se propuso desarrollar su actividad inmobiliaria en Gran Canaria, comenzando en los ayuntamientos, con el objetivo de conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial, y para lograr sus objetivos recurrió al pago de comisiones.

 

Según el fiscal, Antón Marín conoció en esas fechas al diputado Rodríguez, que además era un destacado miembro del PP en Canarias, y acordó con él, a cambio del pago de ciertas cantidades de dinero, que influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por su partido para que contratasen con su sociedad Gestión de Cooperativas Europa, dedicada a la gestión y promoción inmobiliaria.

 

El gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, se enfrenta a una pena de seis años de prisión y una multa de 90.000 euros, por los delitos de prevaricación, cohecho, contra el mercado y a los consumidores y falsedad, mientras que su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad.

 

Al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, el fiscal le imputa los delitos de falsedad y cohecho, por los que pide una pena de ocho años de prisión y una multa de 90.000 euros; y al responsable del departamento de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, los delitos de cohecho, por lo que pide tres años de prisión y multa de 180.000 euros.

 

El fiscal considera a Benítez Cambreleng autor de delitos de cohecho y falsedad, si bien le aplica la atenuante muy cualificada de confesión, por lo que reclama para él una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de una multa de 23.000 euros y otra de 15 euros diarios durante tres meses.

 

Anticorrupción interesa la inhabilitación para empleo o cargo público de los acusados Juan Carlos Saavedra, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, por espacio de nueve años.