Una Constitución que necesita cambios

Hoy, 6 de diciembre, celebramos el trigésimo octavo (38º) aniversario del referéndum en el que los españoles votamos ratificando la Constitución que nos ha servido como marco máximo legislativo en nuestro país. Fue una Constitución de consenso para superar una etapa de casi cuarenta años de dictadura franquista.

En teoría, esa Constitución debería dar cobertura a los principales problemas de los españoles; en la práctica, los principales artículos sociales son simplemente papel mojado.

Al 1 de enero de 2015, España tenía una población de 46.600.949 habitantes, de los que 4.718.864 son extranjeros y 41.882.085 son españoles.

De esos 41.882.085 son españoles, el 70,76% (29.634.686 de españoles) no pudo votar a favor de la Constitución, bien porque no habían nacido aún (17.873.995 de españoles, bien porque no habían alcanzado la mayoría de edad de 18 años (11.760.691 de españoles).

Una Constitución que se ha quedado vieja y obsoleta para resolver los principales problemas de este país, ni representa al más del 70% que no la votaron, ni representa a los que la votamos favorablemente pero que no se aplica, porque los que han gobernado en este país, no han querido aplicarla.

Por cualquier parte que mire a la Constitución y la compare con la realidad de este país, llego a la conclusión de que sólo enumera intenciones, pero que no se cumplen.

Un primer ejemplo lo encontramos en el artículo 14 C.E., que comienza diciendo que “Los españoles son iguales ante la ley…”. Parece un chiste porque, en la práctica, se ha abierto más el abismo entre la justicia para ricos y la justicia para pobres. No recibe el mismo tratamiento de la justicia Cristina de Borbón o Rodrigo Rato que el que recibe Pepito Pérez. Esa es una realidad que nadie podrá negar.

El artículo 16.3 C.E. comienza diciendo que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo, por ahí anda el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, miembro del Opus Dei (el sector más conservador de la Iglesia Católica), poniendo medallas al mérito policial a imágenes de vírgenes; o recordar como el ínclito Ignacio Wert, exministro de Educación, impuso la asignatura de religión en el sistema educativo español.

Con la Ley Mordaza se ha limitado considerablemente el derecho a “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” consagrado en el artículo 20.1.a) de la C.E.

El artículo 31.1 C.E. dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. En la práctica real, las Grandes Empresas del Ibex35 no pagan más de un 7% de impuestos y las grandes fortunas y patrimonios, sólo pagan un mísero 1% porque tienen escondido su dinero en SICAV’s (Sociedades de inversión de capital variable) o en paraísos fiscales, para no pagar impuestos en España.

Otro chiste es el del artículo 35.1 C.E. que dice que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Puro papel mojado, que se han encargado de empapar el PP y el PSOE.

Lo que dice el artículo 47 C.E. de que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” parece una guasa. Que se lo expliquen al medio millón de familias que perdieron sus viviendas por ejecuciones hipotecarias por quedarse sin trabajo y sin viviendas.

Así podría seguir detallando artículos de la Constitución que no sirven absolutamente para nada.

Más grave aún es el fraccionamiento del país como consecuencia del corsé que es al día de hoy el Título VIII de la Constitución, el que se refiere a la organización territorial del Estado. Pudo servir durante los primeros veinte años de la Constitución, pero si no queremos que España se divida, habrá que trabajar seriamente en reformar esta parte de la Constitución y reconocer la diversidad de países o territorios dentro de una estado federal, como sucede, por ejemplo, en EE.UU. o en Suiza.

Hoy poco hay que celebrar de una Constitución que apuntó muy alto y al final se quedó en menos de la mitad.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.