En España durante años 43 años, concretamente desde el 7 de junio de 1968 (presuntamente fue el primer asesinato) hasta el 20 de octubre año 2011, fecha en la que la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad armada, murieron asesinadas 829 personas (cifra oficial reconocida por el Gobierno) frente a las 858 víctimas mortales de ETA que contabilizan las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Oficialmente la primera víctima de ETA fue asesinada el 7 de junio de 1968 (el guardia civil José Pardínes Arcay) y la última el día 16 de marzo de 2010 (el policía francés Jean Serge Nérin). Por tanto, en 42 años de terrorismo etarra habrían muerto asesinadas 829 personas.
La gravedad del terrorismo en este país tuvo como consecuencia que el terrorismo de ETA (después se sumaron los GRAPO, el terrorismo islamista y el terrorismo de Estado a través del GAL) movilizara a las instituciones y el asunto se convirtió en un asunto de Estado. Era lo correcto.
Consecuencia de lo anterior fue la creación de distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, con mucha capacidad de influencia en la clase política, que reciben subvenciones del Estado y que tienen o tenían capacidad para movilizar a miembros del Gobierno de España y/o de la oposición, y a los partidos políticos que sustentaban a los alternativos gobiernos del PP y del PSOE desde que se instauró la democracia en este país.
También las víctimas del terrorismo han contado con una legislación protectora y asistencial, que contempla ayudas de distinto tipos e indemnizaciones por distintos motivos y causas.
Las últimas normas reguladoras de esa legislación son la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE 23 de septiembre 2011) y del Reglamento aprobado por Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre (BOE 18 se septiembre 2013).
Pero mientras el Estado hizo lo correcto y dio la cara frente al terrorismo armado, incomprensiblemente ha dado la espalda, de forma sistemática al terrorismo machista y doméstico, que proporcionalmente es mucho más grave y ocasiona infinitamente más víctimas mortales que ETA. En el cómputo de las 829 víctimas mortales de ETA entraron todos los fallecidos, sin distinción de edad ni de género.
Desde el año 2003 se publican en el actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en algunos momentos ha tenido otras denominaciones) las estadísticas oficiales de los casos de violencia de género que se conocen en este país. Como víctimas mortales contabilizan sólo a las mujeres asesinadas que fueran parejas o exparejas de sus verdugos. Estas estadísticas ignoran injustamente a los hijos asesinados y otros familiares o personas asesinadas junto con las víctimas, ya sean nuevas parejas o amigos. El último ejemplo lo tenemos en la joven Laura del Hoyo Chamón, de 26 años, asesinada la pasada semana en Cuenca junto con su amiga Marina Okarynska.
Las estadísticas publicadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, discrepan de las que publican otros portales de Internet. Los datos oficiales sólo hablan de 797 víctimas mortales por el terrorismo machista desde enero del año 2013 al 14 de agosto de 2015. Las víctimas reales son muchísimas más. Sólo en este mes de agosto han sido asesinados cuatro niños y la joven Laura, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no contabilizará como víctimas de violencia machista. Estas muertes no existen para las estadísticas oficiales, o lo que es lo mismo, para el Estado.
Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, podemos comparar las medias de víctimas del terrorismo armado de ETA y las víctimas del terrorismo machista (con las limitaciones mencionadas en los datos oficiales). La media de muertes de las víctimas de ETA, en los 42 años que sufrimos su terrorismo, no llega a los 20 asesinados por año (19,73 por año), mientras que el terrorismo machista ha dejado un reguero de mujeres asesinadas con una media anual de casi 64 víctimas mortales (63,76 por año).
El Gobierno de España no responde por iniciativa propia a la masacre pública que estamos presenciando. La sociedad civil y, especialmente, los colectivos de mujeres son las que están alzando la voz para decir ¡¡¡ BASTA YA !!!.
A nivel nacional se está organizando una jornada de movilización que se celebrará el próximo 7 de noviembre. La finalidad fundamental de esa movilización social es forzar que las instituciones públicas den un paso al frente y asuman que el terrorismo machista es un asunto de Estado y se legisle y se pongan los medios necesarios para acabar con esta masacre que afecta especialmente a mujeres y menores.
En este fin de semana se acaban de pronunciar el PSOE y Podemos en ese sentido, exigiendo al Gobierno del PP el reconocimiento de la violencia machista como asunto de Estado. Se hace necesario que el resto de partidos políticos (PP, Ciudadanos, IU, etc.) se comprometan en el mismo sentido y haya un pacto de Estado para afrontar este asunto.
Parece claro que el terrorismo de ETA daba votos y se usó como arma política de unos contra otros. El terrorismo machista no da votos, pero nos avergüenza a todos, especialmente a los hombres.
Ahora es el momento de forzar a todos los partidos a un compromiso, porque estamos a las puertas de las elecciones generales y los partidos políticos, más que por convicción, actúan por intereses electorales. Los ciudadanos lo sabemos y nos toca presionar.
Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.


























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