La prensa libre

Nuestra Constitución recogió la estructura del Estado basado en la clásica separación o división de poderes. La separación o división de los poderes del Estado consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa.

La división de poderes es esencialmente un mecanismo de limitación de las atribuciones de los órganos estatales mediante un sistema de “pesos y contrapesos” en el cual “el poder detiene al poder” e impide los abusos de autoridad. La división de poderes es, ante todo, un sistema de equilibrio de fuerzas: una “balanza de poderes”. La teoría de la división de poderes es el resultado de un plan racional para asegurar los derechos individuales dentro del grupo. Su propósito principal es garantizar la libertad de los ciudadanos frente a la acción del poder público.

La función legislativa formula y establece las normas obligatorias de la convivencia social.

La función ejecutiva desarrolla toda la actividad “concreta” del gobierno, en el sentido de que asume no sólo la conducción administrativa del Estado sino la solución de los problemas reales de la sociedad, para lo cual, actuando subordinadamente al ordenamiento jurídico expedido por el parlamento, imparte órdenes e impone su cumplimiento con el respaldo de la fuerza pública, cuyo manejo le compete.

El principal cometido de la función judicial es impartir justicia en la sociedad.

El sistema de partidos imperante en un Estado suele causar distorsiones en el esquema de la división de poderes y aun anular su funcionamiento.

En buena medida el grado de eficacia que alcanza la separación de las tres funciones depende del juego y la relación de fuerzas entre los partidos.

Así, el sistema de partido único, que ejerce el monopolio de la acción política dentro del Estado, suprime o anula la división de poderes, puesto que los concentra en manos del partido de gobierno. Cosa parecida ocurre, en el sistema multipartidista, cuando uno de los partidos es de tal manera hegemónico que se apodera de los órganos legislativo y ejecutivo y borra de hecho los límites legales que les separan.

Esto último, agravado, es lo que ha venido pasando en España en la presente legislatura.

Fue tanto el poder que los ciudadanos pusieron en manos del PP en las elecciones generales de 2011, que este partido no ha sabido gestionar correctamente respetando los valores democráticos.

Es muy evidente que los partidos políticos que cuentan con mayorías absolutas tan claras, como la que tiene el PP en la legislatura 2011 – 2015 en el Congreso de los Diputados y en el Senado, les ha permitido hacer todas las tropelías que ha querido (un ejemplo: la Ley de Tasas, que han acabando modificando posteriormente).

Ese tremendo poder en las cámaras legislativas (Congreso y Senado), les permitía tener un poder ejecutivo (Gobierno) con las manos libres para hacer y disponer a su antojo.

Todo eso podría suceder también con cualquier otro partido con mayoría absoluta, como fue el caso del PSOE.

La mayor gravedad es cuando, desde ese poder absoluto, se tiende y se consigue, bien “atar en corto” al poder judicial, bien colocar en los puestos claves de la justicia a jueces de su misma “onda política”, con la intención de garantizar sentencias que les sean benignas, si no favorables, tanto en los casos en los que se enjuician planteamientos ideológicos (por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la píldora postcoital), como en los casos relativos a sus fechorías (cuando se enjuicien los graves casos de corrupción política en los que está metido el PP hasta las cejas).

Cuando la línea divisoria de la división de poderes se difumina, como ha pasado en esta legislatura, la democracia se resiente gravemente.

A los ciudadanos nos quedaría acudir al “cuarto poder”: la prensa. Una prensa libre es sinónimo de democracia en un país, así de claro y contundente.

Pero el Gobierno del PP también se ha encargado de “domar” a la prensa en esta legislatura. Casi toda (prensa escrita, radio y televisión) baila al son que le marca el Gobierno de Rajoy. Salvo contadísimas excepciones, tampoco somos un país libre y democrático en ese sentido.

La reciente Ley Mordaza del PP ha venido a conculcar el artículo 20. 1 a) y d) de nuestra Constitución, que establece:

“1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, … d) comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Hay que seguir apostando por una prensa libre, que es el último recurso que nos queda para garantizar la democracia en la medida de lo posible.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.