Hastío de los ciudadanos

No pasa ni un solo día en el que no nos enteremos de uno o más nuevos casos de corrupción. Ya da lo mismo si es del PP, del PSOE o de cualquier otro partido político.

 

Hemos llegado a tal grado de degradación que, como sucede cuando muere asesinada una mujer de manos de su pareja, la noticia se pierde en la página interior de los periódicos que la publiquen, como si fuera algo normal y corriente.

 

Tal vez porque son tantos casos, parece normal y consustancial con la clase política que exista corrupción.

 

Y si una parte importante de la clase política, más concretamente la que detenta poder en alguna administración, se presta a participar en casos de corrupción con la intención de obtener alguna ventaja, sea económica, patrimonial o de cualquier otro tipo, el “efecto llamada” que ejerce frente a otras instituciones del Estado, es más que evidente.

 

Los 715 presuntos defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 del PP y que están siendo investigados por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) por indicios de blanqueo de capitales, de los que el Director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha dicho en el Parlamento que ‘son la repera patatera’, en alusión a la notoriedad de muchos de los encartados (al parecer de la política, la diplomacia y grandes empresas, entidades financieras, deportistas, artistas, y famosos incluso de la comunicación), matizando que muchos de ellos “están expuestos políticamente”, lo que viene a significar, que son cargos públicos y funcionarios relevantes.

 

Ese escenario de corrupción política es el espejo en el que se miran muchos funcionarios que viven de un sueldo público y que acaban cayendo en la mugre de la corrupción. Posiblemente entran en ese juego pensando que si los políticos que mandan en este país lo hacen, porque ellos, que están a las órdenes del poder político, no tienen el mismo derecho a jugar a ser corruptos.

 

Sin ir más lejos esta semana eran detenidos dos tenientes coroneles por presuntamente pedir comisiones a empresas que contratan con el Ministerio de Defensa por “asesorarlas” y garantizar con ello el buen fin de ser contratadas. Me pregunto si los tenientes generales del Ejército no están bien pagados y no gozan de un estatus social importante. Estoy convencido que si y no acabo de entender como ponen en juego sus carreras profesionales movidos por la avaricia de ganar un poco más.

 

Al presidente del PP de Valencia y de la Diputación, Alfonso Rus, lo han trincado con una grabación contando el dinero de una comisión.

 

Pero sin ir más lejos, en esta Ciudad de Telde tenemos un mal ejemplo de lo que debe ser un político. Me refiero a la actual alcaldesa de Telde y candidata del PP para repetir en el mismo cargo, María del Carmen Castellano, la “Sonia Castedo” canaria.

 

Está acusada por el Fiscal Anticorrupción y pronto se sentará en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos: un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito continuado de malversación, un delito continuado de fraude y un delito continuado de blanqueo de capitales. Por esos delitos, el Fiscal pide para ella, además de otras penas, cinco años de prisión y catorce años de inhabilitación.

 

Pero María del Carmen Castellano no escarmienta y la acaban de coger en otro renuncio. La grabaron en una conversación que mantuvo en mayo de 2014 con Joan Perdomo, entonces director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en la que se acredita que estaba informada y avalaba el amaño de las bases de la convocatoria para cubrir la plaza de inspector de la Policía Local por parte del el jefe accidental de la Policía Local, Antonio Mederos, que también se presentó al concurso para cubrir esa plaza con otros tres más, que son los afectados más directos del amaño.

 

Lo que debió hacer María del Carmen Castellano fue paralizar inmediatamente ese concurso y poner en conocimiento de la justicia tal amaño; sin embargo hizo todo lo contrario y este asunto probablemente acabe sumándose a los cargos que ya tiene por el caso Faycán.

El PP tampoco escarmienta y en lugar de buscar a un/a candidato/a limpio/a de toda sospecha de corrupción, pone como cabeza de lista a alguien que en poco tiempo estará sentada en el banquillo de los acusados para rendir cuenta ante la justicia.

 

Por cosas como éstas se hastían los ciudadanos de este país.