Justicia y corrupción política

Existe una tradición no escrita, que se aplica por los miembros de la judicatura, que consiste que en época electoral no se celebren juicios,  actuaciones llamativas o declaraciones judiciales de políticos acusados o imputados por corrupción política. Este privilegio no lo tenemos los ciudadanos de a pie. Los dos grandes partidos de este país, PP y PSOE, son los que se han venido beneficiando de esa prebenda que les conceden los jueces.

Existen multitud de ejemplos que confirman este privilegio de la clase política y en los últimos meses se han llevado a cabo algunos de ellos que han causado extrañeza entre la ciudadanía.

En el número 17 de 27 de enero de 2015 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se publicó el “Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones”. Con ello quedaban convocadas las elecciones andaluzas que se celebraría el domingo 22 de marzo de 2015.

En el mes de abril de 2009 se destapó el caso de los ERE´s de Andalucía cuya instrucción lleva la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla. Hasta ahora son 266 los imputados en este caso de corrupción.

Por estar aforados ante el Tribunal Supremo, por su condición de Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los ex altos de la Junta de Andalucía aunque fueron imputados hace meces, declararán como imputados después de las elecciones andaluzas.

El pasado día 16 de febrero de 2015, el Magistrado del Tribunal Supremo e instructor del caso en esa instancia judicial, Alberto Jorge Barreiro citó para declarar como imputados a José Antonio Viera Chacón (ex Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía) el día 7 de abril; a José Antonio Griñán Martínez (ex Consejero de Economía y Hacienda y ex Presidente de la Junta de Andalucía) el día 9 de abril; Manuel Chaves González (ex Presidente de la Junta de Andalucía) el día 14 de abril; Gaspar Zarrias Arévalo (ex Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía) el día 16, y María del Mar Moreno Ruiz (ex Consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía) para el día 21 de abril.

El por qué del privilegio de retrasar estas declaraciones hay que buscarlo en esa tradición no escrita, que respetan los tribunales penales cuando se tratan de políticos.

El día 22 de marzo se celebraron las citadas elecciones autonómicas en Andalucía. Dos días más tarde, concretamente en el martes día 24 de marzo, la mencionada juez Mercedes Alaya daba otro batacazo al PSOE andaluz ordenando la detención de tras la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidas un total de 16 personas, entre ellas nueve ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo. Se investiga un fraude de unos 2.000 millones de euros en los cursos de formación profesional en Andalucía.

La juez Alaya esperó a que se celebraran las elecciones de Andalucía para ordenar las detenciones y que no la acusaran de interferir en las mismas, como se viene atacando desde el PSOE desde que comenzó a investigar la masiva corrupción de Andalucía.

El pasado día 31 de marzo comenzaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la primera sesión del juicio en la se juzgará la trama del caso Gürtel de la financiación ilegal del PP valenciano. El martes 1 de abril se suspendía el juicio y se aplazaba para reiniciarlo el próximo 11 de junio. Con ello el PP se evita los testimonios de los principales cabecillas de la trama Gürtel en plena campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas.

Tanto el PSOE como el PP salen y saldrán beneficiados de los múltiples casos de corrupción que existen en este país, y donde sus cargos públicos son los principales imputados.

Esta pasada semana se hacían públicos unos datos alarmantes por parte del Ministerio de Interior. Desde el año 2012 hasta la fecha la corrupción política lleva la friolera de 1.600 detenidos y 437 investigaciones. Los que seguimos los casos de corrupción comprobamos que en el noventa por ciento de los casos que cada semana aparecen como nuevos, o son políticos del PP los detenidos, o son políticos del PSOE.

Estos últimos datos son de los últimos tres años, pero hasta diciembre de 2011 ya existían miles de detenidos, imputados, acusados o presos en los más de mil casos de corrupción que llenan los juzgados de este país.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.