Pobreza y corrupción

Con estas dos palabras se puede definir muy bien lo que es la España del 2015. La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), en español, “Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión” o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión, combinando factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo.

 

La “Red Europea de la Lucha contra la Pobreza” (en inglés, European Anti Poverty Network – EAPN) publicaba esta semana un informe en el que hacía constar que un 67% de la población española “no llega a fin de mes” porque es prácticamente imposible que una familia con 4 ó 5 miembros sobreviva con 1000 euros mensuales.

 

Dice el informe que “La totalidad de ese grupo que podrían haber pertenecido a la clase media ha ido a las declaraciones con rentas más bajas, que se han incrementado en el mismo periodo en casi un millón”.

 

Sigue diciendo que “Transcurridos ya más de cuatro años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la Estrategia 2020, el seguimiento del indicador AROPE y sus componentes muestra que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el contrario, han aumentado enormemente. Al respecto, las cifras actuales indican un 27,3% de población AROPE, que supone en términos absolutos unas 12.866.000 personas. Si el objetivo era disminuir en 1,4 millones la población en riesgo de pobreza y/o exclusión, ahora será necesaria una reducción de más de 2,7 millones de personas en los próximos seis años”.

 

Esta cifra AROPE adquiere significado concreto en el análisis de sus componentes. Por una parte, la Privación Material Severa ha aumentado un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que significa, entre otras cosas, más personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas donde se retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, más personas que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada y más personas que no tienen ninguna capacidad para afrontar algún gasto imprevisto. Asimismo, todas ellas forman parte de un conjunto mucho más amplio, cifrado en el 18,6% de la población, que experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Si a esta última cifra se agregan los grupos que experimentan “dificultad” y “cierta dificultad”, se concluye que el 67% de la población asegura tener problemas para llegar a fin de mes”.

 

Y es que la situación española es escalofriante y de emergencia social: “Las personas que están en pobreza severa son aquellas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual al 30% de la mediana de los ingresos de la población. Si la mediana de ingresos de la población es de 13.523 €, entonces están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.057 € al año (339 euros al mes)”.

 

Finalmente, indicar que el paro se ha cebado en los grupos más jóvenes de población. En el cuarto trimestre de 2013 estaban en paro tres de cada cuatro jóvenes de 16 a 19 años, dos de cada cuatro entre 20 y 24 años y uno de cada tres entre 25 y 29 años. En términos generales, el paro mantuvo una tendencia descendente hasta finales de 2007, con tasas del 9% e incluso menos para los hombres. A partir de 2008 comenzó un periodo de crecimiento, muy acelerado hasta el primer trimestre de 2009 –la tasa de paro prácticamente se dobló, del 9 al 17%– y algo menos hasta el primer trimestre de 2013, en que llegó a su máximo con el 27%”. La pregunta que se plantea es, por qué ha seguido creciendo la tasa de población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) durante 2013, cuando las cifras de paro se han reducido algo. Respuesta: las altas cifras de trabajo a tiempo parcial. El problema es que ahora, en España, el sueldo “a tiempo parcial” de los hijos (el que lo tenga), al igual que la pensión del abuelo, se ha convertido en el único ingreso de las familias empobrecidas, ese 67% que no llega a fin de mes.

 

Se preguntan en el informe que “Como aguanta un país con 42 millones de personas pasando calamidades mientras solo 4,7 viven con cierta holgura? Quizás esto explique el ascenso de los nuevos partidos políticos en España: los “muy ricos” son solo el 1% de la población, unas 500.000 personas”.

 

Este es el escenario de la pobreza de este país. Responsables de esta situación son directamente los dos partidos políticos que llevan gobernando este país en los últimos 33 años, el PP y el PSOE.

 

Frente a la situación de empobrecimiento de los ciudadanos de este país, tenemos a la corrupción que ha enfangado todas las instituciones y que está incrustada en los dos principales partidos de este país.

 

No hay semana en la que no se hagan públicos nuevos casos de corrupción. Son tantos que ya hasta pasan desapercibidos para la mayoría de la población.

 

Nos desayunábamos el pasado lunes con la noticia de nueva detenciones en Andalucía, dentro de la “operación Edu”, que alcanzará hasta 90 detenidos en las estafas de los cursos de formación. Allí caen empresarios, funcionarios y políticos, especialmente del PSOE, aunque tampoco el PP se quedó atrás.

 

Acabamos la semana laboral con la petición del la Fiscalía Anticorrupción de casi ocho años de cárcel para la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales, que es la denominación técnica de la financiación ilegal, en las campañas de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los anteriores.

 

Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García. La Fiscalía solicita ahora siete años y nueve meses de cárcel para Rambla, Costa, e Ibáñez, y seis meses de prisión para García.

 

El ministerio público solicita igualmente penas de hasta 27 años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, como autores de los mismos tres delitos electorales (por la campaña de las autonómicas de 2007; las locales de ese mismo año, y las generales de 2008), así como por supuestos delitos fiscales. Anticorrupción reclama castigos algo menos severos para los también miembros de la red Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.

 

Los empresarios a los que la Fiscalía acusa son Antonio Pons y Alejandro Pons (de la empresa Piaf), Enrique Gimeno (Facsa), los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez), Gabriel Alberto Batalla (Lubasa), Enrique Ortiz y su empleado José Francisco Beviá, así como Vicente Cotino (Sedesa), sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino en la pieza separada de Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia.

 

En total, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, decidió procesar a 19 personas, que son o miembros o financiadores ilegales del PP.

 

Acabo como comencé: pobreza y corrupción. Esto es lo que nos ofrecen PP y PSOE.