Sobre títulos, sub-títulos y otras películas del pacto

La alcaldesa de Telde, Dña. María del Carmen Castellanos, cesó de su cargo la pasada semana a dos de sus más estrechos cargos de confianza, D. Joan Perdomo y D. Sebastián Henríquez. Al primero de ellos, su Jefe de Gabinete y más tarde Director general de RRHH del Ayuntamiento, por una supuesta falsificación de la titulación que le habría permitido acceder y detentar esos puestos, cobrar los emolumentos correspondientes y de paso incorporar a su “titulación” la única verdad de su currículum; engañar a los ciudadanos por obra y gracia del PP.

 

El cese del segundo, apenas unas pocas horas después, con nocturnidad y dicen que hasta con “dilación indebida”, tuvo como prefabricado razonamiento que “las funciones encomendadas al mismo por alcaldía” ya estaban en otras manos y que además “se había llegado a un mutuo acuerdo” para facilitar su jubilación.

 

La cuando menos sorpresiva sucesión de ceses, su carácter fulminante, su coincidencia en el tiempo y la ausencia total de explicaciones a quienes, junto con el grupo de gobierno, detentan la representación de los ciudadanos, merecería el aporte de muchas más respuestas que las que la primera edila ha querido ofrecer, previa pose y barnizado, a los medios comunicación.

 

No deja de ser una perfecta caricatura de este gobierno que quien cesa al cesado tenga sobre sus espaldas acusaciones firmes en su contra de un fiscal anticorrupción o que quien ha sido cesado por presunta falsificación de documentos públicos sustituía a quien, multiacusado, ya no es presunto y sin embargo continúa prestando “servicios” en el ayuntamiento. No deja de ser bochornoso que quienes “mantienen la lata” de este desgobierno y por tanto son cómplices por omisión de este conjunto de desatinos, no hayan salido a decir siquiera esta boca es mía. A lo mejor y todo, su silencio, es porque entre sus apretadas filas hay quienes ya fueron actualidad en eso de aparentar y cobrar por lo que no son u otros/as porque ya sólo por el simple hecho de poder seguir en esa “bancada” les es posible digerir cualquier cosa.

 

Nuestra primera regidora, declaraba públicamente y a través de su twitter días atrás que “una alcaldesa no está para estar corroborando la validez de la titulación de nadie”, a lo que cualquier ciudadano/a pudiera interrogarle como respuesta, “¿aunque ese alguien pudiera depender directamente de ella y por su delegación tuviera acceso a informaciones y toma de decisiones que tienen que ver con los designios de una gran ciudad y su primera institución?”.

 

La autoridad judicial pertinente lo tiene más claro y es a ella misma a la que le requiere el expediente correspondiente para determinar la más que probable, pero aún supuesta, comisión de varios delitos. Ojalá nuestra alcaldesa colaborara con igual premura, rigor y extensión en todos los casos habidos y por saber en su gobierno, pero ya sabemos que es marca de la casa (del PP) hacer precisamente lo contrario. Aún está a tiempo alguno de sus concejales/as de no parecerse a aquellos convidados de piedra que nada dijeron saber del Faycán.

 

Precisamente por eso, conscientes de que en España política y justicia están repletas de “dilaciones indebidas”, necesitados como están los vecinos/as de este municipio y de Canarias de que el nombre de Telde empiece a sonar con adjetivos que no nos condenen a la vergüenza permanentemente, sería bueno que el grupo de gobierno y los partidos que lo componen aceptaran la iniciativa de Nueva Canarias de crear una comisión que depure responsabilidades políticas, laborales e individuales en cuantos casos el papel de cargos públicos de este gobierno haya quedado en entredicho y no sólo hablo del referido a Joan Perdomo.

 

Si un cargo de confianza deja de serlo por razones así, quien un día se la delegó debe recuperar la de la ciudadanía dando explicaciones, siendo transparente, depurando todas las responsabilidades, incluso la suya propia. Sería un buen comienzo para empezar a recuperar el buen nombre y la confianza de los ciudadanos/as en esta institución municipal, que una comisión de la verdad municipal clarifique cómo, quienes y hasta donde las actuaciones de determinados cargos públicos de este gobierno pudieran haber estado llevados, consentidos, amparados o simplemente dirigidos por un proceder poco ético, profesional o lesivo para los intereses generales.

 

Ya conocemos que donde debía haber títulos académicos sólo había militancia en el PP, ahora queremos saber qué se esconde tras los “sub-títulos” con que la alcaldesa y el PP han pretendido traducirnos su papelón en este asunto. Faltar a la verdad es un eufemismo con el que restar crudeza al término mentirosos, pero en política puede dar de sí incluso una mayor y doble repercusión tarde o temprano.

 

Ya saben aquello que se dice del que con tiempo avisa. Acepte el reto Sra. Alcaldesa y colabore en la formación de una comisión que depure todas las responsabilidades conocidas y por conocer.