Los pujolones (II)

El viernes 4 de marzo de 2005, hace poco más de nueve años, siendo Presidente de la Generalitat de Cataluña el socialista Pasqual Maragall, se celebraba un debate en el Parlament de Cataluña. El líder de la oposición era Artur Mas, a quien Jordi Pujol había nombrado “Conseller en Cap” («consejero en jefe» en Cataluña), es decir, sucesor de Pujol como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

 

En esas fechas en el Parlament catalán se tramitada la reforma del Estatut de Cataluña, y para que pudiera llevarse a un acuerdo, se necesitaba el apoyo de Convergencia i Unió (CiU), liderado en el Parlament por Artur Mas.

 

Ese día hubo un rifirrafe en el Parlament entre el presidente Pasqual Maragall y el líder de la oposición Artur Mas con motivo de un pleno monográfico dedicado a los desprendimientos del metro en el barrio del Carmelo. En la refriega del debate Pasqual Maragall lanzó en la cara de Artur Mas que "hemos llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento", en una alusión a un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras en la época que gobernó CiU en Cataluña entre 1980 y 2003, con Jordi Pujol de Presidente.

 

Artur Mas aprovechó la necesidad de tener que contar con CiU para la reforma del Estatut y le recordó a Maragall que "no olvide" que, en los próximos meses, entre PSC y CiU "hemos de hacer cosas muy importantes al servicio de este país (...) y para ello es muy necesario que entre ustedes y nosotros siga existiendo un cierto círculo de confianza política, que no es de amistad, de intentar hacer cosas juntos al servicio de nuestro país. Le pediría que no se rompa".

 

Ante la amenaza de romper el consenso para reformar el Estatut, Maragall accedió a "atender la demanda" de Mas, aunque añadió que "lo hago por una sola razón, que interesa mucho al país, y es que Cataluña tiene de ahora en adelante cosas muy importantes que hacer, y espero de usted y de su grupo que estén en condiciones de cumplir su parte de obligación en los meses que vendrán, en los que se jugará el Estatut de Cataluña, la Constitución Española y, en buena medida, nuestro futuro".

 

Ofendido Maragall denunció que CiU "ha roto una regla, que en este Parlament se había respetado siempre, que era el respeto entre diputados y al presidente de la Generalitat, y esto algún día les pasará factura".

 

Esta denuncia en sede parlamentaria del Presidente Pasqual Maragall, sorprendentemente, no se investigó. En esa época presidía el Gobierno de España José María Aznar.

 

La pasada semana el ex Fiscal Jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya jubilado, que concurrió y obtuvo acta como eurodiputado, en la candidatura de Podemos, en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 25 de mayo, manifestó en una entrevista lo siguiente: “Una quinta parte de los consejeros de Jordi Pujol han sido imputados por algún delito. La Fiscalía de Barcelona (en la que era Fiscal Jefe José María Mena) abrió diligencias de investigación de consejeros como Macià Alavedra y muchos otros. Hubo momentos en que se planteó al fiscal general del Estado la presentación de querellas contra consejeros de Jordi Pujol por delitos de "apropiación indebida", "falsedad", "malversación de dinero público"... Los fiscales generales del Estado, en esa etapa nombrados por el PSOE (Gobierno de Felipe González), me prohibieron que iniciara ninguna investigación y paralizaron siempre cualquier investigación que pudiera perjudicar a Convergencia Democrática y, particularmente a Jordi Pujol a través de sus consejeros.

 

Fue una etapa de una profunda y amplia corrupción en el seno de los gobiernos de Jordi Pujol, que representaba la continuidad de lo que había empezado en Banca Catalana. Sin embargo hubo un cierre absoluto de los respectivos fiscales generales, todos al servicio de Jordi Pujol. Ahora, cuando se plantea el tema de la relación Cataluña-España, hay que recordar que en aquellos momentos los gobiernos de Felipe González -también los del PP, pero menos- protegieron a Pujol y a los gobiernos de CiU de todas las actuaciones penales que les pudieran perjudicar. Me resulta indignante que ahora hablen de España como si fuera el gran enemigo cuando durante tantos años haciendo actuaciones ilícitas, fraudulentas y delictivas, han sido protegidos por ese Estado que ahora parece que detestan tanto”.

  

En cuanto a la razón que tenía el Gobierno de Felipe González para proteger a Jordi Pujol, Jiménez Villarejo contestó: “Entre otras razones porque en alguno de estos periodos, Jordi Pujol apoyó al Gobierno de Felipe González, cuando perdió la mayoría absoluta. Y también porque a partir de la querella de Banca Catalana y la negativa de la Audiencia Territorial de Barcelona a procesarlo, Pujol se convirtió en un personaje invulnerable ante la justicia. Había un pacto más expreso que tácito entre el Gobierno del PSOE y luego el del PP que Pujol era intocable”.

 

Si el Gobierno de Felipe González no quiso investigar ni tocar a Jordi Pujol, ni al Gobierno de Cataluña de Convergencia i Unió (CiU), porque les hacía falta para mantener el Gobierno de España con los apoyos de CiU; también hizo lo mismo José María Aznar, cuando era Presidente del Gobierno de España, en el año 2005 cuando Pasqual Maragall hizo público que en el Gobierno de la Generalitat se cobraba un tres por ciento de comisión en la adjudicación de obra pública. Hasta ahora, cuando Jordi Pujol, Artur Mas y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se han sumado a la línea independentista, el Estado miraba para otro lado para no tocar a este sector de los catalanes; y sólo cuando éstos viraron hacia las tesis independentistas, el Estado puso en marcha toda su maquinaria administrativa y judicial.