Justicia bajo sospecha

En un país democrático la justicia debía ser igual para todos, pero en España, desgraciadamente, eso no es así. Si partimos de la base de que con la Ley de Tasas Judiciales, que aprobó el PP, muchísimas personas que no tienen acceso a la justicia gratuita, tampoco cuentan con los medios económicos suficientes para pagar las tasas judiciales y contratar a abogado y procurador que les permita acudir a los juzgados a defender sus intereses, llegamos a la conclusión de que esas personas ven vetado su derecho de acceso a la justicia. Es el primer ejemplo de que existe una justicia para ricos y otra para pobres.

 

Pero hay más ejemplos. No han tenido el mismo tratamiento los fiscales de los casos de Cristina de Borbón ni de Miguel Blesa con esos imputados como sucedería con el resto de los ciudadanos que vivimos en este país.

 

Como ya pudimos ver, en el caso de Cristina de Borbón el Fiscal Anticorrupción de Mallorca, Pedro Horrach, actuó más como un abogado defensor de la Infanta que como un representante de la acusación pública. Sus descalificaciones al juez José Castro, ante los medios de prensa, creo estupor en la en la propia fiscalía, creó alarma social y fue reprendida por todas las asociaciones de jueces y magistrados, incluso por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

 

Miguel Blesa, el amigo íntimo de Aznar, que fue Presidente de Caja Madrid entre los años 1996 y 2009, está imputado por presuntos créditos irregulares al Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, actualmente el prisión, y por la compraventa del City National Bank of Florida, por la que el juez Elpidio José Silva le envió a prisión el 5 de junio de 2013 y la Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad quince días después. Según el juez Silva, este caso estaría relacionado con el caso Gürtel, en el que aparece la mierda que ha manchado al PP.

 

Blesa también está siendo investigado por las preferentes de Caja Madrid, en las que se sienten estafados miles de personas.

Entre los correos electrónicos, como prueba de cargo, que el juez Elpidio José Silva utilizó contra Miguel Blesa, hay algunos en los que se cruza con José María Aznar, exPresidente del Gobierno y del PP, en los que éste le pide que Caja Madrid compre obras del pintor y escultor Gerardo Rueda, amigo de Aznar, por importe de 54 millones de euros. Los tasadores de Caja Madrid establecieron que estaban sobrevaloradas y Blesa no se atrevió a comprarlas. El hijo de Aznar, mediante correos electrónicos, recriminó a Blesa por no comprarlas, echándole en cara que el puesto que ocupaba se lo debía a su padre y qué éste le había hecho muchos favores. En otros correos se sugiere que Blesa había actuado como intermediario entre Aznar y una empresa armamentística para que ésta negociara contratos con Libia, Argelia y Rusia.

 

A petición del Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, se abrieron diligencias penales contra el juez Elpidio José Silva, que instruyó el magistrado Jesús Gavilán a instancias del TSJM. De esas diligencias penales se abrió juicio penal contra el juez Silva, al que acusan de los delitos de prevaricación, detención ilegal y retardo malicioso en la administración de la justicia, pidiendo 30 años de inhabilitación. La acusación particular de Miguel Blesa pide 43 años y la de Gerardo Díaz Ferrán pide 24 años.

 

El juez Silva se querelló contra el instructor de su caso, el Magistrado Jesús Gavilán, por impedirle el acceso en su defensa, en la fase de instrucción, a determinados correos electrónicos. El Tribunal Supremo acaba de rechazar dicha querella bajo el argumento de que se debe proteger la intimidad de terceras personas.

 

La defensa del juez Elpidio José Silva la lleva el brillante abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del exFiscal General del Estado y magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido. Su madre también es magistrada.

 

El juez Elpidio José Silva está suspendido en sus funciones de juez por el Consejo General del Poder Judicial desde el pasado 4 de febrero.

 

La prensa de la caverna no para de intentar vender que el juez Silva está “loco”. Elpidio José Silva no es un cualquiera, pese a quien le pese. Fue el número uno de su promoción de juez, Premio Extraordinario de Licenciatura de Derecho y llevaba veintidós años de ejercicio profesional. Tuvo la mala suerte de tocarle el “caso Blesa”, un “intocable”.

 

Durante la instrucción del caso en su contra, el juez Silva presentó recursos que fueron resueltos, entre otros, con la intervención del Presidente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los magistrados Francisco Javier Viera y Susana Polo. A la hora de conformar el Tribunal que iba a juzgarle, el juez Silva recusó a esos dos magistrados, que aceptaron la recusación.

El juez Silva también recurrió el calendario establecido para la celebración del juicio en su contra, al entender que lo habían establecido magistrados recusados por él (Francisco Javier Viera y Susana Polo) y que habían aceptado tal recusación. Por lo tanto, entiende el juez Silva, ese acto también es nulo.

 

En la época que Aznar gobernaba en España, Caja Madrid estaba mayoritariamente controlada por el PP, incluso con anterioridad.

José María Álvarez de Manzano gobernó para el PP la ciudad de Madrid desde el 15 de mayo de 1991 hasta el día 23 de junio de 2003, siendo sustituido por Alberto Ruiz-Gallardón, actual Ministro de Justicia.

 

En la legislatura 1999 – 2003, con gobierno con mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Madrid, la Tercera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Atención Social, Policía Municipal, Movilidad Urbana y Protección Civil fue María Tardón, a quien se le debe una importante reforma en la Policía Municipal de Madrid.

 

Pero María Tardón, además de Concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, representó al PP en la asamblea de Caja Madrid, que presidía Miguel Blesa, y por la que también cobraba la entonces concejala.

 

El juez Silva es candidato y cabeza de lista de la candidatura del Movimiento RED en las próximas Elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo día 25 de mayo. Si fuera elegido eurodiputado, el Tribunal  Superior de Justicia de Madrid perdería la competencia para juzgarle y tendría que ser el Tribunal Supremo quien lo hiciera.

 

Después de las recusaciones de los magistrados Francisco Javier Viera y Susana Polo, el Tribunal que comenzó a juzgar al juez Elpidio José Silva está formado por los magistrados Arturo Beltrán (presidente), Eduardo Urbina (vocal) y María Tardón (vocal). Al inicio del juicio el pasado lunes, día 21 de abril, la estrategia de la defensa fue la renuncia del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela “por discrepancias con su cliente en la línea de defensa”, que el presidente del Tribunal, Arturo Beltrán, no admitió. Inmediatamente el procesado juez Silva manifestó su renuncia a dicho abogado “por pérdida de confianza en el mismo”, que tampoco aceptó el magistrado Arturo Beltrán.

 

El siguiente paso dado por el juez Silva en su defensa fue recusar al presidente del Tribunal, Arturo Beltrán, “por no aceptarle la renuncia del abogado”; y recusar a la magistrada María Tardón (vocal), por su anterior “vinculación con Caja Madrid”, puesto que representaba al PP en la asamblea cuando la presidía Miguel Blesa, entendiendo que su participación como magistrada vicia de nulidad el juicio contra él.

 

Forzosamente el juicio ha tenido que ser suspendido hasta que la sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid las nuevas recusaciones. Esa sala es la denominada Sala del 77, que estará formada por el presidente del TSJM, el presidente de la Sala de lo Civil y Penal, el presidente de la Sala de lo Social, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el magistrado más antiguo y el magistrado más joven.

 

En caso de que esa Sala del 77 no estime esas recusaciones, especialmente en lo que concierne a la magistrada María Tardón, el juicio que se celebre, cuando llegue al Tribunal de Estrasburgo, acabará siendo declarado nulo, porque no se puede ser juez y parte.

Un buen antecedente de lo que puede suceder con el caso Silva lo tenemos en la sentencia de la Cámara de los Lores (de Gran Bretaña) que anuló en 1998 de la sentencia que no reconoció la inmunidad del general Pinochet, ex Presidente y dictador chileno. La fundamentación para esa anulación fue que la esposa del juez lord Hoffmann era miembro directivo de Amnesty Internacional Charity Limited. Amnesty Internacional había sido parte acusadora para que Augusto Pinochet, detenido en Londres, fuera extraditado a España, requerido por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra ciudadanos españoles durante la dictadura militar presidida por Pinochet.

 

Casualidades de la vida, el juez Baltasar Garzón es el único condenado e inhabilitado por investigar la trama Gürtel, que tiene pringado de mierda al PP; y el juez Elpidio José Silva será condenado e inhabilitado por investigar a Miguel Blesa, amigo de Aznar, y hombre fuerte de Caja Madrid, la caja de ahorros más fuerte de España, que controlaba el PP.