La frustración de los jueces

Los ciudadanos aceptamos la existencia del Estado cuando creemos que todos los poderes públicos actúan sometidos a la ley. Por ley entendemos la Constitución, los Tratados Internacionales y, a partir de ahí, las leyes y demás normas jurídicas que emanan de las distintas instituciones públicas, sean estas nacionales o internacionales.

 

A través de los Tratados Internacionales se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias que tienen su origen en la Constitución. Los Tratados Internacionales, válidamente celebrados y publicados en el BOE, forman parte del ordenamiento interno. Las normas jurídicas que emanan de las instituciones internacionales, a las que pertenece España, forman parte de ese ordenamiento jurídico interno.

 

Los ciudadanos tenemos claro que el partido político que controla el Congreso de los Diputados (sede clave del poder legislativo), en este caso el PP, también elige al Presidente del Gobierno, que a su vez designa a los Ministros y todos juntos forman el Gobierno (poder ejecutivo). Este modelo se reproduce, de acuerdo con sus respectivas competencias, en las Comunidades Autónomas.

 

Que el poder legislativo y el poder ejecutivo van cogidos de la mano es algo aceptado por los ciudadanos. Sin ser lo mismo, la gente de a pie lo llamaría como “el mismo perro con distinto collar”.

 

Hasta ahí todos de acuerdo. El problema surge cuando el poder ejecutivo (Gobierno) da todos los pasos necesarios para controlar al poder judicial (la justicia).

 

Los dos grandes partidos políticos de este país, el PP y el PSOE, siempre han tratado de desplegar una importante influencia en el control del gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial). Pero hasta esta legislatura guardaban las formas, de manera que no ese Poder Judicial mantuviera cierta independencia.

 

En esta legislatura, el PP ha hecho cambios normativos que afectan a la justicia y que le permitirá controlar indirectamente las grandes decisiones judiciales que se produzcan, especialmente en los temas que afectan al propio Partido Popular.

En la medida en que el poder judicial se convierta en un poder político, el control de los otros poderes del Estado se convertirá en una entelequia.

En teoría, en nuestro modelo judicial todos los poderes públicos están sometidos a la ley. Como los jueces no pueden crear normas jurídicas, están sujetos a la actividad del legislador (función legislativa del poder legislativo) e incluso al poder ejecutivo en su función legislativa (reales decretos legislativos, reales decretos, órdenes ministeriales, etc.). En todo caso existe siempre una subordinación del juez a la ley.

El PP, en el bestial poder con el que cuenta en estos momentos, está creando leyes para quitar competencias a los jueces y leyes de muy difícil digestión por parte de los mismos.

 

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, dictó la puesta en libertad de otros ocho narcotraficantes, en cumplimiento de reforma de la ley de justicia universal, que hizo a las prisas y corriendo el PP, que limita la capacidad de investigar y enjuiciar barcos cargados con droga.

 

Una semana antes, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dejó en libertad a ocho narcotraficantes egipcios que habían sido detenidos el pasado 6 de marzo en aguas internacionales cuando transportaban casi 10 toneladas de hachís en un pesquero sin bandera. El magistrado se vio obligado a tomar esa decisión por la entrada en vigor el pasado 15 de marzo de la reforma del PP de la ley de justicia universal. Los narcotráficos internacionales están encantados con la reforma del PP.

 

Ya el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había resuelto que el PP se financiaba de forma ilegal, y que la reforma de la sede central del PP, de la calle Génova de Madrid, se había realizado con dinero negro. Esta misma semana, Luis Bárcenas declaró en sede judicial que el PP manejaba cajas con dinero negro en todas las provincias.

 

Rajoy y los suyos miran para otro lado y se tapan la nariz por el hedor de tanta corrupción. Toman medidas legales para quitarse del medio a los jueces que, en esa profesionalidad e independencia que aún les queda, son capaces de decirle al PP, con resoluciones judiciales, que se han financiado con dinero negro.

 

Los ciudadanos estamos mayoritariamente muy decepcionados con lo que vamos sabiendo de la mierda de corrupción que se ha cultivado dentro de la clase política, especialmente en el PP y de las medidas contra los ciudadanos que han venido tomando desde que tienen el poder.

 

Los jueces también comienzan a mostrar en sus resoluciones la frustración que sienten con estas leyes incomprensibles, que elabora y aprueba el PP, que permiten a los delincuentes campar a sus anchas y que atan las manos a los jueces, que nada pueden hacer para evitarlo.