Justicia dócil y a la carta

Esta legislatura, con el PP en el Gobierno y Alberto Ruiz-Gallardón como Ministro de Justicia, dejará un panorama en la justicia que la hará irreconocible. Estoy convencido que todos los cambios han sido perfectamente diseñados y planificados y que responden a una derechización del Estado.

 

La estrategia del PP, que controla el poder ejecutivo y legislativo, pasa por tener bajo su control al poder judicial, con lo que la división de poderes, base de una democracia, desaparecerá en esta legislatura.

 

El Gobierno de los Jueces está residenciado en el Consejo General de Poder Judicial. El Ministro de Justicia propició la aprobación de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de Reforma del Consejo General del Poder Judicial. Con esa reforma, el Ministro de Justicia “pretende militarizar la judicatura” y ha tardado muy poco en demostrarlo. Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional no son del agrado del PP y la fórmula que han “inventado” es quitarle las competencias de instrucción de los casos que le lleguen a los jueces de guardia y que esas instrucciones, especialmente de los casos que molestan al PP, sean realizadas por tres jueces en lugar de uno como hasta ahora.

 

Antes de esta nueva decisión contra la Audiencia Nacional, el PP se cargó la conocida como justicia universal, porque con su la reforma se limita a los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura.

 

España ratificó en 1952 el “IV Convenio de Ginebra sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra”. Ese Convenio obligaba a España a investigar y enjuiciar delitos de de genocidio en Guatemala o el Tíbet, pasando por crímenes de guerra en Gaza y torturas en Guantánamo, hasta el asesinato de José Couso. La reforma que hizo el PP fue para dar un carpetazo a esos asuntos que ya investigaba la Audiencia Nacional, con la orden de cerrarlos y dejar dichos delitos impunes.

 

La intención del Gobierno del PP es controlar las investigaciones que tantos les afecta por corrupción (por ejemplo, caso Gürtel, caso Bárcenas, etc.) y apuesta "por un nuevo sistema muy jerarquizado" y por una "estructura piramidal" susceptible de "las interferencias del poder político en la independencia judicial".

 

Con las reformas hechas por Gallardón, el sector afín al PP controlará el núcleo de poder del Poder Judicial. Carlos Lemes, que preside el CGPJ y también el Tribunal Supremo, es afín al PP.

 

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militancia en el PP, una afiliación que mantuvo cuando ya era magistrado. En dicho Tribunal, donde se dilucidan, por ejemplo, los recursos presentados por el PP cuando estaba en la oposición (por ejemplo, recurso del PP contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ley de plazos aprobada por el PSOE) la debe resolver un Tribunal Constitucional con mayoría afín a los populares.

 

La reforma del PP elimina a los Jueces Decanos, que son sustituidos por la figura del Presidente del Tribunal de Instancia, que será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (que controla el PP), con lo que se producirá vinculaciones con el poder político, porque será designados a la medida del PP, y con ello garantizarán que para determinados asuntos sean asignados a “jueces concretos y determinados”, sobre todo cuando se trate de cuestiones que puedan generar incomodidades en el ámbito político del PP. En la mayoría de los casos de corrupción política que se conocen en España está implicado alguien del PP.

 

También la reforma del PP pretende convertir en vinculante determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo y con ello tratan de evitar que la jurisprudencia pueda evolucionar en función de la realidad social de cada momento.

 

De igual modo el PP pretende prohibir opinar a jueces y asociaciones judiciales. La “Ley Mordaza” del PP la extiende también a los jueces. No quiere crítica alguna. La llamada “Ley Mordaza” del PP trata de criminalizar determinadas formas de disidencia pacífica de los ciudadanos, limitando las libertades públicas en un momento de conflictividad social. Ante la falta de credibilidad y convencimiento del Gobierno y del PP para convencer a los ciudadanos, con argumentos, de que sus medidas son acertadas, el Gobierno quiere utilizar el Código Penal para reprimir determinadas formas de protesta.

 

La privatización de los Registros Civiles, que pasarán a manos, como un regalo, a los Colegios de Registradores y que nos obligarán a pagar unas tasas por un servicio que era público, es otra cacicada del Gallardón y del PP.

 

Con la Ley de Tasas el Gobierno consiguió que muchos ciudadanos, por falta de medios económicos, hayan renunciado a defender sus legítimos intereses ante los juzgados. Nunca ha sido tan clara la diferencia en España de justicia para ricos y justicia para pobres. Con el PP gobernando esta diferenciación es aún mucho más clara.

 

Un ejemplo del funcionamiento de la justicia para ricos lo tenemos en el caso de Esperanza Aguirre en Madrid hace unos días. Lo que hizo ella de atropellar la moto, darse a la fuga y desobedecer las órdenes de la Policía Municipal de que se detuviera habría costado una detención a cualquier ciudadano de a pie. Ella se lo ha tomado a mofa y pasó el día siguiente concediendo entrevistas en emisoras de radio y cadenas de televisión mintiendo como una bellaca.

 

Esta es la justicia a la carta que nos dejará el PP.