Prioridad para el Estado de Derecho (2)

Tan como se comentaba en la primera parte de este artículo, los políticos canarios han comenzado de nuevo a hablar de la reforma de la Ley Electoral. Pero eso, a mi entender, es totalmente secundario frente al gran problema que sufre la democracia española, aquejada de una crónica corrupción, y que no es otro que el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

 

Es evidente que en todos los países del mundo, dejando a un lado dictaduras comunistas y totalitarismos varios, hay personas que se corrompen y políticos que se dejan corromper. Está en la naturaleza humana. Pero la gran diferencia con España radica en que en esos otros lugares, el derecho y la Administración de Justicia actúan de forma rápida, contundente y ejemplarizante. Aunque también sucede a veces que algún tribunal se descuelga con sentencias infumables, por mucho “item mas” o “considerando menos” con que se quiera tergiversar lo obvio. No es de recibo que se disculpe al agresor o delincuente para que se pueda ir de rositas mientras la víctima queda maltrecha o arruinada, aunque el aparato judicial le de una palmadita en la espalda.

 

Mucha gente suele considerar que hay corrupción únicamente cuando un político, sólo o en connivencia con su partido o partida, se lleva dinero de la caja común. Pero la mayor parte de los políticos, cuando se defienden de la percepción y acusación popular de que “todos son iguales”, olvidan que también se peca por omisión al permitir que compañeros de partido se enriquezcan ilícitamente sin denunciarlos. Ni tampoco lo persigue de oficio la fiscalía sin mediar denuncia.

 

Pero también hay otra forma más sutil de corrupción cuando algún político utiliza la pésima Administración de Justicia para lesionar derechos de los administrados. Un ejemplo de tal comportamiento escandaloso, por la impunidad y el cinismo con que se dijo, está en el ABC del día 12. Rafael Catalá, número dos del Ministerio de Fomento, al ser preguntado por los problemas de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, viene a decir que o se avienen los concesionarios a sus deseos por las buenas, o pueden encontrarse “con un escenario más complejo de gestión” marcado por los pleitos. En otras palabras, que el propio Gobierno amenaza con que podrá presionar a los concesionarios abusando de los obsoletos procedimientos judiciales, alargando en el tiempo los pleitos... ¡Muy edificante, sí señor, lo dice un secretario de Estado!

 

Y esa herramienta política dilatoria con la que se amenaza en este caso, es moneda común en casi cualquier pleito contra la administración pública o entre particulares. Los tiempos se miden en años, a veces en décadas, y si alguna de las partes es persona influyente, tras una larga espera pudiera encontrarse con que le obsequien con la mayor ofensa que una víctima puede encontrarse frente a la Justicia: la prescripción y a tí te encontré en la calle. Doloroso e injusto, por mucha palabrería de leguleyo que se utilice para ocultar la obvia realidad de que la justicia no es igual para todo el mundo. Es que todos somos iguales ante la ley, dicen algunos ingenuos, pero hay unos más iguales que otros, como atinadamente escribió George Orwell en su libro “Rebelión en la granja”. “Quien tiene padrino, no muere pagano”, sentencia también la experiencia en un aforismo popular.

 

En Canarias también hay ejemplos para dar y tomar. El último, buscar un vericueto que permita mantener la perreta gubernamental con respecto al liberticidio turístico. El TC dirá lo que quiera, pero aquí se hará lo que predicaba el Conde de Romanones: “hagan ustedes las leyes y déjenme hacer los reglamentos”. Y estos políticos de por aquí, anuncian sin rubor que lo harán con dilaciones administrativas y decretos dictados contra quienes queriendo ejercer su legítimo derecho vulnerado, vean que sólo podrán recuperarlo sus nietos. Si esto es un Estado de Derecho y no se parece más a una república bananera, ¡que baje Achamán y lo vea!