Los intocables: políticos en la trinchera

En estos momentos la marca España puede presumir de tener la democracia con más aforados de occidente y lamentablemente, a falta de controles efectivos sobre el gasto público, la sombra de la corrupción se ha extendido por municipios y comunidades autónomas, instituciones y administraciones públicas a todos los niveles, todo ello gracias a muchos “trileros” que han hecho de la política un medio de lucro consiguiendo que estemos a la cabeza de los países más corruptos de Europa.

 

Con la excusa de la crisis, se han multiplicado las malas prácticas. Mucha parte de culpa la tiene la falta de control de la financiación de los partidos políticos – el yo te apoyo hoy, tú me ayudas mañana-.

 

En tanto en cuanto no se rindan cuentas adecuadamente fiscalizando la gestión, no se podrá controlar el expolio. Mientras observamos cómo países como Francia blinda solo a su presidente y ministros, Italia y Portugal a sus Jefes de Estado y en otros como Alemania, Estados Unidos de América y Gran Bretaña esta prebenda no existe. España, por su parte, con 10.000, obtiene el mayor número de aforados de este planeta tierra. Son unos ciudadanos con una protección jurídica especial, lo cual se contradice con el artículo 14 de nuestra Constitución donde se proclama que “los españoles somos iguales ante la Ley”.

 

Si queremos un país moderno y plenamente respetuoso con el principio de igualdad y el derecho al libre acceso a los Tribunales de Justicia, el aforamiento debería desaparecer, pero no podrá producirse esto mientras los que tienen que aprobar la ley que suprima los aforamientos sean los mejor aforados a día de hoy. Así que difícilmente veremos desaparecer este privilegio, ya que los que tienen que cambiar la Ley – los diputados- son los máximos beneficiados por ella.

 

Los delitos de los aforados no los investiga un juez cualquiera, los investiga un tribunal de alto rango,“El Supremo,”en el caso de que se trate de cargos nacionales y los Tribunales Superiores de Justicia, en los casos de cargos autonómicos. En su origen el aforamiento pretendía proteger a los cargos públicos de querellas maliciosas, pero con un Poder Judicial esta precaución es superflua. La raíz del problema estriba en que los partidos políticos son los que eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que nombran los jueces del Supremo que son, a su vez, los que se encargan de saldar las cuentas con los cargos públicos. Así, de esta manera, nuestra querida clase política nombra a los magistrados que van a juzgar sus delitos.

 

A pesar de iniciativas como la de UPyD pidiendo que se anule este blindaje, solo consiguieron que fuese respaldada por 19 votos a favor. El aforamiento es un incentivo a la corrupción porque simple y llanamente facilita la impunidad de los políticos que delinquen.

La situación de este país es una vergüenza a nivel internacional. Los aforados están recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, como bien sabemos, son los miembros del Gobierno de la Nación y de los máximos órganos judiciales, senadores y diputados, además de los reconocidos por los estatutos de autonomía donde básicamente se incluyen los miembros de sus gobiernos y sus parlamentarios. Las cifras lo demuestran, ya que la legislación ha atribuido a los diferentes estatutos de autonomía la capacidad de poder extender a los cargos de sus instituciones esta protección.

 

Lo más triste es que no podamos hacer nada. El partido los ampara y el partido se ocupa de que las cosas sigan de este modo. Ellos no tienen que estar a bien con el ciudadano sino con el partido, que es quien los pone y, con que voten unos cuantos, es suficiente para seguir con el sistema. La injusta Ley Electoral y la Ley de Partidos es lo primero que hay que cambiar, pero de manera urgente. Cuando los políticos se deban a los ciudadanos y tengan que ganarse su voto, a lo mejor empiezan a cambiar su actitud.