No tenemos ni idea, pobres ignorantes

La Constitución Española, en su artículo 124, dentro del Título VI, referido al Poder Judicial, dice lo siguiente:

1-“El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

 

2- “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.”...

 

Hasta aquí, todo bien. Es el también conocido como Ministerio Público, el encargado de velar por los ciudadanos y el bien general. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, muchos ciudadanos de a pié nos sentimos confundidos con algunas de sus actuaciones a tal punto de no quedarnos clara la diferencia entre la fiscalía y la abogacía…

 

Quizás sea problema nuestro: tal vez nuestra costumbre de ver por la “tele” tantas series judiciales americanas (con esos juicios tan poco solemnes y tan diferentes a los que se suceden en España), donde las funciones entre el abogado y el fiscal están tan claramente definidas sea lo que nos lleve a engaño. Quizás…

 

O quizás también sea que como no somos duchos en esos temas, nos cuesta comprender la línea que separa la actuación de la fiscalía (esa defensa de la legalidad, el interés público, la independencia y todo eso) de la actuación de la parte defensora del acusado, sobre todo en tantos casos en la actualidad. Cuesta entender, por ejemplo, la oposición de la fiscalía a la extradición de presuntos torturadores durante la dictadura, o a que todo un Ministro de Justicia (siendo la persona que debiera dar ejemplo en primer lugar) declare como testigo en un caso de corrupción, o a incorporar los correos ya famosos de Miguel Blesa en la investigación de las preferentes…

 

Como cuesta mucho digerir cuando la fiscalía pide suspender de funciones a jueces muy concretos que aparentemente estaban haciendo su trabajo de la forma que a los ciudadanos de a pié nos parecía la correcta. Pero claro, no tenemos ni idea de esos temas tan complicados y creemos que todo es tan simple como nos parece a nosotros.

 

A lo mejor sería buena idea pedirle al Gobierno Español que nos lo explique, a ver si así nosotros, pobres ignorantes, llegamos a comprenderlo…