Turcón exige al Gobierno regional que retire el anteproyecto de Ley de inversiones estratégicas

Telde.- Turcón – Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias, acompañado de lista de evaluación, del Gobierno de Canarias. El anuncio del Ejecutivo fue publicado el pasado 9 de mayo en el Boletín Oficial de Canarias por que se sometía a información. El colectivo solicita su retirada "porque el Gobierno confunde el interés general con los proyectos estratégicos”.

 

Para los ecologistas “la mala gestión de su Gobierno lleva en muchas ocasiones a retrasos y alargamiento de los plazos y procedimientos, que ahora se quieren acortar. Con los proyectos de leyes presentados por el Gobierno de Canarias no simplifican en absoluto el actual marco normativo canario. Todo lo contrario, a la entrada en vigor de ambas normas, existirán ocho leyes para regular dos materias: turismo y ordenación territorial y urbanística”.

 

En su alegación, Turcón declara que “la incompetencia y la mala gestión de nuestros recursos naturales vienen dada por la cantidad de sentencias condenatorias que llegan al gabinete jurídico de Canarias; gestiones, aprobaciones y malas prácticas de las distintas administraciones canarias. Así, existen ejemplos, del retraso acumulado en la aprobación de determinados planes municipales por falta de agilización en los trámites. Cuestión bien distintas (la agilización) en lugar de simplificar y cambiar las normas (que supuestamente son un obstáculo en este Gobierno) para favorecer los “proyectos” estratégicos (que no de interés general)”.

 

El colectivo manifiesta su oposición a este anteproyecto “que solo busca puentear y sortear tramites básicos y normas que se han aprobado y desarrollado con la unanimidad del Parlamento de Canarias (año 2003) cuando se aprobó la Moratoria turística y urbanística”.

 

En otro punto de su alegación, los ecologistas indican que “la participación ciudadana y el derecho de los canarios a participar de la cosa pública también ha sido largamente legislado, incluso con la trasposición de Directivas Europeas, que indican (y obligan) a cumplir con la exigencia de participación ciudadana, transparencia y complicidad con la población en general, no solo con un determinado grupo de personas”.

 

Entienden que acortar los plazos de los procedimientos va coartando la posibilidad de información, conocimiento y presentación de alegaciones en esos proyectos estratégicos que, según el Gobierno “van a salvar a Canarias”.

 

La pregunta que se hace Turcón es si el Gobierno de España hubiese regulado una “simplificación y recorte de plazos” en la tramitación del expediente de las perforaciones petrolíferas en los mares de Canarias, ¿cómo hubiesen reaccionado ustedes?”, en referencia al gabinete de Paulino Rivero.

 

El colectivo asegura que en muchas ocasiones la agilización que se da a los proyectos va en detrimento de la seguridad jurídica del expediente, de los valores naturales y patrimoniales, o en la misma seguridad de la población, como el caso actual del Levante español con el proyecto de almacenamiento de gas, denunciado ahora por la Fiscalía cuando lo había hecho con anterioridad la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ante la Comisión Europea por la vulneración de la legislación comunitaria que en su opinión estaba cometiendo la empresa ejecutora del proyecto Castor para evadir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.