TELDEACTUALIDAD
Telde. Hasta 12 canteras activas de la Isla quedarán fuera de ordenación cuando entre en vigor el plan de ordenación de la actividad extractiva y los vertidos que el Cabildo aprobará provisionalmente a finales de enero. En Telde, las dos explotaciones de extracción de picón existentes en La Umbría y Cortijo del Tío Isidro se incluyen en esta figura, si bien seguirá habiendo dos piconeras en este municipio (Las Breñas y Los Montes de Rosiana).
Algunas de las canteras de la Isla activas y autorizadas en espacios naturales protegidos y en suelos no aptos para esta actividad en el Plan Insular de Ordenación (PIO) entrarán en un limbo legal cuando entre en vigor el plan territorial especial que el Cabildo está a punto de aprobar provisionalmente para ordenar la actividad extractiva y los vertidos de inertes. No verán renovadas sus licencias, pero podrán continuar con la explotación hasta que expire su autorización.
El documento que votará el pleno del Cabildo de finales de enero deja fuera de ordenación las tres canteras activas de La Aldea de San Nicolás, las tres de grava. Se trata de las explotaciones de Surhisa, Navarro y El Ribanzo. También entrarán en ese régimen las graveras Ramos Gil y Machacadora Domínguez, ambas en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde sí se mantiene la cantera de grava Tabaibal Canario.
La ordenación propuesta sitúa en ese limbo a la cantera de fonolita Charco de San Francisco, en Agaete, y de ese mismo recurso minero a las explotaciones activas de El Cortijo (Las Palmas de Gran Canaria), Tierras Blancas (Valleseco) y, en el Sur, la de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), según Canarias 7.
Se descarta la creación de dos canteras submarinas
Aunque el documento inicial pretendía crear dos canteras submarinas para la extracción de arena destinada a la regeneración de playas, una en la costa de Telde, a la altura de La Garita, y otra en la de San Bartolomé de Tirajana, en el litoral de Pasito Blanco, el plan territorial aprobado provisionalmente descarta ambas explotaciones por invadir competencias del Estado, en concreto de Costas. Desaparecen del documento visto por el Consejo de Gobierno Insular.
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