Alumnos y profesores del IES La Rocha celebran una clase en la calle en contra de los recortes en Educación

Telde.- Alumnos y profesores del IES La Rocha celebrarán este miércoles una clase en la calle por la calidad educativa y contra los recortes en la enseñanza pública. La manifestación partirá desde el instituto sobre las 11.15 horas con el alumnado autorizado, el profesorado voluntario y todos los padres y madres que quieran acompañarles. La intención es ir caminando desde el centro hasta la plaza de San Gregorio con camisetas verdes alusivas y portando pancartas.

 

Al llegar a San Gregorio se distribuirán por grupos para dar una pequeña clase de alguna de las materias que se imparten en el centro y luego se reunirían todos, incluidos los padres y madres, para la lectura de un Manifiesto. Posteriormente regresarían a las instalaciones educativas para dar en ellas toda o parte de la última hora de la mañana.

 

Los organizadores sostienen que debido a que esta actividad extraescolar implica desplazarse por algunas de las calles del municipio, se le ha comunicado su convocatoria tanto a la Delegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Telde con la suficiente antelación marcada por la Ley.

 

Por otro lado, el alumnado participante será el autorizado por sus padres, madres o tutores legales. En el caso de ser mayor de edad, también firmará la autorización y se procurará que sus padres estén avisados. El resto del alumnado permanecerá en el instituto a cargo del profesorado no participante o, si hiciera falta, el que se presente voluntario o se le asigne dicha función por el equipo directivo.

 

Justifican esta iniciativa porque la crisis está situando a la Educación, como el resto de servicios públicos, en una situación muy complicada. La enseñanza pública es víctima de multimillonarios recortes presupuestarios, con todas las implicaciones que esto conlleva para estudiantes, profesorado, y para la sociedad en general, sostienen.

 

En las Islas, en abril del pasado 2012, el propio consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad y vicepresidente del ejecutivo regional, José Miguel Pérez, reconocía que "el sistema escolar de Canarias sufriría un recorte de unos 300 millones de euros", a los que había que sumar otros 150, correspondientes a la parte alícuota de la última reducción de 1.000 millones efectuada por el Gobierno central, recuerdan los convocantes.

 

Pese a la insistencia del consejero en que tales "ajustes" no tendrían incidencia en la calidad de la Educación impartida en los centros del Archipiélago, las organizaciones sindicales y los profesionales de la enseñanza también han venido exponiendo públicamente cuáles son algunas de las consecuencias reales de los mismos. Junto al aumento de la ratio profesor/alumno - impuesto como elemento de "racionalización" por el ministro Wert-, en los últimos cursos han ido desapareciendo - o reduciéndose de manera significativa - servicios de apoyo a alumnos con necesidades especiales, refuerzos educativos, etcétera.

 

En este mismo sentido, el Consejo Escolar de Canarias alertaba de que los colegios e institutos de enseñanza pública de Canaria han perdido 1.618 profesores desde el curso 2008-2009, cuando comenzó la crisis, un 6,96 % de su plantilla, a pesar de que los alumnos matriculados en ellos han crecido de forma ininterrumpida desde el 2005-2006; en concreto, tenemos 11.184 alumnos más que hace cinco cursos (un 4,28 %), cuando empezaron a recortarse las plantillas, y 16.871 más que en el curso 2005-2006 (un 6,60 %). Así pues, estamos hablando de que el porcentaje del profesorado que han mandado al paro es prácticamente el mismo que el porcentaje de alumnado añadido en las aulas: a más alumnado, (mucho) menos profesorado.

 

En definitiva, Canarias necesitaría contratar a 2.022 docentes más que los que había al término del curso 2012-2013 para tener la misma ratio de alumnos por profesor que la media del Estado (11,51 alumnos por profesor, cuando el archipiélago cuenta ahora con una tasa de 12,59). En cambio, si Canarias quisiera tener las ratios de las comunidades mejor dotadas en recursos humanos en la escuela pública, como Asturias o el País Vasco, debería contratar a 8.000 profesores más y, si aspirara por lo menos a igualarse a Murcia, que ocupa una posición media, debería incorporar a sus colegios e institutos a 3.156 docentes más.

 

Todo esto se puede comprobar, aseguran, en su instituto, pues en los últimos 5 años el alumnado ha aumentado en más de 80 nuevas plazas, mientras las condiciones para la docencia empeoran: hay muchos grupos desbordados; faltan aulas (hay que hacer “virguerías” para dar las clases, para encontrar espacios para intentar atender a la diversidad); menos profesorado, con varios compañeros o compañeras compartiendo centro, faltan medios materiales; incluso hen tenido que estar varias semanas con una sola subalterna hasta que, gracias a que insistieron en su reclamación, asignaron de nuevo una segunda.

 

“A lo terrible de toda esta situación hay que añadir que llevamos décadas sufriendo la falta de acuerdo entre los partidos (PP y PSOE) que han gobernado el Estado, con sucesivos cambios legislativos que padece toda la comunidad escolar y han propiciado el estancamiento y deterioro de la educación pública. Ahora, el actual gobierno español pretende imponer, sin el consenso de los sectores educativos (profesores, padres, alumnos…) ni del resto de las fuerzas políticas, una nueva ley educativa (la LOMCE) que ha sido criticada por las principales asociaciones representativas de los mismos, entre otras razones, porque no fomenta la comprensividad y el espíritu crítico, sino que se orienta a la competitividad por encima de todo, o permite que se apoye desde el Estado a centros educativos que aplican las discriminación por sexo. Y, sobre todo, porque con una nueva reforma (o contrarreforma) no consensuada, sin la financiación suficiente que requiere la educación pública y sin que haya un cambio profundo que implique darle una verdadera oportunidad de progresar a la ciudadanía menos favorecida económicamente, atajando de forma real el fracaso escolar desde temprana edad, cualquier cambio legislativo se convertirá en una excusa más para decir que se preocupan por la situación, mientras nuestra enseñanza pública se hunde y, en cambio, sí se mantienen las oportunidades educativos para los que más tienen”, afirman los organizadores de esta actividad.